El presidente Bernárdo Arévalo asegura que lo ocurrido el 13 de diciembre fue un ataque contra el destacamento militar mientras que familiares de las víctimas afirman que fue un ataque del Ejército a la población. La versión de los vecinos también lo confirma un circunstanciado policial al señalar que un helicóptero sobrevolaba el área y que disparó a civiles y policías, este informe fue desmentido por las autoridades afirmando que los agentes bajo retención fueron obligados a escribir tal informe.
Por Lucero Sapalú
Tras un choque armado ocurrido el pasado 13 de diciembre, vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán, acusan a los pobladores de Nahualá de atacar el destacamento militar ubicado en ese municipio mientras que los vecinos de Nahualá señalan que personas de Ixtahuacán junto al ejército de Guatemala atacaron a un grupo de canteros.
El gobierno de Guatemala ha señalado que grupos del crimen organizado buscan aprovechar este conflicto territorial comunitario para tener el control del área para trasiego de ilícitos. El resultado de estos hechos que no quedan claros son 13 supuestos canteros fallecidos, originarios de Nahualá, 11 militares y cinco policías heridos.
Este choque armado se da en la zona limítrofe entre ambos municipios del departamento de Sololá muy cerca de la carretera Interamericana, a unos 169 kilometros de la ciudad de Guatemala.
El presidente Arévalo y el Ministerio de la Defensa atribuyen estos hechos que alarmaron a la población de ambos municipios de Sololá a un grupo del crimen organizado que busca expulsar al Ejército del lugar, mientras que el alcalde de Vamos, Manuel Guarchaj, y algunos vecinos de Nahualá insisten en negar la versión oficial y señalan al ejército como responsable de una emboscada a canteros y de asesinarlos.
Las primeras versiones de los hechos lo narran la población y el alcalde de Nahualá quienes aseguran que los primeros seis canteros fueron emboscados por un grupo supuestamente del ejército acompañado por vecinos de Ixtahuacán. Aseguran que las otras personas fallecidas eran quienes iban a ayudar al rescate de los primeros fallecidos cuando supuestamente un helicóptero militar de Guatemala disparó generando más muertes.
El ejército de Guatemala ha negado este extremo y señala que la población iba fuertemente armada y que disparó contra el helicóptero que sobrevolaba el área para el rescate y traslado de los militares heridos. Los vecinos y autoridades municipales de Nahualá niegan que los canteros iban armados, aunque los videos mostrados por las autoridades de defensa muestran al grupo de “canteros” fuertemente arnados y posicionados en el terreno.
Es la primera vez que la municipalidad de Nahualá o los vecinos exigen el retiro del ejército guatemalteco en esta zona de conflicto, el alcalde Guarchaj quien se reelige por un tercer periodo pertenece al partido político que durante el gobierno del expresidente Giammattei mantuvo militares en el lugar.
Los primeros tres asesinados el 13 de diciembre
Era un día normal para la familia de Felipe Yaxón Carrillo de 48 años, una de las 13 víçtimas del ataque armado el 13 de diciembre en el lugar conocido como el Cerro Chipac, del cantón Pachipac del municipio de Nahualá, Sololá, del altiplano guatemalteco.
Eran a las 8:00 horas cuando Yaxón Carrillo junto con sus dos hijos Cruz Nehemías Yaxón Coj de 22, Edwin de 17 y su sobrino, Pablo Rosario Coj Tambriz, de 32 tomaron sus herramientas como diariamente lo hacían y se dirigieron en su vehículo tipo pick up hacia el cerro Chipac donde trabajaban como canteros para elaborar piedra de moler.
Sin embargo, un grupo armado, supuestos militares y vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán los interceptó y posteriormente aparecieron sin vida. Un familiar de las tres víctimas que solicitó el anonimato reveló que localizaron a los cuerpos entre 100 a 50 metros de donde quedó el vehículo donde se conducían.
Los agentes policiales, según se ha observado por medio de vídeos, rescataron los cuerpos de algunas personas para trasladarlos hacia el centro de la población a una escuela.
