Las organizaciones sociales, campesinos, colegios profesionales y periodistas repudiaron el operativo dirigido por Leonor Morales en el Parque Erick Barrondo y Club de Oficiales La Aurora.
Por Simón Antonio Ramón
Varios sectores de la sociedad guatemalteca condenaron los allanamientos realizados por la Fiscalía de Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público (MP) en los centros de votación Parque Erick Barrondo y Club de Oficiales La Aurora, zona 13, cuando las y los abogados emitieron su voto para elegir a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El allanamiento fue autorizado por el juez Sergio Mena y dirigido por la fiscal Leonor quien el 30 de septiembre de 2023 dirigió el operativo en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la zona 2, en donde se secuestraron las actas electorales.
Las autoridades indígenas calificaron este operativo como un atentado en contra de la democracia. “Las acciones del Ministerio Público y del juez Sergio René Mena Samayoa es un atentado flagrante contra la democracia, el estado de derecho y el derecho de los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para su derecho a elegir y ser electo”, señalaron en un comunicado firmado por varias autoridades indígenas a nivel nacional.
La Alianza por las Reformas, un espacio integrado por varias organizaciones de la sociedad civil, indicaron que la actuación de la fiscalía fue interferencia en una elección gremial. “Las maniobras orientadas a interferir, suspender o deslegitimar las elecciones del CANG no pueden interpretarse de otra forma que como un intento arbitrario de distorsionar la voluntad soberana de los agremiados y alterar el equilibrio constitucional del país”, señalaron en un boletín de prensa.
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) aseguró que la actuación del MP en los centros de votación no fue un operativo sino actuaciones para mantener la impunidad de sus altas autoridades. “El MP quiso robarse la elección de magistrado titular y suplente del CANG. No están persiguiendo delitos. Están defendiendo su posición de poder”, publicó en su cuenta de la red social Facebook.
Sin garantías constitucionales y restricción a los medios
La Asamblea de Colegios Profesionales emitió este viernes 13 de febrero un comunicado de prensa donde rechazó la forma en que la Fiscalía ejecutó el operativo. “La Asamblea expresa su profunda preocupación y firme rechazo ante el registro corporal practicado públicamente a la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala magister Patricia Elizabeth Gámez Barrera, con el objetivo de exigir la entrega de su teléfono celular personal, en el contexto de un proceso electoral gremial en desarrollo”, señaló.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció que durante el operativo se restringió la cobertura periodística al expulsar a periodistas del salón en donde se estaba realizando la votación en el momento que inició el allanamiento.
“La APG manifiesta su más enérgico repudio ante las recientes acciones arbitrarias ejecutadas por el Ministerio Público, las cuales constituyen un atentado directo al ejercicio periodístico y a la institucionalidad gremial del país”, denunció este viernes 13 de febrero.
