“La autoridad presidencial de perdonar, de forma incondicional o no, o de cambiar una sentencia, no tiene restricciones, pero el efecto legal de ese perdón es mucho más limitado. Un perdón no es una declaración de inocencia y no borra la condena original.”
Michael J. Davidson, jurista y académico del ejército de los Estados Unidos.
Héctor Silva Ávalos
Narrativa. La palabra está de moda en la comunicación política, en el periodismo, en la academia, el cine, el arte. No hay realidad sin narrativas o la realidad es, solo, una colección de narrativas; esas son dos frases escuchadas hace muy poco en conversaciones sobre las tendencias políticas actuales en los Estados Unidos y Centroamérica. Otra, sobre el perdón de Donald Trump a Juan Orlando Hernández, el expresidente narcotraficante de Honduras: la condena a JOH se basó, solo, en narrativas.
Más ejemplos actuales, en Centroamérica y el mundo. El triunfo de Bernardo Arévalo en las presidenciales guatemaltecas en 2023 fue producto de un fraude, la narrativa promovida por los voceros de lo que en Guatemala se conoce como el pacto de corruptos.
La realidad es una. Las narrativas son las construcciones lingüísticas con las que se la cuenta o reconstruye. Y esas narrativas, parafraseando al escritor español Javier Cercas, pueden ser con ficción o sin ficción.
No es que todas las narrativas sean, per se, verdad, mentiras o construcciones idiomáticas a medio camino entre unas y otras. Son eso: construcciones lingüísticas. Algunas están hechas para cumplir objetivos específicos, políticos, personales o de grupo y no siempre son fieles, éticas, siquiera aproximadas a la realidad, y en ellas el interés de los menos suele imponerse al de los más. Pero las hay, también, construcciones lingüísticas que intentan reproducir, dentro de los límites de lo posible y lo ético, algo que ya pasó y cuya publicidad es de interés público.
Narrativas las hay que son mentiras desde la mayúscula inicial hasta el punto final, como el asunto de Arévalo y su elección en 2023. El presidente de Guatemala lo es porque más guatemaltecos votaron por él, porque el resultado electoral fue certificado como válido por las autoridades locales, observadores y ciudadanos, y porque no hubo señales de injerencia externa.
Como hay, en Guatemala, un grupo que reúne a poderes políticos y económicos a los que ese resultado legítimo no convenía, sus voceros se dieron a la tarea de crear la narrativa del fraude. Y como no bastaba con divulgar la narrativa, esta sirvió también como eso que en el mundo del espionaje estadounidense se llama “inteligencia accionable”, es decir, información que, aun sin sustento real, puede servir como base de acciones específicas, judiciales en este caso. Con una salvedad: como aquí no había inteligencia o información proveniente de hechos reales o que, aun incompleta, reseñara hechos reales, la solución fue crear esa información, inventarla, para, luego, justificar la persecución política a Arévalo a través del lawfare.
En suma: nadie encontró, en Guatemala, indicios reales de fraude. Tampoco el Ministerio Público de Consuelo Porras, pero, aun sin esos indicios -requisito legal indispensable de la acción penal-, esa fiscalía procedió amparada en una narrativa creada a partir de inventos por razones políticas y de espaldas a sus obligaciones éticas y legales.
Un ejemplo más reciente es del de Honduras. Más reciente y más complejo.
Honduras: el intento de JOH por reconstruirse con la ayuda de Trump
El 15 de diciembre pasado, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una sesión extraordinaria en Washington, DC para hablar sobre las elecciones hondureñas. Para este caso es útil enumerar los hechos comprobables:
- El 27 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo público a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, en las elecciones presidenciales de Honduras que se celebrarían tres días después. Trump también acusaba a Salvador Nasralla, el otro competidor con opción real de triunfo, de ser socio de comunistas.
- El 28 de noviembre, Trump anunció que planeaba perdonar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión en Nueva York y quien fue jefe durante una década y media del partido por el que compite Asfura, el candidato apoyado por Trump.
- Honduras acudió a las urnas el 30 de noviembre. Al final de la noche los primeros resultados no oficiales indicaban una lucha cerrada entre Asfura y Nasralla, el candidato del Partido Liberal, y dejaban a Rixi Moncada, la candidata oficialista, en un lejano tercer lugar.
- El 1 de diciembre Trump hizo efectivo su perdón a Juan Orlando Hernández, quien salió a las pocas horas de prisión.
