Los procesos de criminalización de funcionarios gubernamentales, élites económicas y la inseguridad que genera el crimen organizado son los principales problemas que enfrenta el gremio periodístico en el mundo, concluyó Reporteros sin Fronteras. En Centroamérica el exilio expone el deterioro del espacio cívico y el ejercicio de derechos.
Por Simón Antonio Ramón
Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”, es la conclusión de la evaluación correspondiente a 2025-2026.
“En los 25 años de historia del ránking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja. Arsenales legislativos cada vez más restrictivos, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional, erosionan desde 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias. El indicador legal es el que más ha bajado este año, evidenciando una creciente criminalización del periodismo”, indica el documento.
La organización con sede en Francia, señala que Centroamérica se enfrenta al cierre del espacio cívico, el cual se evidencia con el exilio de periodistas (15 han salido al exilio) y aún más grave un sistema judicial en Guatemala que los persigue de forma sistémica.
Guatemala es uno de los países que ha ido recuperándose lentamente, paso del puesto 138 en 2025 al 128 en 2026. Aún persiste un contexto adverso para la prensa independiente, resultado de la cooptación del sistema de justicia y de una fiscalía que insiste en amenazar y perseguir políticamente a periodistas.
Situación de Centroamérica
Para Arthur Romeu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Latinoamérica, la prensa centroamericana se enfrenta al cierre del espacio cívico en el que contribuyen funcionarios gubernamentales, élites económicas y del crimen organizado. “Estamos hablando de una lógica general de cierre del espacio cívico que afecta profundamente a la labor de periodistas y la prensa en general, que son blanco de autoridades gubernamentales y de otros actores violentos de criminalidad y de élites económicas”, dijo.
Añadió que las y los periodistas siguen dejando sus países para resguardar sus vidas como muestra de los obstáculos a los que se enfrentan. “El exilio es un síntoma de ese deterioro, cuando es necesario que salgan periodistas, redacciones completas, asociaciones de periodistas como el caso de El Salvador del año pasado, para poder preservar la integridad se llegó a un punto gravísimo de cierre de espacios de información”, dijo.
Arthur Romeu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Latinoamérica al salir de una visita a Jose Rubén Zamora cuando guardaba prisión en la cárcel militar Mariscal Zavala. Foto: Archivo Prensa Comunitaria / Nelton Rivera.
Una clasificación basada en encuestas
La metodología de RSF para establecer la calificación y la clasificación se hace a través de encuestas a analistas y periodistas para determinar la situación de un país de una región. En el caso de Guatemala tuvo una calificación de 43,21 sobre los 40,32 que obtuvo en el 2025, lo que vale para que escalara a 10 lugares en la clasificación de 138 a 128 en la misma denominación de situación difícil para el ejercicio periodístico.
Según el representante de la organización en Latinoamérica, el caso del país se equipara a los casos de Honduras y Colombia con avances en algunos temas. “El caso de Guatemala ha tenido avances puntuales y avances progresivos en la clasificación, eso no significa que las condiciones están buenas, las condiciones siguen en una posición muy complicada con problemas sistémicos, ligados con contexto político a la lógica de la criminalización”, añadió.
Uno de los temas con mayor señalamiento es la violencia, en una clasificación individual de este tema variaría la calificación de la que tiene en una percepción general. “Si hicieran una clasificación solo de la violencia, Guatemala estaría en la posición 139 y no 128, la percepción del nivel de riesgo sigue siendo bastante alta”, aseguró.
El informe señala que Guatemala continúa en una incertidumbre de su futuro, lo que contribuye a un escenario de violencia a la prensa y exilio de periodistas. “Es un país que tiene al menos 15 periodistas guatemaltecos que siguen exiliados sin poder regresar a su país por temor de la utilización del aparato judicial”, señaló Romeu.
Romeu dijo que la persecución del sistema de justicia a periodistas se ha vuelto un caso emblemático en la región de América, como la criminalización sistemática que no ha cambiado en los últimos años exponiendo al país en una situación dramática.
El mundo: situación difícil y muy grave para el ejercicio periodístico
Los periodistas se enfrentan a asesinatos, encarcelamientos por ejercer su profesión y las tácticas de ataque a la libertad de prensa están cambiando. “El periodismo sucumbe, asfixiado por un discurso político hostil hacia los reporteros, debilitado por una economía de los medios en declive y presionado por la instrumentalización de leyes contra la prensa”, señaló la organización.
Reporteros sin Fronteras califica 180 países cada año sobre las condiciones de la libertad de prensa. En el promedio general se ubican en las categorías de difícil y muy grave. “De los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo en el ámbito político, legal, económico, social, seguridad de los periodistas, el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año”, informó.
De acuerdo con el informe, en más del 60% de los países (110 de 180) termina en persecución legal contra los periodistas. “La criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común, se afianza como un fenómeno mundial”, concluyó.
En la región latinoamericana el crimen organizado tiene mucha influencia, una situación que se agrava ante la falta de protección al gremio periodístico. “En 2026, se afianza en toda la región una tendencia de las autoridades a agravar estas presiones mediante una retórica hostil, restricciones legales y administrativas, un acceso limitado a la información pública y la instrumentalización de los sistemas jurídicos para sofocar las coberturas mediáticas”, señaló.
