Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones rechazaron la apelación presentada por la FECI contra el arresto domiciliario concedido al abogado, procesado y pendiente de enfrentar juicio por el caso Semilla.
Por Alexander Valdéz
El pleno de la Sala Segunda de Apelaciones rechazó la solicitud que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para revocar el arresto domiciliario otorgado al abogado Eduardo Masaya en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, en julio de 2025.
En esa oportunidad, la jueza argumentó que no existía riesgo de fuga ni de obstaculización de la investigación por parte del acusado. Además, tomó en cuenta que el juicio contra Masaya está programado para abril de este año, lo que hacía innecesaria su permanencia en prisión preventiva.
“Se revocan las medidas de prisión preventiva dictadas en enero de 2025 en contra del acusado Eduardo Gabriel Masaya Juárez. Por lo que se procede a otorgar las medidas sustitutivas siguientes: arresto domiciliario sin vigilancia y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Juzgado de Paz Penal de Mixco para firmar el libro de control de medidas sustitutivas”, señaló en la resolución ahora confirmada por la Sala.
De esa cuenta, la FECI apeló intentando dejar sin efecto esa decisión del tribunal, sin embargo no fue considerada por los magistrados y las medidas fueron confirmadas. En la actualidad, Masaya es parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Foto Eduardo Masaya
En prisión preventiva
El abogado permaneció cinco meses en prisión sin poder optar a arresto domiciliario, a pesar de estar señalado por un delito menor y sin que existiera impedimento legal para concederle medidas sustitutivas. Durante ese tiempo, el juez Fredy Orellana rechazó en varias ocasiones sus solicitudes y ordenó su traslado por tres centros carcelarios.
Masaya está vinculado al caso del Movimiento Semilla por el delito de falsedad ideológica continuada, y deberá enfrentar juicio en el Tribunal Séptimo. Según la acusación, habría certificado firmas de personas fallecidas en actas de adhesión del partido durante su proceso de formación.
La investigación contra la agrupación oficial se estructura en tres etapas: la primera analiza posibles irregularidades en las firmas utilizadas para su constitución; la segunda revisa eventuales anomalías en los resultados electorales; y la tercera indaga un supuesto incumplimiento en la entrega de informes financieros al Tribunal Supremo Electoral.
Este proceso no sólo derivó en la cancelación de su personería jurídica, sino que también bloqueó la participación de sus integrantes en comisiones de trabajo del Congreso de la República.
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