Las tachas están sobre la mesa, pero no son vinculantes. La Comisión de Postulación votará por los aspirantes a magistrados del TSE aunque varios acumulan múltiples señalamientos por decisiones judiciales polémicas, exclusión de candidaturas, presuntos vínculos con redes de cooptación y cuestionamientos sobre independencia e idoneidad. La decisión final quedará en manos de cada comisionado, que discrecionalmente podrá tomar en cuenta —o ignorar— los expedientes presentados por la ciudadanía, activistas y actores políticos.
Por Rony Ríos
La Comisión de Postulación para integrar la nómina de magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) votará este lunes a los aspirantes, aun cuando varios de ellos acumulan múltiples tachas y objeciones formales por cuestionamientos éticos, legales y de independencia judicial.
Aunque la Ley de Comisiones de Postulación permite recibir señalamientos ciudadanos sobre falta de idoneidad o reconocida honorabilidad, estos no serán vinculantes obligatoriamente, ya que serán los comisionados quienes decidirán si toman en cuenta el señalamiento o no para votarlos.
Este viernes los comisionados empezaron a evaluar los 178 expedientes de los candidatos a dirigir el TSE, la nota mínima aprobada fue de 70 puntos. La revisión se realiza por parejas (entre el comisionado titular y el suplente) que revisarán unos 35 expedientes.
Ranking de aspirantes con más tachas
De acuerdo con la sistematización de expedientes presentados ante la Comisión, estos son los aspirantes que acumulan más señalamientos:
- Alba Susana López Racanac – 4 tachas
Los señalamientos en su contra giran en torno a:
- Tres tachas por la exclusión de más de 1,200 candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana en el proceso electoral 2023.
Formó parte de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que emitió resoluciones que suspendieron decisiones del Registro de Ciudadanos, lo que terminó dejando fuera a más de 1,200 candidaturas.
Las acciones, habrían vulnerado el derecho a elegir y ser electo, restringir la competencia democrática e impactar directamente en el proceso electoral, por lo que se cuestiona su idoneidad para tomar decisiones electorales desde el TSE.
- Una tacha por su vinculación a resoluciones cuestionadas en caso IGSS-PISA, en donde revocó medidas restrictivas a los sindicados y les concedió beneficios a personas señaladas de corrupción. Además, en esta tacha se le señala de prolongar su tiempo en el cargo en la Corte Suprema de Justicia.
- Irma Elizabeth Palencia Orellana – 3 tachas
Expresidenta del TSE señalada por:
- Resoluciones que limitaron la participación electoral.
Señalan que como magistrada del TSE emitió resoluciones que restringieron la participación de candidaturas, vulnerando el derecho de elegir y ser electo y alterando la libre competencia democrática.
- Dos señalamientos relacionados con el sistema TREP 2023.
Se recuerda el proceso penal y acusaciones por fraude, estafa y malversación vinculados a la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales de 2023.
- Lesther Castellanos Rodas – 3 tachas
Exfiscal del Ministerio Público, es el único del grupo más señalado cuyo perfil no proviene del ámbito electoral, sino del penal.
- Caso Virginia Laparra:
Las tachas sostienen que promovió dos procesos penales por los mismos hechos en contra de la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
Acciones consideradas por organismos internacionales como doble persecución y criminalización de operadores de justicia. Se cita el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU como elemento que afecta su honorabilidad.
- Uso del derecho penal como herramienta
El eje central de las objeciones es la instrumentalización del sistema penal con fines políticos.
Los interponentes sostienen que no garantizó independencia, actuó en coordinación con una estructura de persecución selectiva vinculada al abogado Omar Barrios y que su trayectoria no refleja neutralidad.
- Riesgo de traslado del modelo penal al ámbito electoral
La preocupación expresada en las tachas es que un perfil con antecedentes de persecución penal controvertida pueda trasladar esa lógica a decisiones en materia electoral.
Aspirantes con 2 tachas:
- Fernando Linares Beltranena – Exdiputado del PAN: Discriminación en contra de las personas discapacitadas, sus alianzas con sectores que debilitaron la lucha contra la corrupción y reiteradas publicaciones en redes sociales alegando fraude electoral en 2015 y 2023.
- Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños – Magistrado del TSE: Como autoridad del TSE avaló la suspensión de una asamblea de Prosperidad Ciudadana y exclusión de sus candidaturas. Además, se le señala de estar vinculado a la adquisición irregular del TREP y malversación de Q148 millones en la compra del sistema; también actores conservadores lo señalaron de fraude y corrupción electoral.
- José Alejandro Córdova Herrera – Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH): Como procurador habría guardado silencio ante expulsiones de estudiantes Universidad de San Carlos (USAC) y criminalización de líderes indígenas; omisión ante persecución política y libertad de prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también cuestionó su desempeño institucional.
- José Enrique Urrutia Estrada – Guatemala Inmortal: Por haber presentado acciones legales contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), recursos para anular creación de FECI y su vinculación con “Guatemala Inmortal”. Además, se señala el vínculo con la Fundación contra el Terrorismo y Ricardo Méndez Ruiz, defensa de personas condenadas por corrupción, posible relación con offshore “Valores Dinámicos” vinculada al caso Construcción y Corrupción.
