“Estamos satisfechos y reivindicados en nuestra lucha pacífica al saber que la empresa KCA perdió su apuesta a ganar millones de dólares a través de este proceso de arbitraje internacional, lo cual inició sabiendo que jamás ha tenido la posibilidad de obtener el consentimiento de las comunidades que siempre han dicho no a su proyecto inviable, que ni la misma empresa minera logró sustentar en un sistema de arbitraje hecho a modo para la protección de las inversiones de las empresas transnacionales”.
– Resistencia pacífica de la Puya
Por Derik Mazariegos
La Resistencia Pacífica La Puya ofreció una conferencia de prensa en su plantón comunitario, en San José del Golfo, para fijar su posición frente a la decisión del Tribunal Internacional de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el caso impulsado por la empresa Kappes, Cassiday & Associates (KCA) contra el Estado de Guatemala.
El pronunciamiento comunitario se dio luego de que se conociera una resolución favorable al Estado guatemalteco en el arbitraje iniciado por la empresa tras la suspensión del proyecto minero Progreso VII Derivada, ordenada por cortes nacionales debido a la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.
La Puya recordó que el litigio se activó en 2018 y se prolongó durante siete años. La empresa demandó al Estado por USD 499 millones.
Según la Resistencia, el arbitraje tuvo su origen en la imposición del proyecto minero y en la negativa de administraciones anteriores del Estado de respetar la voluntad de la población, que desde un inicio expresó su rechazo a la minería de metales preciosos en defensa de la vida, el agua y el territorio. Indicaron que esta actuación estatal, en contubernio con la empresa, derivó en conflictividad local, intimidación, represión y criminalización de comunidades y liderazgos que se opusieron al proyecto.
La Puya señaló que la empresa recurrió al Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) para demandar al Estado por una decisión judicial interna. Desde su perspectiva, este caso evidencia el carácter desigual del sistema de arbitraje internacional, que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados, mientras las comunidades no cuentan con mecanismos equivalentes para exigir justicia por los daños que sufren.
Durante la conferencia, la Resistencia recordó que su proceso organizativo inició en 2011 y que se asume como parte de los pueblos Maya Kaqchikel y Xinka. Subrayaron que su lucha trasciende el territorio de La Puya y se inscribe en una defensa más amplia del agua, la vida y el territorio frente a la crisis climática y al modelo extractivo que afecta a distintas regiones del país.
La organización comunitaria afirmó que durante años construyó argumentos técnicos y legales que demostraron que la empresa no cumplió con la normativa guatemalteca y que el proyecto nunca debió ser aprobado. Estos mismos elementos, señalaron, fueron utilizados por el Estado en su defensa durante el arbitraje, proceso en el que también se habría realizado una cuantificación de los daños ambientales asociados al proyecto minero. La Puya indicó que esto significó un reconocimiento expreso a la legitimidad de su resistencia y a su nivel de organización.
En su mensaje, la Resistencia sostuvo que el resultado anunciado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirma la solidez de la documentación acumulada sobre lo ilegal e indefendible del proyecto. Afirmaron que, incluso sin conocerse aún el laudo final, no les sorprende que la empresa no lograra sustentar sus reclamaciones ante el tribunal.
La Puya también expresó satisfacción por el resultado del proceso, al señalar que la empresa perdió su pretensión de obtener millones de dólares mediante un arbitraje que, desde su visión, fue iniciado aún sabiendo que nunca contó con el consentimiento de las comunidades. Criticaron que estos mecanismos estén diseñados para proteger inversiones transnacionales, incluso cuando los proyectos no son viables social ni ambientalmente.
Finalmente, la Resistencia calificó el arbitraje internacional como un sistema injusto y unilateral, parte del extractivismo, en el que el Estado “no gana, simplemente no pierde”. Plantearon que Guatemala se encuentra en un momento clave para revisar los compromisos asumidos en tratados de inversión y evaluar si conviene mantenerse en ellos, considerando los costos sociales, ambientales y económicos.
La conferencia cerró con una exigencia concreta. La Resistencia Pacífica La Puya reiteró que su lucha continuará hasta la cancelación definitiva del proyecto Progreso VII Derivada y el no otorgamiento de nuevas licencias de explotación minera en la región, reafirmando su consigna histórica: “Sí a la vida, no a la minería”.