En un circunstanciado policial que enviaron elementos de Nahualá al comisario de Sololá cita que a las 11:05 horas llegó un grupo de 15 mujeres pidiendo ayuda debido a que escucharon disparos y hablaron de personas fallecidas en lo alto de la montaña. Posteriormente más vecinos se sumaron a la solicitud de auxilio. “Se escuchaban detonaciones de arma de fuego de distintos calibres” al momento de rescatar cinco cuerpos, afirma el informe policial.
Mientras algunas personas lloraban a sus familiares asesinados, la población se empezó a organizar para dar una conferencia de prensa a medios locales presentes y exigir el retiro del ejército a quienes señalaban de los ataques. En el vídeo se puede observar que los agentes policiales acompañaban a la población mientras que un helicóptero sobrevolaba el área y al fondo se escuchaban disparos. Posteriormente las autoridades señalaron que el circunstanciado fue escrito por policías bajo amenazas de los pobladores y que por eso se interpuso una denuncia para que se investiguen los hechos.
El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que a las 14:40, “sobrevolaba un helicóptero militar, disparando en contra de la integridad física de la población civil y personal policial”.
Como se observó en la transmisión y cita el informe agentes policiales solicitaron cese al fuego para “evitar más muertes violentas”. Con el paso de las horas, a eso de las 16:50 horas la población informó “que a causa del sobrevuelo realizado por el helicóptero color azul y blanco del Ejército de Guatemala y disparos que realizaron desde el aire, tres personas murieron y que se iniciaría nuevamente su búsqueda”.
Las autoridades municipales informaron que han sido 30 días desde que se reactivó este conflicto entre comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán por supuestos problemas de límites territoriales. Pero el día más violento fue el 13 de diciembre donde se reportaron 13 personas fallecidas, 11 militares y cinco agentes policiales heridos por armas de grueso calibre.
Posteriormente, el titular del Ministerio de Gobernación, Marco Villeda aseguró que los agentes de esta estación estuvieron retenidos por los pobladores hasta lograr ubicar a los fallecidos. En total se registraron seis fallecidos. Los pobladores no permitieron realizar las necropsias para determinar las causas de muerte dijo Villeda.
Luego del ataque los vecinos de Nahualá bloquearon la carretera durante la tarde del sábado 13 para exigir al gobierno acciones concretas. En vídeos que circularon en redes sociales se observa una gran cantidad de personas con pasamontañas y con armas largas evitando el paso de los vehículos.
Un ataque a un destacamento militar
Arévalo señaló el domingo 14 de diciembre en una conferencia de prensa que “grupos criminales buscan expulsar a las fuerzas de seguridad en el lugar… sí tenemos información que es una zona de trasiego de distinta índole de las zonas de la boca costa y costa… Ya no es un tema de conflicto entre comunidades sino ya se está atacando a las fuerzas de seguridad para expulsarlos de esa zona”, destacó.
El mandatario señaló que en ningún momento se disparó a la población y que el helicóptero que sobrevolaba el lugar era destinado como ambulancia ante el reporte de soldados heridos.
Desde el 14 de diciembre se declaró Estado de Prevención en ambos municipios y se ha reforzado la seguridad con más de 360 elementos policiales.
El 17 de diciembre en una nueva conferencia de prensa, Arévalo recalcó que son grupos criminales los que buscan expulsar al Ejército y que las fuerzas castrenses “no atacaron a ninguna población, sino que respondieron con fuego defensivo cuando fue atacada por estos grupos ilegales”, puntualizó el mandatario.
“No es el producto del conflicto histórico, había un grupo ilegal, entrenado, con evidente capacidad organizativa que estaba posicionándose y que fue capaz de sostener un ataque contra las posiciones militares”, puntualizó el funcionario.
