Los tres poderes del Estado, el CANG y la USAC comienzan a perfilar a sus futuros magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC). De la actual Corte, dos magistrados tienen encaminada su reelección, Leyla Lemus y Rony López. El nombre de Consuelo Porras, la fiscal general, resuena en el edificio del Organismo Judicial. Mientras que la elección del Colegio de Abogados promete una gran batalla.
La integración de la próxima CC será decisiva no sólo para resolver disputas constitucionales, sino para definir el margen de maniobra de los actores políticos y judiciales en los próximos cinco años.
Por Prensa Comunitaria
El terremoto registrado esta semana tras el cambio de las reglas del juego horas antes de la votación en el Colegio de Abogados (CANG) para elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad es tan solo una muestra de los movimientos que están ocurriendo de cara a la renovación de la llamada “corte celestial”.
Hay movimientos absurdos y contradictorios, pero también jugadas estratégicas como la resolución de la Sala Sexta de la Contencioso Administrativo para excluir los votos de los profesionales de las ciencias afines en la actividad del CANG, una medida para intervenir en el resultado de una votación. Aunque la jugada fue pensada para hacer daño, el resultado tuvo el mismo efecto que se produce cuando una persona ajena al juego retira una pieza del tablero: se vuelve un rompecabezas en donde las sorpresas, la reubicación y las soluciones creativas o no se adueñan del final. De esa manera, uno de los candidatos más fuertes se quedó fuera de la contienda por el momento. Ahora, no solo se espera el resultado de una segunda vuelta en el CANG la próxima semana, también se esperan intensos cabildeos y alianzas en los otros organismos que deben elegir magistrados a la CC, porque al borrar piezas del tablero altera la dinámica y fuerza a los jugadores a adaptarse a las nuevas circunstancias.
Esos movimientos y alianzas entre actores conocidos es lo que pretendemos explicar en este texto, no sin advertir, que esta es una fotografía de la semana que recién termina.
La pelea por la CC
El 14 de abril los magistrados nombrados por el Organismo Ejecutivo, el Congreso, el Organismo Judicial, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la Universidad de San Carlos (USAC) deben asumir el cargo para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC).
Las cinco instituciones que van a elegir, designar o proponer a las personas que serán magistradas, tienen procedimientos formales que son independientes y diferentes entre sí. Las decisiones que tomarán, van más allá de la formalidad, así que quienes conformarán la nueva corte, llegarán ahí como resultado de acuerdos, consensos y negociaciones. Guatemala es el primer país que introdujo en su Constitución desde 1965 un Tribunal Constitucional, conocido como Corte de Constitucionalidad, desde entonces ha sufrido algunos cambios, pero en esencia debe garantizar la defensa del orden constitucional.
Con el paso del tiempo y el aumento del interés en la captura del Estado, la CC se ha convertido en un actor influyente por el poder, al mismo tiempo que ha sido árbitro de conflictos políticos, judiciales y electorales, con capacidad de inclinar el balance de poder y garantizar —o bloquear— la vigencia del orden constitucional.
Al punto que se le conoce como “la corte celestial”, ya que sus decisiones suelen ser definitivas e irrevocables, muchas de ellas con cuestionamientos de falta de independencia
No es un secreto, que la motivación de trasfondo en esta elección es la captura y el uso de la Corte para que siga siendo instrumento de politización, de impunidad o de criminalización.
Por eso, en el debate público se habla del rescate de la CC, porque durante los últimos años amplios sectores han cuestionado que la Corte se ha desempeñado como un instrumento para proteger intereses políticos y económicos específicos.
En los últimos años la CC impidió el intento de bloquear la alternancia del poder cuando Arévalo ganó las elecciones, pero también avaló la exclusión de las candidaturas de Roberto Arzú, Carlos Pineda y Telma Cabrera. También rechazó el presupuesto general para 2026, aunque el Congreso y el Ejecutivo terminaron jugándole la vuelta a esa resolución y en lugar de un nuevo presupuesto solamente aprobaron ampliaciones presupuestarias.
Sin embargo, la CC también ha extendido su poder sobre la ejecución de obras, obligando al Ejecutivo rendir informes sobre cómo avanza la construcción del puente Belice 2.
Asimismo, otro de los grupos de poder que se mantiene al tanto de las designaciones de magistrado son los sectores empresariales, quienes a través de las resoluciones de la CC consiguen aval para que empresas mineras, hidroeléctricas continúen con sus operaciones o que se desalojen a comunidades en el norte del país. Para estas resoluciones el apoyo de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Nester Vásquez y Leyla Lemus ha sido fundamental.