- Hasta el 2 de diciembre, las tendencias favorecían a Nasralla, pero todo se trabó a partir de entonces, con apagones del sistema que nadie ha explicado. Después de uno de ellos, Asfura se ubicó en primer lugar. A esto han seguido dos semanas de incertidumbre en que Libre, el partido en el poder, ha llamado a acciones de calle para protestar por lo que califican como un fraude. Nasralla, el candidato liberal, también ha hablado de fraude e irregularidades.
- El 5 de diciembre Nasralla dijo que las declaraciones de Trump lo habían afectado y que habían influido en las elecciones.
- El 15 de diciembre, aún sin resultados oficiales pero con una tendencia clara a favor de Asfura, en su reunión de ese día, la OEA se volvió a dividir en dos, como ha ocurrido en el caso hondureño en días recientes: un grupo mayoritario aupado por Estados Unidos que pide “respetar la voluntad del pueblo hondureño” pero evita hablar de la injerencia de Trump, y otro minoritario, liderado por México y Colombia que, sin mencionar al presidente republicano, sí hablan de injerencia.
Al final, dos narrativas en la OEA que reconocen conceptos universales como la soberanía y el debido proceso, pero terminan enmascarando verdades incómodas con silencios.
Eso fue lo que hubo en la OEA el 15 de diciembre: silencio sobre la grosera injerencia de Trump en las elecciones hondureñas. El presidente de Estados Unidos no solo mostró su preferencia por un candidato, sino que, como lo había hecho en las legislativas argentinas, adelantó que condicionaría la cooperación estadounidense al resultado electoral. Y silencio sobre la injerencia grosera en la política hondureña, más allá de las elecciones, al liberar a JOH, el presidente oído y vencido en un juicio en el que la fiscalía estadounidense lo acusó de crear un narcoestado en su país.
Saltemos a ello, a JOH. ¿Es su calidad de narcotraficante solo una narrativa?
Hay muchos analistas, partidarios de Hernández y otros que se autoproclaman independientes, que defienden la tesis según la cual lo presentado por la fiscalía en el juicio en Nueva York fue una invención de las autoridades antidrogas estadounidenses y que no hubo pruebas reales para condenar a JOH, más allá de los testimonios de narcotraficantes a los que Estados Unidos ofreció reducción de penas a cambio de que declararan en contra del expresidente.
Veamos.
Es cierto que lo presentado por la fiscalía neoyorquina en contra de JOH es una narrativa, judicial esta, moldeada para satisfacer las necesidades de una corte estadounidense, y sobre todo para apelar a un jurado que, de entrada, no tenía contexto alguno de lo que estaban juzgando. Eso no significa que sea una invención o que esa narrativa esté construida con inventos.
El caso de la fiscalía neoyorquina contra JOH es, si se lo estudia con atención, una narración basada en los testimonios de los narcotraficantes que gobernaban Honduras y movían cocaína a su antojo cuando Hernández ascendió al poder, pero también en los de socios políticos del presidente que supieron de reuniones, llamadas y encuentros en los que recibió o negoció sobornos, y en lo dicho por decenas de funcionarios que trabajaron a las órdenes de JOH que supieron de sus actividades criminales y fueron desterrados, incluso asesinados, por denunciarlas o cuando se convirtieron en estorbos.
Un ejemplo de esto es el testimonio de Arnulfo Valle, jefe del clan Valle Valle, uno de los dos más poderosos en Honduras entre principios de siglo y 2014, cuando JOH ascendió al poder.
La historia de Arnulfo Valle, que no se contó en el juicio neoyorquino y por lo tanto nunca la escuchó el jurado que condenó a JOH, termina en 2014, cuando el entonces jefe de la policía hondureña lo capturó y, sin avisarle Hernández, lo retuvo varias horas en una cárcel de Tegucigalpa donde lo interrogó. Ahí, Valle habló de varias cosas y aceptó que movía droga para la familia del entonces presidente. Luego, Arnulfo Valle fue extraditado a Estados Unidos y juzgado en una corte de Virginia, cerca de Washington, DC. En el expediente de ese juicio, las autoridades estadounidenses introdujeron, para conocimiento de la corte, una foto en la que Valle aparece con JOH en un partido del Mundial Sudáfrica 2010. Una foto.
La misma foto fue presentada en el juicio contra JOH en Nueva York. Consultado sobre eso, el presidente dijo que era una imagen alterada digitalmente. El gobierno estadounidense, sin embargo, ha explicado cómo consiguió la imagen y cómo garantizó la cadena de custodia, lo que ha sido suficiente para que dos tribunales la den por válida.
