La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la resolución del juez Mynor Moto que había beneficiado a los señalados en ese caso de presunta corrupción en el Organismo Judicial. La decisión reactiva un expediente que permanecía estancado tras varios fallos en otras instancias judiciales.
Por Alexander Valdéz
Casi diez años después de que se revelara una presunta red de abogados que habría sobornado a la jueza fallecida Marta Sierra de Stalling para obtener beneficios judiciales en el caso La Línea, el expediente vuelve a activarse en la Corte de Constitucionalidad (CC), que aceptó un recurso del Ministerio Público y dejó sin efecto un fallo emitido por el juez Mynor Moto que favorecía a los acusados.
Los acusados habían sido enviados a debate por orden de la Sala Cuarta de Apelaciones. Sin embargo, el juez Moto al cumplir la resolución, no hizo lo que ordenaron los magistrados de apelaciones, sino que optó por cerrar el proceso (decretar sobreseimiento) y clausura provisional a favor de los señalados, de esa cuenta el proceso estuvo detenido hasta que ahora llegó a la máxima corte del país.
En el reclamo fiscal se hizo ver que el juez no acató adecuadamente la orden de la Sala. “En la decisión de 14 de agosto de 2024, el juez cuestionado dejó sin efecto y sin valor jurídico el pronunciamiento de 22 de julio de 2024, dictado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en cumplimento de la sentencia en amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el expediente 2993-2017, en el cual, el tribunal de alzada dictó auto de apertura a juicio contra de todos los sindicados”, se lee.
El hecho fue analizado por la CC que consideró que era viable aceptar la queja fiscal y suspender el fallo del juez Moto. “Esta Corte advierte que en el presente caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional y se dan los supuestos que para el efecto contempla el artículo 28 ibidem, por lo que debe revocarse el numeral IV) de la resolución apelada”, dice el fallo.
Con esa resolución se reactiva la investigación, aunque aún está pendiente que se dicte una decisión definitiva de la queja del ente investigador.
Un caso del 2018
Una de las señaladas en este caso fue la jueza Marta Sierra de Stalling, quien falleció en 2022, a que se le vinculó por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, al ser capturada en su oficina en el contexto de las investigaciones del caso La Línea. Según la Fiscalía, habría favorecido con medidas sustitutivas a seis implicados en la red de defraudación aduanera.
Durante las audiencias de primera declaración en abril de 2015, la jueza ligó a proceso a 22 sindicados, pero otorgó arresto domiciliario sin vigilancia y fianzas a seis de ellos, sin explicar públicamente por qué su situación jurídica difería de la del resto, quienes fueron enviados a prisión preventiva.
Las pesquisas apuntaron a que esas decisiones pudieron responder a acuerdos ilegales gestionados por una estructura conocida como el “Bufete de la Impunidad”, en la que abogados ofrecían influencias dentro del sistema de justicia a cambio de dinero. En ese caso también fueron procesados varios profesionales del derecho y el hijo de la entonces jueza, el abogado Roberto Stalling Sierra.
