El informe de un grupo de expertos ha vuelto a exponer las violaciones sistemáticas durante el régimen de excepción decretado en El Salvador hace cuatro años. Ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Bukele haya cometido crímenes imprescriptibles, que puede ser investigados y revisados en cortes internacionales y ha vuelto a arrojar sombras sobre la política insignia del salvadoreño.
Por Héctor Silva Ávalos
La principal conclusión de los cinco juristas que firman el informe sobre crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública del presidente salvadoreño Nayib Bukele es fácil de entender. El Estado, dicen, tiene la obligación de garantizar la paz y la seguridad de los gobernados, pero no puede hacerlo cometiendo crímenes contra esos gobernados. Los expertos apuntan a que en El Salvador de Bukele está pasando eso.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) publicó su informe el miércoles 11 de marzo a media mañana, pero varios medios internacionales ya habían hecho adelantos de su contenido. El más importante: el Estado de El Salvador puede estar cometiendo crímenes de lesa humanidad como parte de su política de seguridad. Horas después de las publicaciones, la maquinaria propagandística de Bukele se activó de lleno para intentar desprestigiar el informe y confundir sobre sus conclusiones.
Quizá lo más prudente aquí sea, por eso, aclarar algunos conceptos básicos. El primero: ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Según el Estatuto de Roma: “Actos inhumanos graves —como asesinato, tortura, violación, esclavitud o desaparición forzada— que se perpetran como parte de un ataque generalizado contra una población civil con conocimiento de dicho ataque”. Ese ataque puede ocurrir aunque no exista un conflicto armado y esos crímenes son imprescriptibles y de jurisdicción universal, es decir, es posible juzgar a sus supuestos autores años después de los hechos en cualquier jurisdicción judicial que reconozca esta legislación internacional.
El informe concluye que el régimen de excepción que Nayib Bukele decretó en marzo de 2022, el cual se ha prorrogado 47 veces y tiene suspendidos varios derechos fundamentales, ha servido al presidente para afianzar su poder sin contrapesos y que es en ese contexto político que se pueden haber cometido los crímenes de lesa humanidad. Esta es la conclusión:
“El régimen de excepción ha permitido al gobierno del presidente Bukele concentrar el poder absoluto, al amparo del cual se han cometido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Las situaciones de emergencia no pueden justificar la suspensión de derechos humanos inderogables ni el desmantelamiento de los principios esenciales del Estado de derecho”.
La maquinaria propagandística de Bukele no es sofisticada, pero es efectiva; suele lograr las cosas para las que están hechas estos aparatos, sobre todo meter ruido a la discusión con el fin de no responder las preguntas para las que el gobierno no tiene respuesta o, más bien, para evitar hablar de las respuestas que el presidente y el régimen sí conocen de sobra, pero nunca discutirán en público porque hacerlo sería letal para sus discursos y narrativas.
Nayib Bukele y su gabinete de seguridad en 2023. En la foto, al extremo derecho, aparece Mauricio Arriaza Chicas, entonces director de la Policía, quien falleció en 2024 en un accidente aéreo relacionado con la captura de un financista del partido oficialista Nueva Ideas.
En este caso, esa máquina, cuyos voceros principales son cinco diputados -los más ruidosos-, una colección de troles cibernéticos que repite e inunda las redes, y grupos de profesionales sin demasiados méritos, obra propia o pensamiento original, se ha concentrado en repetir mentiras o falacias para intentar desviar la atención. (Vale también la pena recordar la definición de falacia según el diccionario de la Real Academia Española: “Es un engaño, fraude o mentira con el que se intenta dañar a alguien. También se define como una falsedad o una mentira, siendo un término frecuentemente utilizado para describir razonamientos inválidos que parecen verdaderos”.)