Acá la disputa de influencia también se da entre el grupo empresarial organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y sus cámaras y la otra corriente empresarial fuerte que lidera Dionisio Gutierrez a quien se le atribuyen vínculos con la fuerza emergente en el CANG.
En múltiples ocasiones el poder del CACIF ha quedado en evidencia. En 2013, ese comité pidió publicamente que se anulara la sentencia por genocidio dictada por un tribunal en contra de Efraín Ríos Montt; la CC finalmente terminó anulando la sentencia y el exjefe de Estado falleció antes de enfrentar un nuevo proceso.
En el tema territorial también ha influido la CC, desestimando acciones de comunidades Q’eqchi’ que denunciaban el impacto de la producción de palma africana en sus tierras y recursos; también lo hizo en sentencias relacionadas con la propiedad de la tierra y los desalojos, limitando su alcance en disputas de terceros.
La lucha por el poder en la CC se acrecentó en los últimos días por la resistencia de grupos tradicionales de poder a perder el control de la Corte. A través de amparos presentados ante órganos afines, el grupo vinculado al magistrado Nester Vásquez consiguió excluir a las ciencias afines del padrón electoral, minando así, fuertemente el apoyo al oficialismo.
¿Se podrá renovar la Corte para que sea contrapeso y no extensión de poder?
En esas condiciones, la renovación de la CC, para el periodo 2026–2031, es vista como una oportunidad para revertir ese papel protagónico que ha adquirido y devolverle su independencia, capaz de actuar como contrapeso del poder y no como su extensión. Sin embargo, después de cuatro décadas, quitarles esas cuotas de poder a grupos que la mantienen capturada a la CC no es una tarea que se pueda concretar en una sola elección.
- Leyla Lemus quien ordenó renovar al CSU, busca que ese mismo consejo la reelija
La elección que parece, hasta ahora, contar con mayor posibilidades es la de Leyla Susana Lemus Arriaga, quien busca su reelección. En está ocasión su apoyo vendría de la Universidad de San Carlos. En 2021 llegó a la CC designada por el Organismo Ejecutivo dirigido por Alejandro Giammattei.
La jugada parece absurda ya que ella como presidenta de la CC firmó la orden para que se renovara el CSU de la USAC. Las autoridades de la USAC permanecen en desacato porque no han cumplido con renovar los 28 cargos vencidos en el consejo, pese a esto Lemus presentó este jueves 5 de febrero su expediente para que dicho CSU cuestionado por su falta de legitimidad la reelija.
La alta probabilidad que tiene para reelegirse, podría darse tras aprovechar su cercanía con operadores clave, como Nester Vásquez, su compañero en la alta corte; con el decano de Derecho de la USAC, Henry Arriaga y con Walter Mazariegos, el rector de facto de la USAC. Gracias a esas relaciones la magistrada tomaría la delantera en las discusiones internas para ser postulada por la universidad pública para un segundo periodo en una magistratura titular.
Lemus también se mostró cercana a los intereses de Bernardo Arévalo, en los últimos dos años e incluso un grupo la había considerado para ocupar el cargo como magistrada designada por el Ejecutivo, aunque finalmente esa opción perdió peso.
Fuentes del Consejo Superior Universitario (CSU) señalaron que a cambio de ser designada por la USAC, Lemus apoyaría a Mazariegos a continuar con el manejo administrativo irrestricto dentro de la USAC. Además, advirtieron que, si Mazariegos no optara por la reelección, esas garantías se extenderían a su sucesor y a él para que acciones legales en su contra se resuelvan a su favor.
Ese tipo de garantías de la cúpula de la USAC, según fuentes consultadas, serían para que no se obligue a Mazariegos a renovar los 28 de 40 cargos vencidos en el CSU.
Este mismo Consejo, que vota según los intereses Mazariegos, será el encargado de elegir a los nuevos magistrados de la CC, razón por la cual ya se presentaron tres acciones legales señalando la ilegalidad de las decisiones de un consejo con cargos vencidos.
Lemus podría llegar a la CC acompañada de la fiscal general Consuelo Porras como magistrada suplente, en el caso de que las negociaciones en otro organismo del Estado no funcionen y le impidan asumir como titular. Este viernes 6 de febrero, Porras presentó dos expedientes en la USAC, uno para ser considerada como magistrada titular y el otro para ser considerada como magistrada suplente. En ambos puestos, lograría inmunidad.
