Alejandro Córdoba ha permanecido en silencio ante la persecución de actores críticos a Consuelo Porras o del último gobierno como Procurador de Derechos Humanos (PDH), pero ahora aspira a ocupar un cargo clave que marcará el rumbo de los procesos electorales de 2027 y 2031.
Por Alexander Valdéz
Un rumor que circulaba desde 2025 se ha confirmado. Alejandro Córdoba, que dirige la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha aparecido y no para responder ante los casos de persecución y criminalización en los que se vulneran derechos de periodistas, estudiantes, activistas, autoridades indígenas, jueces o fiscales; al contrario, quiere ocupar otro puesto de poder.
Córdoba madrugó para llegar al Congreso de la República y entregar su expediente ante la Postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el que pretende ser magistrado titular de la institución. Un espacio clave que rige las reglas del juego dentro de nuestro proceso democrático y que lo hará durante dos eventos electorales, que serán en 2027 y 2031.
“Antes que nada dándole gracias a Dios y poniendo todo en manos de él. Esperando que se haga su voluntad y velando por una mejor Guatemala. El guatemalteco se lo merece, tenemos que venir y proteger el voto. Hemos estado acompañando otros eventos electorales, en los que he ganado experiencia para venir y ostentar el cargo del Tribunal Supremo Electoral. Hay muchas cosas por hacer”, dijo Córdoba.
La postura del jefe de la PDH es contradictoria con la asumida en el último evento electoral de 2023, cuando el grupo encabezado por Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana intentó anular los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Sin embargo, el funcionario no reaccionó ni emitió postura al respecto.
Su círculo
Alejandro Córdoba llegó a la PDH respaldado por una Legislatura dominada por el expresidente Alejandro Giammattei y el partido Vamos, así como por otros grupos políticos ultraconservadores que lo apoyaron en 2022.
Su período al frente de la PDH concluye en 2027, por lo que no ha renunciado al puesto y mantiene esa función mientras impulsa su candidatura a una magistratura del Tribunal Supremo Electoral. Entre sus principales aliados figuran Consuelo Porras y el diputado Allan Rodríguez, así como otros funcionarios que, en su mayoría, están próximos a dejar sus cargos dentro del sistema de justicia.
En 2023, fue cuestionado porque presentó una denuncia contra su antecesor Jordán Rodas, lo que impidió participar en las elecciones generales de ese año con el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
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