Los dirigentes indígenas fueron detenidos el 23 de abril de 2025, han pasado 10 meses sin que un juez natural conozca su proceso en la etapa intermedia. En este caso también están criminalizados Esteban Toc, quien fue autoridad indígena de Sololá detenido en agosto de 2025 y Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones, detenido en enero de este año.
Por Simón Antonio Ramón
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán fueron declarados presos de conciencia por la organización Amnistía Internacional, que tras un análisis de su expediente judicial determinó que los dirigentes están siendo detenidos indebidamente por la defensa del derecho a la protesta pacífica.
La designación de preso de conciencia a los dirigentes indígenas se dio a conocer en una conferencia de prensa con presencia de las esposas de Pacheco y Chaclán, Lidia Tzunún y Rosario Pérez y representantes de organizaciones en la ciudad de Guatemala el miércoles 6 de mayo.
Pacheco, expresidente y Chaclán, extesorero de los 48 Cantones, son criminalizados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) por haber encabezado el paro nacional por la defensa de la democracia en 2023, cuando el Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras buscó por todos los medios que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera no tomaran posesión el 14 de enero de 2024.
La designación que hace Amnistía Internacional busca que sean puestos en libertad de manera inmediata, explicó Adeline Neau, responsable de la oficina regional de la organización en la ciudad de México. “Desde Amnistía Internacional estamos declarando a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, presos de conciencia”, señaló.
“Después de un análisis minucioso hemos determinado que están siendo privados de la libertad desde hace más de un año, solamente por ejercer pacíficamente derechos, cuáles son sus delitos, haber participado en las protestas pacíficas de octubre de 2023 en el paro nacional, haber representado sus comunidades, haber ejercido ese rol comunitario de representación al servicio de la asamblea, eso no es motivo de delito penal”, señaló la representante de Amnistía Internacional.
Un caso marcado por el litigio malicioso
Junto a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, están siendo criminalizados Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá y Basilio Puac, exvicepresidente de la junta directiva de los 48 Cantones. Ambos actualmente están en libertad condicional e investigados en la misma carpeta judicial.
Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, abogado defensor de Pacheco y Chaclán, señaló que la criminalización contra sus defendidos es parte del legado de Consuelo Porras en los ocho años como fiscal general y jefa del MP y una estructura de fiscales que criminalizan a autoridades indígenas, periodistas, defensores de derechos y operadores de justicia.
Estos mismos fiscales según el abogado impulsan litigios maliciosos como en el caso de sus defendidos. “12 meses han pasado desde que fueron capturados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, 10 meses hemos estado sin juez natural porque han habido múltiples excusas y recusaciones que impiden la recusación del proceso, a eso le llamamos litigio malicioso, pero no solo es una obra del Ministerio Público sino también es una obra de personas y estructuras que han contribuido con este litigio malicioso como lo es la Fundación Contra el Terrorismo”, señaló Castro.
El último juez que fue asignado al caso fue Fredy Orellana, a quien la población y autoridades indígenas pidieron su renuncia durante el paro nacional de 106 días en 2023, juez que ordenó diligencias contra el Tribunal Supremo Electoral y el partido Semilla, ganador de las elecciones.
Orellana fue designado por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, pero se excusó de conocer el caso y extendió por un año más la prisión preventiva en contra de los presos políticos.
Lidia Tzunún, esposa de Luis Pacheco, manifestó su agradecimiento en la conferencia de prensa por el acuerpamiento a lo largo de este año a favor de su esposo, a quien considera inocente y manifestó que Luis Pacheco y Héctor Chaclán encabezaron las manifestaciones pacíficas del año 2023 por consignas y mandato de las diferentes asambleas comunitarias de 48 Cantones de Totonicapán y no por una decisión propia.
En Guatemala se persiguen defensores de derechos humanos
La designación de una persona como preso de conciencia busca visibilizar las violaciones de derechos humanos en los diferentes casos y el uso indebido del derecho penal. En el caso guatemalteco han sido designados presos de conciencia Bernardo Caal, dirigente comunitario y defensor del agua; Virginia Laparra, exfiscal de la FECI en Quetzaltenango y José Rubén Zamora Marroquín, periodista y fundador del diario El Periódico.
“Es un dato revelador de los ataques a la libertad de expresión y a la posibilidad de defender derechos humanos sin represalias”, dijo Neau. “Si bien declaramos a una persona en realidad es todo un gremio o un colectivo detrás que está siendo atacado. En Guatemala la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos están siendo atacados con esa criminalización generalizada en contra de las voces críticas”, aseguró la representante de Amnistía Internacional.
Durante el Paro Nacional en donde surge este caso de criminalización se solicitó la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público; Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, exfiscal de la FECI y Fredy Orellana, juez A del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.
El abogado Castro dijo que esperan que con la designación de Gabriel García Luna como fiscal general, se analice el expediente de ambos dirigentes y cese la criminalización que deja Consuelo Porras.