Los voceros de Bukele han dicho:
- Esta mentira: Que el informe de los expertos pide la liberación de 90,000 presos y, con ello, deshacer los logros en seguridad pública del gobierno Bukele. Mentira, en ninguna de las 275 páginas del informe los juristas que lo escribieron piden eso. De hecho, el apartado de conclusiones inicia con esta: “El GIPES reconoce las demandas legítimas de seguridad de la población y la obligación estatal de lucha contra la violencia y garantizar la paz; sin embargo, esta obligación no puede ser cumplida mediante la comisión de crímenes contra la humanidad.” Es bastante sencilla de entender.
El periódico español El País publicó un editorial sobre el informe en su edición del 16 de marzo en el que aborda este asunto. “Nada de lo que señala el informe implica negar la realidad de la violencia que sufrió El Salvador durante décadas… El Estado parecía incapaz de recuperar el monopolio de la fuerza. Ese fracaso explica el enorme respaldo popular del que goza hoy el presidente Bukele… Ignorar ese alivio sería una lectura simplista de la realidad salvadoreña. Pero precisamente por esa historia, la tentación de celebrar cualquier solución rápida debería encender todas las alarmas”.
- Otra mentira: Que los 90,000 presos son pandilleros. De nuevo, el informe de los expertos no pide la liberación de todas esas personas, pero vale la pena revisar el argumento que suele hacer el gobierno de Bukele cuando se menciona a los detenidos durante el régimen de excepción según el cual todos los presos son, en efecto, pandilleros. El Estado salvadoreño no ha demostrado eso en la mayoría de los casos. Para intentar afianzar su narrativa, los diputados de Bukele acuden a fotos de pandilleros identificados como tales y sobre quienes ya pesan condenas, pero no dicen que quienes aparecen en esas fotos fueron detenidos y condenados antes de la vigencia del régimen de excepción.
La justicia salvadoreña no ha hecho lo que, se supone, le toca cuando el Estado señala a alguien por un crimen, que es acusarlo, presentar pruebas, individualizar sus posibles responsabilidades penales y discutirlo todo frente a un juez imparcial. Otra conclusión del reporte: “Las detenciones masivas… han estado marcadas por la arbitrariedad, la ausencia de órdenes judiciales, el uso de perfiles discriminatorios y la inexistencia de pruebas individualizadas”.
La lógica del régimen, según el informe, puede resumirse así: la policía detiene, la mayoría de las veces sin indicio alguno o investigación previa; los detenidos van a cárceles donde pueden ser sometidos a torturas y, cuando eventualmente enfrentan a un juez, no tienen garantías de defensa ni debido proceso.
- Esta falacia: Que el GIPES se formó apenas hace un año, lo que, atendiendo a la lógica de los repetidores del bukelismo, le restaría méritos para opinar o estudiar lo que ocurre en El Salvador. Lo cierto es que los cinco juristas que conforman el grupo son personas que han estudiado este tipo de procesos en países cuyos gobernantes han terminado frente a cortes internacionales.
El grupo se constituyó en 2024 para investigar los señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción decretado por Bukele dos años antes, en marzo de 2022. Cuando el GIPES se formó, ya las denuncias de violaciones llenaban páginas de otros informes producidos por organizaciones nacionales y extranjeras, así como decenas de reportajes periodísticos. Las violaciones, contadas por víctimas que habían logrado salir de las cárceles del régimen o por funcionarios de prisiones y policías, incluían torturas, violaciones sexuales, golpizas y, ya entonces, ejecuciones extrajudiciales. El número y magnitud de las denuncias era suficiente para que el Estado salvadoreño investigara o, al menos, dijera que investigaría, pero lo único que hizo, a través de la fiscalía general, fue desechar las denuncias y, en algunos casos, perseguir a quienes las hicieron.