En el informe del Ministerio de Gobernación y la Defensa inicialmente el 14 de diciembre indicaron que eran cinco muertos, posteriormente elevaron la cifra a seis fallecidos. Durante ambas conferencias las autoridades presentaron vídeos donde se observa a un grupo de personas con pasamontañas, con armas largas de uso exclusivo del ejército desplazándose supuestamente hacía la base militar ubicada entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. Esta base militar se ubicó en esta área con el objetivo de evitar el choque armado entre dos grupos antogonicos en esta zona.
Autoridades municipales y pobladores exigen esclarecer los hechos
El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tzep, quien ocupa su tercer periodo en el gobierno municipal re electo por el partido VAMOS dio a conocer que la población solicitó al gobierno de Guatemala acciones para frenar esta ola de violencia que nuevamente afecta a su municipio.
Además, aseguró que son 13 personas las fallecidas que fueron emboscadas por el ejército, “Repudió esta matanza contra los canteros, fueron asesinados y torturados según los vecinos, lo más triste el Ejército de Guatemala… Lo que ha manifestado el pueblo de Nahualá es el Ejército. Como pueblo vamos a demandar en su momento que se esclarezca este acto de cobardía y masacre de las 13 personas, niños de 14 años que estaban aprendiendo el oficio con su papá”, aseguró Guarchaj Tzep.
Según el alcalde de Nahualá los otros fallecidos eran vecinos que estaban en su casa en el área y que el helicóptero disparó contra ellos, sin embargo, otras versiones de pobladores señalan que eran algunas personas que continuaban buscando a los desaparecidos cuando supuestamente el ejército les disparó desde el helicóptero.
El gobierno ha descartado y niega estos señalamientos de los pobladores y sostiene que fue un ataque al destacamento militar.
Las autoridades de Santa Catarina Ixtahuacán sostienen que el grupo de vecinos de Nahualá “encapuchados y con armas de uso exclusivo del ejército” atacó el destacamento militar y a este municipio. Además, bloquearon la ruta Interamericana.
“Siempre han actuado en una total anarquía que impera en el municipio de Nahualá, un pueblo que no tiene respeto por la vida…los sicarios de Nahualá se jactan que vienen a trabajar pero vienen atacarnos y al ejército también”, detalló el concejal primero, Sabino Tambriz, mano derecha del alcalde, Pascual Tambríz Tzep, quien guardó silencio por estos hechos.
Tambriz Tzep lleva su tercer periodo al frente de la comuna, ha estado en diversos partidos políticos, su última elección fue con el partido VAMOS. El jefe edil fue ligado a proceso penal por los delitos de instigación a delinquir y abuso de autoridad el 19 de junio de 2024, justamente por el conflicto territorial ya que según autoridades instó a la violencia mientras se buscaba solución en una de las reuniones.
Los pobladores de Nahualá por medio de un comunicado en redes sociales exigieron la investigación del caso, “El destacamento militar en lugar ha generado violencia, han disparado contra civiles de Nahualá, los atacados no eran delincuentes…fueron secuestrados y torturados. Exigimos esclarecimiento de los hechos”, puntualizó una representativa de belleza en la comunidad, Judith Chox Ixmatá, junto a varios vecinos de la localidad.
Ninguno de los dos municipios había solicitado el retiro del ejército de Guatemala, en ningún gobierno, sería en diciembre de 2025 durante el gobierno de Arévalo la primera vez que la municipalidad y vecinos de Nahualá demandan el retiro del destacamento militar.
Un familiar de cuatro víctimas señaló que se analizan acciones legales contra el Estado de Guatemala, contra el Ejército y el presidente Arévalo por los actos contra los 13 fallecidos. Además, resaltan que solicitaron exhumaciones debido a que los cuerpos no fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) supuestamente por temor a que los actos de violencia continuaran.
Un diálogo que no avanza
El presidente señaló que estas acciones de reforzar la seguridad van acompañadas de los diálogos para lograr consensos para poner fin a este conflicto. El mandatario aseguró que la reunión más reciente de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecon) fue el 10 de diciembre, “el Gobierno continúa trabajando por medio de la facilitación de diálogos para ponerle fin a este conflicto histórico”, puntualizó.