En ese escenario, se mantienen como opciones el secretario general, Luis Cordón, secretario general de la USAC, que le ha garantizado el control administrativo a Mazariegos. La otra opción que maneja el círculo cercano del rector es Juan Carlos Godínez Rodríguez, el abogado y asesor personal de Mazariegos.
- Un Congreso fragmentado optaría por la continuidad
Varios diputados consultados dicen que no existen consensos sobre quién podría ser el próximo magistrado a la CC designado por el Legislativo, pero hay un nombre que conforme avanza el tiempo cobra más relevancia en las discusiones: Rony Eulalio López Contreras.
El actual magistrado es quien, hasta ahora, tiene más fuerza para ser designado como magistrado titular.
En los últimos dos años, López se ha destacado por votar contra la corriente en la CC, siendo muchas veces el único voto disidente para las resoluciones que favorecen a redes de poder y a favor de resoluciones que han beneficiado al Movimiento Semilla y Roberto Arzú, lo que, para algunos diputados le valdría apoyos dentro de la alianza oficialista.
Para el politólogo Luis Mack, la ampliación presupuestaria de más de Q9 millardos, aprobada la noche del 27 de enero, estaría vinculada directamente con las elecciones de segundo grado, particularmente con la de magistrados a la CC.
Para Mack, este gobierno ha optado por no pagar directamente a los diputados, como anteriormente se hacía, y sí en asignar fondos para inversión en las regiones en las que los diputados pueden buscar su reelección.
“Manipulando la inversión a nivel regional, enfatizan la lógica de posibilidad de reelección y articulación, seguro que la elección de magistrados es parte de la moneda de cambio. Desde hace muchos años se realizan estas prácticas, pero ahora se hace mucho más porque se invierte a nivel local y no les da directamente el dinero a los diputados”, dijo.
Además, bajo esa lógica de negociación, diputados consultados por Prensa Comunitaria indicaron que la opción por reelegir a la magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá habría perdido fuerza, aunque a finales de 2025 se mencionaba su nombre con bastante frecuencia. El nombre de Roberto Molina Barreto también ha empezado a escucharse, pero con pocas posibilidades.
La magistratura suplente es una incógnita mayor dentro del Legislativo, ya que el único nombre que se ha mencionado dentro de los pasillos del Congreso es el del actual magistrado suplente, Luis Alfonso Rosales Marroquín, abogado de Efraín Ríos Mott y exdiputado del partido FRG y Valor.
- La CSJ y el único camino de Nester Vásquez
En el Organismo Judicial (OJ) podrían elegir a los actores más cuestionables, debido a que la mayoría de los magistrados responden a bloques impulsados por Nester Vásquez, Estuardo Gálvez y Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”. Estas tres fuerzas crean un panorama poco alentador.
Ese escenario con viejos operadores implica que las discusiones se darían en torno a la apuesta de la continuidad; en ese contexto el nombre que más resuena es el de María Consuelo Porras Argueta.
Durante las elecciones, en primera vuelta, de magistrados para la CC por parte del CANG, la fiscal general, María Consuelo Porras, afirmó que evalúa postularse como magistrada a la alta Corte, aunque evitó precisar a través de qué órgano postulador lo hará.
El principal respaldo de Porras en la CSJ proviene del grupo de Nester Vásquez. Sin embargo, en el gremio de abogados también se menciona que Porras podría ser apoyada por Gálvez y el Rey del Tenis a cambio de la paralización de sus procesos penales. Ambos están señalados de influir en la elección de cortes y procesados por los casos Comisiones Paralelas.
En esas condiciones, el grupo vinculado a Néster Vásquez busca los votos para quedarse con la presidencia de la CSJ y evitar que Carlos Lucero Paz, el presidente interino, juegue un rol determinante. Una vez que el grupo mayoritario -de Nester Vásquez- logre el control de la presidencia del Organismo Judicial (OJ) se impulsaría la candidatura de Porras.
Aunque la fiscal general es la mejor posicionada, hay una gran probabilidad de que llegue a una magistratura de la CC por el Organismo Judicial. También se comienza a discutir si no sería mejor opción optar por la reelección de Nester Vásquez, tras su derrota estrepitosa en las elecciones del CANG. La derrota de Vásquez genera más presión al OJ porque ahora el grupo mayoritario del pleno de magistrados tiene a dos candidatos aliados.
Otras de las opciones, menos consideradas son Dina Josefina Ochoa Escribá o Roberto Molina Barreto.
Mientras las discusiones en torno a la magistratura titular continúan, para magistrado suplente Héctor Hugo Pérez Aguilera, es una de las personas que cuenta con mayor apoyo. Pérez Aguilera orientó el apoyo de su grupo gremial, Dignificación Profesional para aliarse con la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) de Nester Vásquez.
