El hondureño fue un cómplice necesario en la empresa de tráfico de la que Estados Unidos acusa el depuesto presidente venezolano.
Por Héctor Silva Ávalos
Al dictador venezolano no lo juzgarán en Nueva York por crímenes de lesa humanidad ni por someter a sus gobernados a un régimen autoritario. Nicolás Maduro se sentará en el banquillo acusado por narcotráfico bajo las mismas premisas que en 2024 valieron una condena a 45 años de cárcel al expresidente de Honduras, hoy perdonado por Donald Trump. ¿Por qué uno sí y el otro no?
La acusación que la fiscalía estadounidense del distrito sur de Nueva York presentó al juez Alvin Kellerstein el 3 de enero pasado, tras la captura de Maduro en Caracas, dice que el depuesto presidente venezolano encabezó, desde hace casi dos décadas, una empresa estatal de narcotráfico que llegó a mover 200 toneladas de cocaína al año, la mayoría hacia Estados Unidos.
También dice esa acusación que el puente centroamericano, sobre todo la ruta que une Honduras y Guatemala con México, fue parte importante en esa empresa.
“El tráfico de cocaína floreció. Funcionarios venezolanos -incluido Maduro- se asociaron con grupos narcoterroristas que despachaban cargamentos de cocaína procesada en Venezuela hacia los Estados Unidos a través de escalas en Honduras, Guatemala y México”, escriben los fiscales en el documento acusatorio.
Es decir: buena parte de la droga venezolana que según Estados Unidos movió Maduro pasó por el puente hondureño. Y pasó por ahí en los años en que Juan Orlando Hernández, según quedó establecido en el memorándum de sentencia dictado en 2024 contra el expresidente de Honduras, era el jefe de un narcoestado al servicio de los grupos que movían la droga que salía de Venezuela, el más importante de ellos el cartel de Sinaloa, también nombrado cómplice de Maduro en la acusación estadounidense.
Lo que no dice específicamente la acusación al venezolano, pero sí aparece en los legajos del juicio a Hernández, es que los “grupos narcos” con los que los fiscales estadounidenses relacionan a Maduro no incluyen solo a los carteles tradicionales de la droga o a las narcoguerrillas colombianas de las FARC y el ELN, sino también a las bandas hondureñas y, eventualmente, a Hernández, uno de sus patrocinadores y, según la justicia estadounidense, miembro de pleno derecho.
No hay Venezuela sin Honduras ni Maduro sin Juan Orlando
La lógica de los fiscales, expuesta en parte en el juicio a Hernández pero también en los procesos abiertos a otros narcos centroamericanos, es esta: la cocaína traficada por Maduro y los suyos hacia el norte salía de Venezuela y de ahí era llevada por subcontratistas centroamericanos que la entregaban a los carteles mexicanos, los que al final la llevaban a los distribuidores en el gran mercado, el estadounidense.
A la fiscalía neoyorquina le falta probar el extremo venezolano en una corte, donde deberá demostrar que Nicolás Maduro era, en efecto, el líder de la empresa en su país y que hizo de este la plataforma de lanzamiento de la coca utilizando la fuerza del estado. La otra parte, la del extremo hondureño del tinglado, ya la probó: la condena a Juan Orlando Hernández establece que el expresidente dirigió un narcoestado al servicio de las mismas organizaciones que movieron la cocaína que, se supone, Maduro metía en la autopista regional.
Los fiscales que acusan a Maduro aseguran que la empresa narcotraficante que atribuyen a funcionarios venezolanos se instaló en 1999, con el ascenso de Hugo Chávez al poder.
Desde finales de los 80, los flujos de cocaína originados en Colombia y Venezuela han pasado por Centroamérica, en especial por Honduras. Si se toman como certeras las trazas observadas por diferentes oficinas estadounidenses e internacionales, como el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos o la Oficina de Naciones contra las Drogas, las modalidades -aérea, terrestre o marítima- cambian de acuerdo con las circunstancias pero las rutas se mantienen constantes.