Durante sus investigaciones, el GIPES encontró un patrón, del que también habla en el informe recién publicado. Los hechos denunciados no son actos esporádicos, son sistémicos. “Estos hechos no constituyen excesos aislados, sino que conforman un patrón coherente de actuación estatal, caracterizado por su generalización, sistematicidad e intencionalidad represiva. Los elementos documentados permiten sostener jurídicamente que en El Salvador podrían estar configurándose, no solo violaciones graves de derechos humanos, sino también crímenes de lesa humanidad”, es otra de las conclusiones de los expertos.
Los autores explican que esas conclusiones están basadas en el estudio exhaustivo de una docena de reportes previos elaborados por organizaciones de sociedad civil salvadoreñas y estadounidenses, en entrevistas conducidas por el GIPES en El Salvador en diciembre de 2024, en archivo y documentación oficial del gobierno salvadoreño y del Departamento de Estado en Washington y en testimonios introducidos ante instancias del Congreso de los Estados Unidos como la Comisión Tom Lantos para los Derechos Humanos, entre otras fuentes. En total 1,700 fuentes directas o indirectas.
Luego está el asunto de la calidad de los investigadores, que los voceros de Bukele cuestionan porque son extranjeros y por serlo, según ellos, no conocen el país. La verdad es que El GIPES lo forman cinco juristas que llevan décadas estudiando patrones como el que detectaron en El Salvador. Estas son sus credenciales:
La abogada argentina Claudia Martin es profesora residente en la American University en Washington, D.C. y se especializa en derecho internacional y derechos humanos interamericanos; la jurista y catedrática portuguesa Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra del Colegio de Leyes de American University y quien ha asesorado al Tribunal Penal Internacional de La Haya en casos relacionados a países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad como la antigua Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona; Gino Costa, jurista peruano doctorado por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y consultor de Naciones Unidas que brindó asistencia jurídica en El Salvador tras la firma de los Acuerdos de Paz; el mexicano José Antonio Guevara, exmiembro del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias; y el jurista argentino Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas.
Costa, el peruano, lleva décadas estudiando El Salvador. Fue asesor durante el proceso de despliegue territorial de la Policía Nacional Civil entre 1993 y 1994 tras la firma de los Acuerdos de Paz. Escribió un libro entonces sobre la policía salvadoreña.
- Otra mentira: Que las denuncias sobre persecución política, también incluidas en el informe, se refieren solo a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y exaliado político de Bukele quien está encarcelado por acusaciones de varios delitos, entre ellos el de negociar con las pandillas.
Aquí hay, en realidad, una mentira y una omisión. Muyshondt es solo uno de los ejemplos citados. Hay otro, de un hombre también apellidado Muyshondt y al que los voceros de Bukele se cuidan mucho de mencionar; ese hombre es Alejandro Muyshondt, primo de Ernesto y exasesor de seguridad pública del presidente, que murió cuando estaba preso acusado de divulgación de secretos y otros crímenes.
Alejandro Muyshondt, exasesor de Bukele, muerto bajo custodia del Estado.
El caso de Alejandro Muyshondt no es menor en este informe. El GIPES parte de este ejemplo para reseñar la persecución de Bukele a sus críticos y adversarios políticos. Dice el reporte:
“Alejandro Muyshondt es un símbolo doble de la barbarie del régimen: primero, como ejemplo brutal de cómo se castiga a los leales que dejan de serlo; y segundo, como uno de los centenares de detenidos y fallecidos bajo el estado de excepción, sin juicio, sin atención médica y sin que sus familiares reciban siquiera la información más básica sobre su muerte”.
El informe habla de otras personas a las que se aplicaron las reglas del régimen de excepción porque habían denunciado excesos y crímenes atribuibles a Bukele y los suyos o porque habían liderado esfuerzos de oposición política pacífica. Casos como el de la abogada Ruth López, el activista y líder comunitario Atilio Montalvo o el de Mauricio Ramírez Landaverde, exdirector de la Policía Nacional Civil, quien tuvo conocimiento de negociaciones entre el entorno de Bukele y los liderazgos de las pandillas MS13 y Barrio 18.