El titular de la Comisión, Otto Zeissig, destacó que se han realizado varias reuniones desde agosto, en Santa Catarina Ixtahuacán llevan cuatro y cinco con Nahualá, que incluye a las autoridades municipales y población.
“No existe condiciones en este proceso de negociación para que representaciones de los dos municipios acudan a negociación a reuniones simultáneas, se hacen de manera pendular, es decir con cada municipio”, detalló Zeissig.
Analista: Se debe esclarecer y gobierno no debe ceder
Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), calificó esta situación “como violenta y de ingobernabilidad”, afirma que ante esto se debe crear un plan con cuatro ejes principales y buscar el diálogo para resolver los temas que están vinculados a las comunidades.
“El primer punto fundamental, es la protección de las comunidades. El segundo punto tiene que ser el diálogo para reducir el nivel de violencia relacionado al conflicto histórico. El otro punto que me parece fundamental es que tiene que haber como programa de prevención, un plan de desarme. Yo creo que no podemos permitir que los conflictos se eleven a nivel de violencia y de violencia armada. Y un cuarto elemento tiene que ser un programa y una investigación real de lo que realmente ocurrió” detalla el analista.
Asturias resalta que hay algunas dudas del actuar de fuerzas de seguridad, el actuar de grupos armados que están en la zona, “me parece muy importante para resolver el conflicto, tener claro, se ha hablado ya de la importancia de la inteligencia, para saber realmente qué es lo que está pasando, cuáles son los grupos violentos armados que están en la zona. Evidentemente eso es lo que vulnera a las comunidades”, enfatiza.
Asturias recalca que es importante la investigación, la información exacta de lo que pasó, “es fundamental establecer la responsabilidad justamente, si fueron los grupos armados violentos que se sabe que están en la zona o si fueron fuerzas de seguridad. O las dos cosas. Creo que hay que delimitar de manera importante la responsabilidad, pero también creo que es importante la responsabilidad del Estado de tener el control sobre estas áreas”, explica.
El analista concluye que se debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias del caso pero no ceder el territorio porque también “hay grupos de crimen organizado y también hay grupos armados en el sector. Entonces no se puede tampoco retirar o dejar el espacio vacío a las estructuras de crimen organizado, pero sí hacer una investigación y saber exactamente lo que pasó para delimitar las responsabilidades incluso de las fuerzas de seguridad”, finalizó.
MP solicitará exhumaciones
El Ministerio Público aseguró por medio de la Fiscalía de Distrito de Sololá, ha realizado coordinaciones con la PNC y el alcalde de la localidad. “Esto se hizo con el propósito de asegurar el área y, de esa manera, permitir el ingreso de los fiscales para realizar el procesamiento de los escenarios criminales, efectuar las diligencias de investigación correspondientes, y recabar indicios que permitan individualizar a los autores materiales e intelectuales de las acciones cometidas en contra de las autoridades”.
Asimismo, señalaron que como parte de estas investigaciones “en su momento se estaría solicitando una diligencia de exhumación con autorización judicial con el objetivo de establecer la causa de la muerte”.
La historia se repite
La historia parece repetirse nuevamente, en diciembre de 2021 durante el gobierno de Alejandro Giammattei fueron masacradas 13 personas de Nahualá entre niños y mujeres. En su momento se señaló a los vecinos de Santa Catarina de haber cometido estos hechos y se generó un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad donde falleció un agente policial. Por este caso se capturó a cuatro guardabosques señalados de atacar a los agentes.
Cuatro años después se registra un nuevo acto de violencia que enluta a las familias de esta comunidad indígena Kiché, la diferencia fue el ataque de un grupo armado al destacamento militar.
El 14 de diciembre ante la mirada de miles de personas, madres, padres e hijos se despedían de sus seres queridos, víctimas de un conflicto escalado y que ahora según el gobierno ya no se trata de una disputa entre comunitarios sino una incursión del crimen organizado en el territorio.
