“La justicia en Guatemala se ha convertido en una herramienta de poder y no en un mecanismo para controlar el poder”, advierte el exjuez Miguel Ángel Gálvez desde el exilio, al reflexionar sobre la crisis institucional del país y el papel que debe jugar la Corte de Constitucionalidad en la defensa del orden democrático.
Gálvez se postuló para integrar la magistratura del máximo tribunal constitucional que corresponde designar al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el proceso de elección de magistrados para el próximo período.
Por Prensa Comunitaria
Miguel Ángel Gálvez busca la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) como candidato dentro del proceso de selección que corresponde al Organismo Ejecutivo, en la convocatoria para elegir a los magistrados que integrarán el máximo tribunal constitucional del país.
El proceso forma parte de las elecciones de segundo grado que renovarán la Corte de Constitucionalidad. La Constitución establece que la CC se integra con cinco magistraturas titulares y cinco suplencias designadas por el Ejecutivo, el Congreso de la República, el Organismo Judicial, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
El Bernardo Arévalo anunció, en febrero de 2026, un proceso abierto para elegir su representación ante la Corte de Constitucionalidad. A diferencia de procesos anteriores, el mandatario abrió la convocatoria para que abogados interesados presentaran sus expedientes. Se prevé que el presidente tomé junto al Consejo de Ministros la decisión este jueves 5 de marzo. Mediante este mecanismo Gálvez se postuló para ser considerado para la magistratura.
Gálvez fue durante más de dos décadas juez del Organismo Judicial y titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”. Desde esa posición conoció algunos de los casos más emblemáticos de justicia transicional y corrupción en Guatemala. Entre ellos destacan el proceso por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt; los procesos contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el Caso La Línea; así como el proceso por desapariciones forzadas documentadas en el Caso Diario Militar.
Las decisiones judiciales adoptadas en estos procesos lo colocaron en el centro del debate público sobre independencia judicial. En 2022 salió al exilio tras denunciar persecución judicial y acoso de grupos conservadores, entre otras razones, por sus resoluciones en casos de alto impacto y desde entonces permanece en el extranjero.
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En entrevista con Prensa Comunitaria, Miguel Ángel Gálvez habló sobre su trayectoria, la crisis del sistema de justicia y el papel que, a su juicio, debe desempeñar la Corte de Constitucionalidad.
¿Quién es Miguel Ángel Gálvez y qué lo ha llevado a proponer su nombre para integrar la Corte de Constitucionalidad?
Soy guatemalteco y trabajé aproximadamente 23 años en el Organismo Judicial. En los juzgados donde ejercí se sustanciaron procesos de justicia transicional, casos relacionados con redes ilícitas, narcotráfico y crimen organizado. Actualmente me encuentro fuera de Guatemala por motivos de persecución. He sostenido que la justicia en el país muchas veces se convierte en una cuestión de poder y no de control del poder. Cuando los grupos sienten que una persona independiente no puede ser manipulada, utilizan herramientas como el derecho penal para criminalizarla o forzarla al exilio.
¿Qué importancia tiene la Corte de Constitucionalidad dentro del sistema institucional de Guatemala?
La Corte de Constitucionalidad es uno de los tribunales más importantes del país. Está colocada en la cúspide de la estructura jurisdiccional como un tribunal permanente y de jurisdicción privativa cuya función esencial es defender el orden constitucional. En otras palabras, es el intérprete último del significado y los alcances de la Constitución. La justicia constitucional no puede construirse a espaldas del pueblo. La Corte tiene el deber de garantizar el pluralismo jurídico y la protección efectiva de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La igualdad ante la ley no significa uniformidad; significa reconocer y proteger la diversidad.
Usted ha vivido directamente la crisis judicial que atraviesa el país. ¿Por qué decide ahora aspirar a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad?
Ingresé al Organismo Judicial a finales de los años noventa y tuve la oportunidad de ejercer en distintos departamentos del país: Quiché, Sololá, Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz y posteriormente en la capital. Esa experiencia me permitió conocer Guatemala desde la judicatura. Impulsar el proceso penal en el país fue complejo. Veníamos de un sistema inquisitivo con altos niveles de corrupción. Uno de los objetivos fue transparentar el proceso penal, realizar audiencias públicas y permitir que la población conociera cómo se administraba justicia. Sin embargo, después de salir del país observé prácticas que contradicen esos principios. Procesos reservados durante años, decisiones judiciales extremadamente breves y una aplicación del derecho que no siempre respeta los principios fundamentales del debido proceso.
Durante su trayectoria se le criticó por realizar audiencias extensas y resoluciones largas. ¿Cómo interpreta esas críticas?
Recuerdo que se decía que mis audiencias eran maratónicas. Pero para mí era fundamental explicar detalladamente las resoluciones. Cuando se imputa un hecho a una persona, este debe ser claro, comprensible y fundamentado. Hoy vemos resoluciones de órdenes de captura que apenas tienen unas cuantas líneas. Eso debilita el principio de legalidad. El soporte de un Estado de derecho es precisamente la claridad con la que se explican las decisiones judiciales.
¿Qué experiencia considera que puede aportar a la Corte de Constitucionalidad?
Ejercí la judicatura durante más de dos décadas, especialmente en tribunales de mayor riesgo, donde el derecho no se aplica en condiciones neutras, sino bajo presión real. En esos espacios comprendí que la independencia judicial no es un discurso académico, es una práctica diaria que exige serenidad, firmeza y convicción ética. Las decisiones que se toman en esos tribunales no solo resuelven casos individuales. También definen si el Estado está dispuesto a aplicar la ley sin privilegios ni exclusiones.
Usted se encuentra en el exilio desde 2022. ¿Cómo ha influido esa experiencia en su visión sobre la justicia en Guatemala?
El exilio no fue una elección personal. Fue una consecuencia de un contexto en el que ejercer independencia judicial tuvo costos. Salir del país fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sin embargo, también me ha permitido reflexionar sobre Guatemala, estudiar y conocer experiencias comparadas en materia de derechos humanos y derecho internacional. Lejos de debilitar mi compromiso con el país, lo ha fortalecido. Cuando la justicia se convierte en herramienta de poder y no en límite del poder, la República se resiente, y quienes históricamente han sido marginados son los primeros en sufrirlo.
¿Qué está en juego en los procesos de elección de autoridades del sistema de justicia?
Guatemala atraviesa un momento decisivo para su estabilidad democrática. Las decisiones que se tomen en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público o del Tribunal Supremo Electoral marcarán el rumbo del país durante los próximos años. Es un momento que interpela tanto a las instituciones como a la ciudadanía. No se trata solo de elegir a quienes cumplan requisitos formales, sino a perfiles que demuestren probidad, ética y compromiso con la justicia.
¿Qué papel debe asumir la ciudadanía frente a estos procesos?
Consolidar un Estado de derecho no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso que requiere tiempo y compromiso. Pero la población debe involucrarse y exigir que se elijan a los mejores perfiles. Solo así será posible recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer el sistema de justicia en Guatemala.
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