- El Ejecutivo y sus opciones
El Organismo Ejecutivo puede decidir la elección de su representación ante la CC sin mayores complicaciones. Esto porque el mecanismo de decisión está bajo el control del presidente y de su consejo de ministros. Por lo que la decisión de Bernardo Arévalo en la designación de un magistrado titular y suplente adquiere menos complejidad.
Pese a esto, el presidente anunció el miércoles pasado que se había establecido un cronograma para la recepción de expedientes y las fechas de designación junto con su gabinete de ministros, un mecanismo de elección diferente al realizado por otros gobiernos.
Aunque de forma oficial el Ejecutivo no ha mencionado nombres o perfiles, se sabe que se ha dedicado a revisar minuciosamente dos perfiles de expertos en leyes. El primero es el de Gabriel Medrano Valenzuela, exmagistrado y expresidente de la CSJ y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El abogado fue el sucesor de Thelma Aldana en la presidencia de la CSJ, en 2012, y contó con el voto de los 13 magistrados para presidirla. Este es el perfil que más atrae a Arévalo, según fuentes cercanas al mandatario.
Sin embargo, también ha sido considerado Gabriel Orellana, un abogado con estudios de Harvard y la Universidad de New York University. Orellana se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alfonso Portillo e integró el Consejo Nacional de Belice. Además, en 2024 fue elegido miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el periodo 2025–2028. Esta elección sería bien vista también por el sector privado.
El excanciller Orellana dijo que, pese a tener una buena relación con el presidente Arévalo y afinidad en estudios cuando fueron compañeros en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha tenido ningún acercamiento sobre el tema de elección de magistrados, por lo que desconoce si su nombre ha sido mencionado entre el listado de abogados considerados para el cargo.
De esos nombres también fue mencionado el de Alejandro Balsells actual asesor del gobierno y abogado constitucionalista, pero parece haberse caído de la discusión porque en el pasado fue abogado constituyente de la Constructora Conasa, empresa responsable de la construcción del Libramiento de Chimaltenango y aunque ésto no implica ningún señalamiento específico, en el Ejecutivo consideran que podría ser un desgaste innecesario.
En los últimos días, el abogado especializado en derecho Constitucional y Procesal, Ovidio Orellana, también ha comenzado a resonar en los pasillos del Palacio Nacional. Orellana fue secretario en la CC entre 2003 y 2005 y en 2019 consiguió presidir el CANG.
Como suplente, algunas fuentes cercanas al Ejecutivo plantean que había considerado a Julio Barrios Prado, quien ha asesorado a Arévalo y quien integró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuando trabajaba de la mano con la CICIG y participó en investigaciones en los casos La Línea, La Coperacha, TCQ, entre otros. Los netcenter quisieron vincularlo a una investigación en el caso de Fedecocagua por supuesto lavado de dinero y por ser abogado de Ulrich Gurtner Kappeler en Banrural.
Sin embargo, Prado señaló que no cumple con los requisitos para optar al cargo porque solamente tiene nueve años de ejercicio, por lo cual esa opción sería inviable y que solamente se trata de un rumor infundado.
Otra de las opciones discutidas en el Ejecutivo fue la de la exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia, pero tras el escándalo por la fuga de los pandilleros del Barrio 18, se cayó su postulación.
Además, en el círculo cercano a la Presidencia también se mencionó el nombre de Mariana Rohrmoser, abogada y coordinadora ejecutiva del Frente Ciudadano contra la Corrupción, quien también es analista de justicia, columnista de opinión e hija del expresidente de la CC, Rodolfo Rohrmoser. Pese a ser mencionada, el elegido o elegida para la magistratura suplente aún no está definida.
Algunas otras fuentes plantean que el ejecutivo podría proponer a una persona proveniente de pueblos indígenas. Carmela Curup, la directora del Bufete de Pueblos Indígenas, sería quien se erige como la aspirante de este sector considerada por el Ejecutivo.
- Un terremoto en el CANG: Lemus y Gálvez pasan, Néster Vásquez se derrumba
En el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) todavía existe una partida por jugar. Esta semana se realizó la primera ronda de votaciones para elegir a sus representantes titular y suplente a la CC.
Antes y durante la jornada pasó de todo. Los convivios, rifas y canastas navideñas no fueron suficientes para que los grupos tradicionales de abogados lograran afianzar los puestos necesarios para controlar no solo la elección de magistrados electorales sino también que pudieran mantener su cuota de poder en la CC.
