“Vamos a dirigir el país hasta que pueda darse una transición segura, adecuada y juiciosa”. Con esa frase, pronunciada la mañana de este sábado, Donald Trump confirmó públicamente que Estados Unidos asumirá un control temporal sobre Venezuela tras una operación militar ejecutada durante la madrugada del 3 de enero de 2026, que incluyó ataques aéreos, explosiones en varias regiones y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país.
Por Derik Mazariegos
La operación se desarrolló antes del amanecer. Vecinos de Caracas reportaron explosiones y sobrevuelos, y horas después se conocieron impactos en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, principalmente en instalaciones militares y zonas aledañas. La información fue confirmada por agencias internacionales que dieron cuenta de un despliegue coordinado de fuerzas estadounidenses en el Caribe y en puntos estratégicos del territorio venezolano.
Desde Washington, Donald Trump defendió la acción como una medida de seguridad y justicia internacional y aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán procesos judiciales en Nueva York. En su declaración pública, Trump afirmó que Estados Unidos administrará Venezuela de forma temporal hasta que, según sus palabras, pueda darse una transición segura, adecuada y juiciosa. Añadió que su gobierno impulsará una reorganización del sector petrolero venezolano, con la entrada de empresas estadounidenses para reparar infraestructura y reactivar ingresos, y advirtió que su administración estaba preparada para una segunda fase militar si la situación lo requiere.
El componente judicial fue reforzado por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien confirmó que Maduro y Flores fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Según explicó, los cargos incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos con fines dirigidos contra Estados Unidos. Bondi afirmó que ambos enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y agradeció al presidente y a las fuerzas armadas por su papel en la operación. Subrayó que las imputaciones combinan delitos de narcotráfico con otros de carácter terrorista y de armamento de guerra, sustentados en investigaciones de larga data del Departamento de Justicia.
En el plano político, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó públicamente la operación y la presentó como una acción conjunta de seguridad nacional y aplicación de la ley. De acuerdo con sus declaraciones, la captura de Maduro no responde únicamente a la remoción de un líder, sino a la necesidad de supervisar un periodo de transición que, según el gobierno estadounidense, impida la continuidad de redes criminales y garantice estabilidad regional. Su postura alineó al Departamento de Estado con la decisión anunciada por la Casa Blanca de ejercer una administración temporal sobre Venezuela.
En Caracas, el gobierno calificó lo ocurrido como una agresión militar, declaró estado de emergencia y anunció planes de movilización. Altas autoridades venezolanas afirmaron no tener certeza pública inmediata del paradero del presidente tras la operación y exigieron pruebas de vida. En paralelo, se activaron protocolos de seguridad y comunicaciones oficiales mientras persistía la incertidumbre sobre el control efectivo del territorio.
Trump también descartó cualquier coordinación con la oposición venezolana. “No tuvimos contacto con María Corina Machado. Es muy difícil que sea la líder. No cuenta con el apoyo del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto necesario”, afirmó el presidente estadounidense. La declaración marcó un distanciamiento explícito de una de las figuras más visibles del antichavismo y reforzó la idea de que la hoja de ruta anunciada por Washington no pasa por liderazgos opositores internos, sino por un esquema de administración definido desde Estados Unidos.
El alcance humano de la ofensiva seguía siendo impreciso. Aunque se confirmaron daños materiales y enfrentamientos puntuales, no había un balance oficial de víctimas, con cifras variables según las fuentes. Analistas advirtieron que, más allá de la captura del jefe de Estado, el poder real en las próximas horas dependerá de la capacidad de mando de las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad, las élites del partido gobernante y el control territorial en gobernaciones y ciudades clave.
La reacción internacional fue inmediata. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó preocupación y habló de un precedente peligroso. Venezuela y Colombia promovieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad, donde el debate se centró en la legalidad de la acción, ya que Estados Unidos la encuadró como una operación de seguridad y justicia, mientras numerosos gobiernos la calificaron como una violación de la soberanía y del marco de la Carta de la ONU.
Dentro de Estados Unidos, la ofensiva también abrió un frente de cuestionamientos políticos. La congresista Norma Torres calificó los ataques como ilegales y temerarios, y sostuvo que el presidente no tiene facultades para declarar una guerra sin autorización del Congreso. En un pronunciamiento público, advirtió que la decisión pone en riesgo a personal militar estadounidense y acusó al mandatario de utilizar a las fuerzas armadas como una herramienta personal, al margen de la Constitución.
En América Latina, la región quedó dividida, con un predominio de rechazo a la intervención. Brasil calificó la operación como inaceptable y activó medidas ante un posible impacto migratorio. México, Colombia y Chile insistieron en una salida política y condenaron el uso de la fuerza. Argentina expresó respaldo a la salida de Maduro. Guatemala se sumó a los llamados a cesar las acciones militares y a respetar el derecho internacional, alertando sobre una posible escalada regional.
En las próximas horas, la atención estará puesta en el control de aeropuertos, puertos y telecomunicaciones, en la respuesta popular entre protestas opositoras y movilización chavista, y en la correlación de fuerzas que se configure en el Consejo de Seguridad. También se observan con cautela los efectos regionales, desde cierres fronterizos puntuales hasta impactos en mercados energéticos y rutas del Caribe, en un escenario que mantiene a Venezuela y a la región en máxima tensión.
