La Corte de Constitucionalidad rechazó el amparo provisional que buscaba reabrir el caso contra “Tono” Coro, Víctor Alvarizaes y exconcejales por una indemnización de Q3.4 millones, dejando vigente el fallo de la Sala Tercera de Apelaciones que frenó el proceso penal, en 2025.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo provisional solicitado por la Fiscalía contra la Corrupción que buscaba reactivar el proceso penal contra los exalcaldes José Antonio Coro conocido como “Tono” Coro, Víctor Alvarizaes, y de exconcejales de Santa Catarina Pinula señalados de aprobar el pago irregular de una indemnización por Q3.4 millones para Coro.
El reclamo del MP se sustentó por el fallo de la Sala Tercera de Apelaciones, que revocó la orden para que los acusados enfrentaran juicio y anuló el proceso penal. El Ministerio Público agotó otras vías legales, como un recurso de casación contra el fallo que aceptó una “cuestión prejudicial” planteada por los implicados, lo que les sirvió para frenar el proceso penal.
Con la negativa de la Corte de Constitucionalidad (CC) de conceder el amparo provisional, se mantiene, por ahora, el cierre del proceso mientras se resuelve en definitiva la acción planteada por la Fiscalía. “Resolviendo la petición que al respecto formuló en el escrito originario el solicitante del amparo, por razón de que, a juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”, se lee en la resolución.
Los sindicados beneficiados fueron Pedro Peña Hernández, Fernando Pineda Ramírez, Clara Luz Salvatierra, Augusto Silvestre Ramírez, Manuel de Jesús Barillas Guzmán, Manuel Antonio López Benítez, Héctor Augusto Jaime de Paz, Luis Francisco Concuá Rustrián, Felipe Chávez, y Julia Dolores Morales de la Roca. Los diez exintegrantes del Concejo avalaron el pago.
Todos ya habían sido enviados a juicio por el juez sexto penal, Carlos Toledo, pero tiempo después el proceso fue cerrado por dicha Sala.
Un pago millonario
En enero de 2015, el Concejo de Santa Catarina Pinula le otorgó prestaciones “excepcionales y por única vez” a Antonio Coro por Q330 234, de los cuales Q291 831 correspondían a indemnización. Posteriormente, una auditoría de la Contraloría General de Cuentas determinó que ese pago era ilegal, lo que obligó al exalcalde a devolver el dinero.
Tras la devolución, Coro presentó una demanda en un juzgado laboral contra la municipalidad para reclamar indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 por sus 15 años de servicio, con lo cual logró que se le pagaran Q3 millones 459 mil. Según la investigación, el exfuncionario ya había recibido esas prestaciones año con año, lo que configuraría una duplicidad en el cobro.
El caso también involucró a concejales de las administraciones 2012 y 2016, quienes fueron procesados por peculado por sustracción al haber avalado el pago inicial. Coro, por su parte, sostuvo ante el juez que no calculó el monto recibido y que recurrió a la vía laboral tras verse obligado a devolver la primera indemnización.
Otros casos
Coro y Alvarizaes, ambos exalcaldes de Santa Catarina Pinula, no solo han enfrentado este señalamiento. También fueron acusados penalmente por su presunta responsabilidad en la autorización de licencias de construcción en la zona de El Cambray ll, un área considerada de alto riesgo.
El caso cobró especial relevancia tras el deslizamiento de tierra ocurrido en ese sector, una tragedia que dejó a decenas de familias soterradas. Las investigaciones apuntan a posibles actos de negligencia por parte de las entonces autoridades municipales, incluyendo las de Coro y Alvarizaes, al no haber prevenido ni restringido construcciones en una zona catalogada como peligrosa, pese a los informes de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED).
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