De esta manera el grupo Unidad por la Democracia los ha rebasado pese a los obstáculos. Primero, el 13 de enero, logró ganar la contienda por integrar la Postuladora encargada de elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y ahora, el 4 de febrero, su planilla impulsada para magistrado titular y suplente de la CC, lideró la votación que le permitió pasar a una segunda ronda, dejando en la lona a uno de los contendientes más fuertes.
La planilla encabezada por Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo lograron sortear varios obstáculos como la retirada de uno de los grupos que la apoyaban y la resolución de la Sala Sexta que excluyó el voto de los profesionales de las ciencias afines, un caudal de votos que se ha identificado en las últimas votaciones con Unidad por la Democracia.
La jornada de votación del pasado 4 de febrero se celebró en medio de incertidumbre y descontento, ya que la Junta Directiva del CANG decidió por la madrugada acatar la orden de la Sala Sexta y excluir el voto de los profesionales afines. Los resultados fueron abrumadores para todos, especialmente para la planilla encabezada por Nester Vásquez quien buscaba la reelección y cuyos votos 3285 no fueron suficientes para pasar a la segunda vuelta. La diferencia de votos entre él y el primer lugar ocupado por Lemus fue de 2,600 votos. Mientras que la planilla liderada por el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez quedó en segundo lugar con 4495 votos. Tanto las planillas de Lemus como la de Gálvez lograron también la victoria de sus respectivos candidatos a magistrados suplentes, Luis Fernando Bermejo y Melvin Portillo, respectivamente.
Otro que no logró pasar a la segunda vuelta fue el juez Mynor Moto, quien quedó en cuarto lugar con 1145 votos.
Tras una primera vuelta convulsa en la elección, Astrid Lemus logró imponerse a los grupos tradicionales, pero las alianzas y apoyos para la segunda vuelta serán determinantes. Aunque Lemus obtuvo 5,885 contra los 4,495 de Estuardo Gálvez, quedarían más de seis mil votos huérfanos que ambos candidatos intentarán acaparar para la segunda vuelta programada para este 12 de febrero. La pregunta ante este escenario es: ¿Quién logrará captar los votos de Vásquez y del juez Mynor Moto?
La elección del CANG marcará el tablero de una CC que se perfila como una de las más disputadas de los últimos años.
¿Qué se espera de la CC?
Escenario 1
De acuerdo a las posibilidades que hay hasta el momento, un primer escenario sería favorable a Arévalo y los grupos que lo rodean, en el contexto de los dos años de gobierno que restan, porque conseguiría que el Congreso de la República mantenga a Ronny López, quien ya ha resuelto en su misma línea de intereses.
Además, el presidente nombraría a su propio magistrado, dado que tradicionalmente suelen resolver en favor de quienes los designan. En el CANG falta que se realice la segunda ronda pero la misma se disputará entre Astrid Lemus y Estuardo Gálvez, y con ambos el presidente puede tener margen de diálogo
En el caso de Leyla Lemus, habrían dudas sobre su postura ya que, su “padrino” dentro de la CC es Nester Vásquez, pero también ha mantenido acercamientos con Arévalo y personas cercanas al presidente; de hecho, el mandatario ha mantenido a Luis Romero Ortíz Peláez al frente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), quien es expareja de la magistrada y padre de su hija.
Desde el Ejecutivo miran con buenos ojos la conformación de una Corte que podría cambiar la tendencia de apoyo a los grupos tradicionales que se había logrado con Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Leyla Lemus y Nester Vásquez.
Escenario 2
El segundo escenario se presenta ante las piezas sueltas en el tablero de juego, en las próximas semanas se podrían dar cambios importantes por el cabildeo de Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto en el Congreso.
La pelea en el CANG será una de las más decisivas. Aunque en la primera ronda la planilla Unidad por la Democracia cercana al Ejecutivo y al empresario Dionisio Gutierrez lograron pasar a una segunda ronda con una diferencia holgada de 1390 votos frente a la planilla liderada por el exrector Estuardo Gálvez, el panorama podría cambiar en la segunda ronda. Con la salida de Néster Vásquez y Mynor Moto de la contienda del CANG, esos 4,400 votos podrían inclinar la balanza hacia Gálvez el próximo 12 de febrero. Y aunque el Ejecutivo podría dialogar con Gálvez, esto fortalecería a los grupos tradicionales de abogados.
Mientras que la reconfiguración de fuerzas tras la derrota de Nester Vásquez en el CANG augura serias presiones en la Corte Suprema de Justicia y en la USAC donde se vislumbra la continuación de Consuelo Porras como magistrada de la CC.
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