Esas negociaciones y pactos de los que ha hablado Ramírez Landaverde y por los que Ernesto Muyshondt está preso, de los que Alejandro Muyshondt también hizo denuncias a lo interno del gobierno, siguen siendo la gran omisión de las narrativas bukelistas.
A propósito de este informe del GIPES, diputados y voceros del presidente vuelven al intento de identificar como pandilleros o valedores de pandilleros a quienes critican el régimen de excepción y denuncian los crímenes cometidos durante ese régimen. En realidad, han sido Nayib Bukele y varios de sus lugartenientes quienes han negociado con los líderes de la MS13 y el Barrio 18 a cambio de votos y gobernabilidad.
Esto último está dicho en sede judicial en los Estados Unidos, en procesos abiertos en contra de algunos de esos líderes en los que fiscales estadounidenses han asegurado, bajo juramento algunos, que tienen suficientes indicios de que funcionarios como Carlos Marroquín y Osiris Luna negociaron con los pandilleros en nombre del presidente. Documentación judicial y administrativa en El Salvador prueba, también, que el fiscal de Bukele, Rodolfo Delgado, blindó a otros líderes de la extradición a Estados Unidos.
Elmer Canales Rivera, líder de la MS13 beneficiado por el gobierno de Nayib Bukele.
Llevábamos meses sin una arremetida de troles, voceros y del mismo presidente como la que ocurrió después de esta publicación. ¿Por qué la virulencia en esta ocasión?
Algunas tesis. Bukele solo puede presumir de un logro incuestionable, que es la baja sostenida en las cifras de violencia y la desactivación de las pandillas Barrio 18 y MS13. Todo lo demás que ha hecho o ha dicho que hizo -obras públicas, políticas de educación o salud, Bitcoin, infraestructura- es poco reseñable o no existe. Sin su política de seguridad pública, Bukele es nada o es muy poco como gobernante.
Pero el presidente salvadoreño sí ha hecho otras cosas que, desde una perspectiva democrática liberal, no puede contarse como logros, sino como deterioro. Bukele deshizo la institucionalidad democrática del país y se adjudicó, por vía electoral sí, pero también de forma ilegal e inconstitucional, un poder que no tiene límites institucionales ni contrapesos. En El Salvador no hay más poder que el del presidente y, gracias a ello, el presidente y los suyos pueden hacer lo que quieren, incluso acciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Hasta mediados de 2025, Bukele y su aparato fueron capaces de sostener la imagen del gobernante eficaz, de ejemplo en la reducción de violencia y de adalid de la seguridad. Hasta entonces, el lado feo de la ecuación, el de las violaciones a los derechos fundamentales y los posibles crímenes de lesa humanidad, había estado disminuido en la palestra internacional. Eso cambió cuando Bukele y la administración de Trump pactaron la llegada de migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la cárcel por la que el salvadoreño pasea a sus visitantes internacionales. El arribo de los venezolanos, en violación con leyes estadounidenses según determinarían luego cortes norteamericanas, aumentó el escrutinio a Bukele. Desde entonces, la imagen del salvadoreño se ha erosionado fuera de las fronteras nacionales.
Un informe como el del GIPES, cuyas conclusiones han sido republicadas en varios de los medios occidentales más prestigiosos, aumenta esa erosión. Y, de nuevo, son su política de seguridad manchada, la toxicidad internacional del presidente salvadoreño también crece.
Otra tesis: la sombra de eventuales acusaciones por crímenes de lesa humanidad puede tener consecuencias inmediatas en los círculos íntimos del bukelismo. Aunque en El Salvador la propaganda sigue siendo efectiva y lo más seguro es que la popularidad doméstica del presidente no se resienta con este informe, también es verdad que quienes se saben más vulnerables en temas como los pactos pandilleros o la muerte de Alejandro Muyshondt se sentirán cada vez más incómodos y amenazados. Eso también puede resultar desestabilizador en el largo plazo.
