La falta de acreditación de tres decanos y los desacuerdos para elegir presidente del Organismo Judicial retrasan la juramentación de los integrantes de la postuladora que deben evaluar los expedientes de candidatos a fiscal general. Los comisionados deben elaborar una lista de seis nombres y presentársela al presidente antes de mayo.
Por Alexander Valdéz
La Comisión de Postulación del Ministerio Público (MP) es un espacio clave porque se encargará de definir la lista de aspirantes a fiscal general. Sin embargo, hasta ahora no se ha integrado ni ha sido juramentada por el Congreso de la República, por lo que continúa sin iniciar con sus funciones. Este se trata de otro escenario importante que aún se disputa.
¿Qué está pasando? La comisión, que se integra por 15 personas, no ha podido operar debido a que no se ha completado la acreditación de quienes la deben integrar, manteniendo en suspenso uno de los procesos más esperados de este año: el que definirá la salida de Consuelo Porras del MP, el 17 de mayo.
Por ahora, el presidente en funciones del Organismo Judicial, Rodimiro Lucero, que por ley debe presidirla, confirmó que pidió a los profesionales designados que entreguen sus credenciales para remitirlas al Congreso de la República. La juramentación de los comisionados es un requisito indispensable para que la Postuladora quede formalmente instalada y pueda comenzar a definir las reuniones y la agenda de trabajo. Agregó que se esperaría que esto se dé la próxima semana y la sede de la misma sea la Sala de Vistas del Organismo Judicial.
“Ya fui notificado por el Congreso para convocar a esta Comisión de Postulación e hice los avisos correspondientes a los decanos incluyendo a la presidencia del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor para que entreguen sus representaciones. Hasta el momento estamos pendientes de tres decanos que envíen la acreditación, y ya todos cumplieron”, dijo el magistrado Lucero sin dar a conocer los nombres de los decanos.
La Comisión Postuladora se integrará por 15 personas; 12 decanos de Derecho de las universidades del país, el presidente del Organismo Judicial, por la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la presidenta del Tribunal de Honor de esa institución.
Este espacio es clave, porque quienes integren la Comisión tendrán voz y voto en la conformación de la nómina de seis candidatos a sustituir a Porras al frente del MP. Esa lista será entregada al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la última decisión sobre la o él nuevo fiscal general.
Han pasado 10 días desde la convocatoria y aún no se instala la Comisión, un hecho que para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia podría deberse a la incertidumbre de si Lucero continuará o no en el cargo. “La Ley de Comisiones de Postulación y la Ley del MP, dice que faltando dos meses el presidente de la comisión tiene que convocar. O sea que sí es en mayo, tendrían que tener su primera reunión a marzo a más tardar”, como plazo máximo según la entrevistada.
Acá otra nota que puedes leer:
Una disputa en la CSJ
El atraso en la juramentación del Congreso a quienes integrarán la postuladora no es la única incertidumbre que rodea el proceso. En paralelo, dentro de la Corte Suprema de Justicia existen desacuerdos y una disputa abierta por la Presidencia, un cargo que adquiere relevancia este año, ya que por mandato quien lo ocupa debe presidir esa comisión, además, tiene incidencia directa en la selección de la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
La semana pasada, el bloque mayoritario del pleno de la CSJ intentó concretar la elección de la Presidencia y colocar en ese puesto a la magistrada Claudia Paredes; sin embargo, un cambio de última hora evitó que se realizara la votación y, con ello, el relevo en la autoridad del Organismo Judicial.
Paredes no es la única magistrada que ha buscado ocupar la presidencia: también lo han hecho Mauricio Corado e Igmaín Galicia, los tres identificados como cercanos a Nester Vásquez, Consuelo Porras, Allan Rodríguez y Felipe Alejos, entre otros actores políticos con señalamientos de corrupción.
De esa cuenta, la postuladora sigue presidida por Rodimirio Lucero, quien asumió su magistratura en la Corte Suprema de Justicia con el respaldo del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del tenis”. Desde su llegada a la CSJ, Lucero ha sido un magistrado de oposición al bloque mayoritario del pleno.
Lucero ha formado parte del grupo minoritario que se ha opuesto a varias de las decisiones impulsadas por la mayoría, entre ellas la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones.
Fuentes internas del pleno informaron a Prensa Comunitaria que existe una intención de elegir autoridad y así controlar la postuladora y la elección de la CC, donde se buscaría designar a Consuelo Porras como magistrada titular. Un extremo que no sería nada extraño a partir de que el bloque mayoritario ha sido un aliado de la fiscal general.
La elección del MP
La elección de la próxima o próximo fiscal general es uno de cinco elecciones que se desarrollarán en el país para renovar a sus autoridades, tres de ellos de forma simultánea. Por ahora, los procesos para integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentran más avanzados, este año también se prevé el relevo de la autoridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Contraloría General de Cuentas.
Sobre la comisión del MP, también estará integrada por la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente de su Tribunal de Honor y los decanos de las facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas del país.
Para ser fiscal general, dice el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se deben cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia: ser guatemalteco de origen, gozar de reconocida honorabilidad, estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, ser abogado colegiado activo, tener más de 40 años y contar con experiencia suficiente: haber ejercido como magistrado de la Corte de Apelaciones o tribunales equivalentes durante un período completo, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
Otra nota que puedes leer:
