La OEA, el Panel de Personas Expertas Independientes en Guatemala y las autoridades indígenas Maya y Xinka se pronunciaron por la toma de posesión de Gabriel García Luna y recordaron que es una oportunidad para recuperar el Ministerio Público y detener el uso indebido del derecho penal para perseguir a voces críticas.
Por Alexander Valdéz
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala emitió un comunicado en el que reconoció la toma de posesión de Gabriel García Luna como fiscal general del Ministerio Público (MP).
La misión, que acompañó este proceso, destacó que el relevo se concretó en la fecha prevista y señaló que se inicia una etapa clave para fortalecer la independencia institucional, la legalidad constitucional y la confianza ciudadana.
La OEA indicó que las primeras decisiones de la nueva administración serán determinantes para marcar el rumbo del MP. Entre los retos que menciona está garantizar una transición interna ordenada, proteger la carrera fiscal, fortalecer técnicamente las investigaciones y asegurar que la persecución penal se ejerza con objetividad, sin presiones indebidas ni sesgos políticos.
“La Misión subraya que uno de los principales desafíos de la nueva gestión será atender, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso, las preocupaciones expresadas por distintos sectores nacionales e internacionales sobre el uso indebido del sistema penal para criminalizar a ciertos actores y garantizar la impunidad de otros. La respuesta institucional efectiva a esos casos y situaciones estructurales será una señal importante sobre el rumbo del Ministerio Público y su compromiso con los derechos humanos”, indicó.
Por aparte, advirtió que uno de los principales desafíos de la nueva gestión será responder, conforme al debido proceso, a las preocupaciones nacionales e internacionales sobre el uso indebido del sistema penal para criminalizar a ciertos actores y garantizar impunidad a otros.
Además, hizo un llamado a los sectores políticos, sociales y económicos a abstenerse de interferencias o represalias que puedan afectar la autonomía del MP y aseguró que continuará dando seguimiento al proceso como parte de su mandato de acompañamiento técnico y fortalecimiento democrático en nuestro país.
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Grupo de Personas Expertas
El Panel de Personas Expertas Independientes en Guatemala (PEI-GT) también reaccionó al cambio de autoridad en el MP. En un comunicado, señaló que este proceso representa un momento importante para la institucionalidad democrática del país, luego de años marcados por cuestionamientos nacionales e internacionales sobre el debilitamiento de la independencia judicial y el uso del sistema de justicia para criminalizar a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas.
El PEI-GT consideró fundamental que esta nueva etapa permita recuperar la confianza ciudadana en el Ministerio Público, mediante investigaciones objetivas e imparciales y el respeto al Estado de derecho. Además, destacó la importancia de combatir la corrupción y la impunidad, cesar las prácticas de persecución selectiva y garantizar acceso a la justicia para sectores históricamente excluidos, como los pueblos indígenas y las mujeres.
Foto del comunicado
Autoridades indígenas se pronuncian
Las autoridades indígenas de los pueblos mayas y xinka se pronunciaron tras la toma de posesión de García Luna, señalando que enfrenta el reto de recuperar la institucionalidad y la confianza ciudadana en la institución. En el comunicado, consideraron que esta transición representa una oportunidad para restablecer la objetividad, imparcialidad e independencia del ente investigador, así como fortalecer el Estado de derecho y el respeto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Las autoridades también exigieron una revisión inmediata de la política de persecución penal impulsada durante la gestión de Consuelo Porras, así como de los casos de criminalización contra autoridades indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales anticorrupción. Además, pidieron una depuración de fiscales y operadores señalados de favorecer la impunidad y solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) respetar la transición en el Ministerio Público (MP) y rechazar acciones que busquen mantener la cooptación de la institución.
“Exigimos la pronta revisión de los casos de criminalización de autoridades indígenas por el hecho de haber defendido la democracia en el año 2023; periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que investigaban la corrupción, el crimen organizado, el tráfico de influencia de los integrantes del pacto de corruptos del cual ella es parte”, remarcaron.