Para inicios de la década 2010, cuando Juan Orlando Hernández crecía en el mapa político hondureño, primero como presidente del Congreso y luego como candidato presidencial, la mayoría de la cocaína llegaba por aire desde Suramérica hasta las selvas del noreste de Honduras, La Mosquitia, sobre todo a pistas, militares o clandestinas, regentadas por políticos y operadores locales como la banda Los Cachiros o por Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano de JOH, según muestran decenas de folios y testimonios anexos al proceso seguido en Nueva York contra el expresidente centroamericano.
Fue durante la primera década de este siglo que, gracias en buena medida a la reconfiguración de las guerrillas colombianas en grandes organizaciones de narcotráfico y a la connivencia del régimen chavista, Venezuela se convirtió en una importante plataforma del tráfico aéreo, sobre todo desde pistas ubicadas en Apure. De ahí, las aeronaves partían a la selva hondureña, mientras en el país centroamericano se abría una gran avenida terrestre que iba desde La Mosquitia y Olancho, el departamento más grande del país, hasta la frontera con Guatemala.
Varias bandas locales controlaban la ruta en Honduras, pero dos fueron las más importantes, Los Cachiros en el Norte y Los Valle en occidente. Fueron esos los grupos con los que Hernández trabajó para mover droga y a las que luego, de acuerdo con las investigaciones abiertas en Estados Unidos y Honduras desde al menos los 2008, traicionó para que él y su hermano se hicieran con el control del negocio.
Luego, Hernández mantuvo el control del narcotráfico en su país desde mediados de la década pasada hasta su salida del gobierno en 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos para ser enjuiciado. Y fue ese control lo que facilitó el paso de la droga que venía del sur.
En esa época, según la acusación recién presentada contra Maduro, la empresa continental de narcotráfico, de la que los presidentes venezolano y hondureño eran partes activas, “habilitó la corrupción alimentada por el tráfico de droga a lo largo de la región. Los puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también dependían de la corrupción, como parte de la cual los narcotraficantes que operaban en esos países pagaban una porción de sus ganancias a los políticos que los protegían y los ayudaban”.
Sigue la acusación a Maduro con un argumento que es casi calcado de lo expuesto en el juicio a Hernández: “Los políticos usaban el dinero de la cocaína para mantener y aumentar su poder… Los narcotraficantes les pagaban… para operar con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela hacia el norte, hacia Estados Unidos”.
Se trata, en general, de dos documentos acusatorios con argumentos y descripciones similares. Ambos hablan de estados que facilitaron los crímenes y el tráfico y, más aún, que eran parte central de la empresa criminal, y los dos describen a los líderes de esos estados como jefes de sus respectivas organizaciones.
Aliados confiables o narcoterroristas
El asunto también toca a los gobiernos guatemaltecos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuyas administraciones o parte de sus mandatos coincidieron con el ascenso de Hernández en Honduras y con el aumento en el tráfico de cocaína enviada desde Venezuela en connivencia con las narcoguerrillas colombianas y los carteles mexicanos, sobre todo el de Sinaloa, hacia el corredor centroamericano.
Leídos juntos, los legajos judiciales en los casos contra Maduro y JOH dicen esto: el tráfico regional fue posible porque los narcos pagaron a funcionarios corruptos en Guatemala, Honduras y México. Los centroamericanos fueron, en algún momento, “aliados confiables” de Washington, todos. Y eso es de lo que se sigue quejando el hondureño Hernández, de que lo extraditaron a pesar de que él había colaborado con las políticas estadounidenses en la región.
A Hernández Trump lo perdonó, sabemos ahora, como parte de una política de cabildeo que ha procurado el perdón del expresidente narcotraficante, de estafadores, funcionarios corruptos y acusados de subvertir el orden público durante la toma del Capitolio en Washington el 6 de enero pasado. Los críticos de Trump, desde el partido demócrata pero también desde la academia, no han parado de repetir la misma pregunta desde que las fuerzas especiales invadieron Caracas para detener a Maduro: ¿Si es para combatir el narcotráfico en la región, qué sentido tiene capturar al presidente que facilitó la salida de la cocaína de Venezuela si se deja en libertad al presidente que liberó el paso de la droga por la ruta centroamericana?