- Mario Alexander Velásquez Pérez – secretario general del TSE: Emitió la Circular 2-2023 (doble verificación de finiquitos) utilizada para bloquear inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas como candidatos por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), además, se le señala de conflicto de interés por el caso TREP y la autoprotección ante una investigación penal
- Noé Adalberto Ventura Loyo – magistrado del TSE y exmagistrado de Sala: Por haber emitido resoluciones en la Sala de Femicidio que favorecieron a Efraín Ríos Montt y sindicados en “Cooptación del Estado”, denotando un patrón de decisiones favorables a redes de corrupción y afectando su independencia judicial. Además, se le señala de incumplir con las convocatorias a sesiones del pleno como magistrado suplente y falta de responsabilidad institucional, afectando funcionamiento del TSE.
- Roberto Estuardo Morales Gómez – magistrado de Sala: Como magistrado Sala Sexta habría emitido amparos provisionales para excluir del proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a los agremiados que pertenecen a las ciencias afines, favoreciendo intereses particulares y provocando un conflicto de interés con comisionados. Con sus resoluciones también provocó retrasos en la alternancia del cargo del representante del CANG ante el CSU de la USAC. Fue quien interpuso el amparo que impidió a Gloria Porras ser juramentada como magistrada de la CC.
- Wilber Estuardo Castellanos Venegas – Es señalado por irregularidades en la elección 2019 de representantes de magistrados a la postuladora de la Corte Suprema de Justicia, donde participó como comisionado. Se le vincula con el caso “Comisiones Paralelas 2020”, en donde habría negociado la planilla única para integrar postuladora.
¿Quiénes presentaron más tachas?
El ranking de interponentes muestra una concentración:
Juan Pablo Muñoz Elías – 14 tachas
El Investigador social planteó objeciones contra 14 aspirantes. Sus tachas se enfocan en Comisiones Paralelas, resoluciones judiciales favorables a sindicados y vínculos con estructuras de poder.
Eleonora Muralles Pineda – 4 tachas
La activista fundadora y presidenta de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), planteó cuatro tachas, principalmente por dudar de la independencia judicial y legalidad en procesos de elección.
Cuestionó la participación de Carlos Alberto Solórzano Rivera, Gilma Esperanza Valladares Orellana, Lesther Castellanos Rodas y de Wilber Estuardo Castellanos Venegas.
Mario Rolando Trejo Milián – 4 tachas
El excandidato a representante Profesional del CANG ante el CSU de la USAC planteó objeciones relacionadas con vínculos políticos, familiares y partidarios. Las tachas fueron contra Carlos Amir Tucux Quemé, José Alberto Godínez Rodríguez, Otilio Benjamín López Maldonado y Rudy Marlon Pineda Ramírez.
Con 3 tachas cada uno:
- Carlos René Pineda Sosa: El excandidato presidencial de Prosperidad Ciudadana planteó tachas por su exclusión en el último proceso electoral.
- Edie Josué Cux García: El excoordinador de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y Exdirector de Transparencia Internacional y Acción Ciudadana, planteó tachas por los vínculos de los aspirantes con Ricardo Méndez Ruiz, Zury Ríos y el caso Comisiones Paralelas.
- Edwin Osbel Urízar Beteta: El sindicalista del TSE señaló a tres magistrados por incumplir sus deberes y no acudir a las sesiones convocadas por la presidenta Blanca Alfaro.
El sector político
Dos diputados del Congreso de la República plantearon tachas en contra de los aspirantes:
- Erwin Adim Maldonado Molina, diputado independiente pero electo por la UNE, presentó objeción contra Roberto Estuardo Morales Gómez, señalando negociación indebida de magistratura y afectación ética.
- José Alberto Chic Cardona, diputado de VOS, también presentó una tacha contra el procurador José Alejandro Córdova Herrera por su gestión al frente de la PDH.
- Eduardo Gabriel Masaya Juárez, integrante de la Junta Directiva del CANG y excandidato a diputado por Semilla, objetó la participación de Fernando Linares Bletranena por su posicionamiento en favor de alegar fraude electoral.
La paradoja del proceso
Aunque las tachas revelan un nivel alto de cuestionamiento público, la Comisión no está jurídicamente obligada a excluir a ningún aspirante por estar señalado. De hecho, la postuladora presidida por el rector Walter Mazariegos decidió solamente leer los cuestionamientos y dejar a consideración de cada comisionado si lo toma o no en cuenta para su votación.
Los comisionados confirmaron que el 16 de febrero se pondrá a prueba si las tachas fueron un mecanismo real de control ciudadano o solo un trámite formal dentro de un proceso altamente político, cuando elaboren la nómina de 20 aspirantes que se entregará al Congreso de la República.
Cuando los diputados reciban la nómina deben elegir a quienes asuman las cinco magistraturas titulares y suplentes para tomar posesión el 20 de marzo para el periodo de 2026-2032. Ese pleno tendrá a su cargo el proceso electoral de 2027.
