Aunque enfrentaba un proceso por graves actos de corrupción, el exdirector del INDE, Melvin Quijivix, logró evitar la cárcel al aceptar cargos ante el Juzgado Quinto Penal. El juez Arnulfo Carrera le impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión.
Por Alexander Valdéz
El exdirector del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, optó por la salida fácil a su proceso penal, su intención fue evitar pisar la prisión por el caso de corrupción en el que fue acusado. De esa cuenta, luego de permanecer prófugo de la justicia, acudió al Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal y aceptó cargos.
El juez Arnulfo Carrera impuso al exfuncionario, cercano al expresidente Alejandro Giammattei y con sanción de Estados Unidos, una pena mínima de 2 años y 8 meses de prisión, aunque no tendrá que pisar un centro carcelario porque aceptar los cargos le permite gozar de todas las rebajas penales.
Quijivix fue parte del extinto Centro de Gobierno, de Miguel Martínez, donde fungió como delegado presidencial ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La instancia fue cerrada en diciembre de 2020 por decisión del entonces mandatario, en medio de cuestionamientos por la duplicidad de funciones. Antes de ese cargo, el exfuncionario ya había tenido una trayectoria en el sector público: trabajó como asesor del INDE entre 2004 y 2007, luego en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica hasta 2013, y más adelante brindó asesorías al MEM en 2014 y 2015, así como al Ministerio de Economía en 2019.
El 3 de julio de 2025, fue presentado el caso en el que se identificaron movimientos financieros irregulares que alcanzarían los Q85 millones. Las operaciones estarían vinculadas a Quijivix, expresidente de la institución y cercano a Miguel Martínez, así como a personas individuales y jurídicas relacionadas con el exfuncionario.
Por ahora, está pendiente que se lleve a cabo una audiencia en la que se debe establecer el pago de una reparación por los hechos de corrupción admitidos por el exfuncionario.
Un exfuncionario cercano a Giammattei
La captura de Melvin Quijivix ocurrió en un contexto en el que también se ordenaron inmovilizaciones de bienes contra Miguel Martínez y el propio exmandatario. No obstante, las acciones judiciales, que llegan tras múltiples señalamientos de corrupción durante esa administración, han despertado cuestionamientos por la tardanza en los procesos, el cierre de investigaciones sensibles y la falta de resultados en casos de alto impacto, como las compras de vacunas contra la COVID-19.
Quijivix también fue objeto de sanciones internacionales. Estados Unidos lo incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, al señalarlo de aprovechar su cargo para favorecer contratos públicos, incluso en beneficio de una empresa vinculada a él. Según el Departamento de Estado, habría utilizado su posición y conexiones para adjudicar de forma indebida proyectos a compañías específicas.
Al llegar a la presidencia del INDE, Quijivix realizó adjudicaciones anómalas y contrataciones de personas cercanas. Entre las empresas identificadas están MINE, S. A., donde era gerente general mientras era integrante del consejo directivo del INDE y su residencia es la sede fiscal de esta empresa. A la firma le fueron adjudicados contratos por Q1.5 millones entre los años 2022 y 2023.
También se identificó a la empresa Panime Company, S.A. que fue fundada el 16 de agosto de 2022, a los tres meses recibió dos contratos por Q740 mil. Y entre mayo y noviembre, de 2023, recibió adjudicaciones por Q 1 millón 320 mil 780.
Otra empresa identificada es Corporación Educativa en Informática “Aprende” que recibió tres adjudicaciones por Q1 millón 88 mil 500. Los accionistas de esta empresa son Julio Isaías Román López, Julio Rubén Román Rosales y Julio Estuardo Román Rosales, padre y hermanos de Nina Patricia Román Rojas, quien entró a trabajar al INDE el 16 de enero de 2023, a los tres meses de su contratación, se casó con Quijivix, que para ese entonces ya era presidente de la institución.
“Con relación a esta entidad se han identificado transacciones inmobiliarias que, dada la correspondencia de fechas y montos son evidencia de lavado de dinero”, señaló el auditor del INDE, Jorge García.
“Fueron 17 consultorías contratadas entre 2022 y 2023 por Q8.6 millones. Por el reglamento del INDE hay un proceso de compras, que el tema de consultorías puede ser de cero a Q250 mil, lo autoriza el gerente de área y las contrataciones de Q200 a Q500 mil, lo autoriza el gerente general”, señaló el auditor.
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