Otro que comprometió a JOH, y que tampoco testificó en el juicio en Nueva York, fue Giovanni Fuentes Ramírez, un narco de Choloma, en el norte del país, quien confesó haber regentado un narcolaboratorio junto al expresidente y su entorno.
La forma en que investigadores hondureños y estadounidenses comprobaron la ligazón entre Fuentes y JOH muestra que el nexo narco del exmandatario no es una narrativa montada de la nada, sino que parte de una investigación que reconstruyó algo que ocurrió. Que Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes tenían una relación, construida en torno a las actividades criminales de ambos, quedó demostrado por las confesiones del segundo, sí, pero también por datos de georreferencia que permitieron ubicar al narco de Choloma en Casa Presidencial, por fotografías que mostraban la relación del presidente con el entorno de Fuentes y por documentos que muestran cómo el narco tuvo facilidades para hacerse con tierras durante la presidencia de JOH.
Ahí, en Choloma, Hernández también recibió sobornos de un empresario que financiaba a narcos de la zona, incluido Fuentes. Eso no lo dijo un narco en la corte de Nueva York, sino el contador del empresario. Y también hay documentos que prueban relaciones entre el expresidente, un grupo de testaferros y otro narco local llamado Melvin Sandres. Esto último lo descubrió el periodismo en documentos registrales de Honduras.
También hay pruebas que fueron destruidas o enterradas por el Ministerio Público de Honduras cuando lo dirigía Óscar Chinchilla, un abogado leal a JOH que huyó a la Nicaragua de Ortega cuando el expresidente fue extraditado. A Chinchilla lo reeligió JOH como jefe del MP en junio de 2018 a través de manipulaciones del orden legal establecido, metiéndolo como candidato a última hora en una lista no sancionada y con el aval de jueces que le eran leales en un Judicial que ya controlaba por completo.
Chinchilla mató, entre otras, investigaciones que asociaban al entorno de Hernández con narcolaboratorios, otras que anunciaban sus nexos con narcos como Fuentes Ramírez, la del asesinato de una fiscal que investigó al hermano del presidente o la de Marlen Banegas, otra fiscal que recibió un archivero electrónico con información que comprometía al presidente con sobornos.
Todo eso lo hizo Chinchilla gracias a la complicidad y la protección del presidente, pero también gracias a una narrativa que apoyaron incluso periodistas e investigadores cuya supuesta imparcialidad era respetada en Honduras, y esa narrativa defendía que él, Chinchilla, era un fiscal legalmente instalado cuando no lo era. Algo parecido ocurrió con el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, a quien el presidente Nayib Bukele instaló, también, saltándose la ley. Delgado y Chichilla llegaron a sus puestos para proteger a quienes los pusieron ahí y, como en Guatemala, para crear de la nada narrativas judiciales que usaron para justificar la persecución de adversarios y críticos.
En 2018, las decenas de agentes estadounidenses y hondureños que llevaban poco menos de una década investigando la relación entre el narco y el poder de Hernández y su partido en Honduras empezaban a tener claro, gracias a entrevistas con criminales y víctimas, inteligencia recabada durante años, documentos rescatados de sitios oficiales y otros rincones, fotografías y videos tomados en reuniones controladas, entre otras pruebas, cómo todo se había gestado. Lo que hasta entonces había sido una sospecha se convirtió en una tesis verificable, no en una narrativa con ficción, sino en un caso judicial con posibilidades de ser probado en una corte en los Estados Unidos. Esa sospecha era que el presidente, Juan Orlando Hernández, era el jefe de un narcoestado.
Narrativas sin ficción
La mejor forma que se me ocurre de explicar cómo se construyen estas narrativas judiciales y políticas, tanto las que son solo eso, narrativa, como las que son construcciones lingüísticas basadas en cosas que sí ocurrieron, es citar a Javier Cercas, el escritor español que perfeccionó las ideas de la novela sin ficción y la novela con ficción. Él escribe de las dos, pero sus obras cumbre son las primeras, relatos elaborados con técnicas literarias en las que el insumo más importante es la reconstrucción fiel de lo real y no la imaginación del autor.
Ejemplo de una novela sin ficción de Cercas es El impostor, en la que cuenta la historia de Enric Marco, un sindicalista catalán que se hizo pasar por sobreviviente en un campo de concentración nazi sin serlo y que durante años engañó a compañeros de trabajo y organización, a la prensa y al público. Otra es El monarca de las sombras, donde Cercas narra la vida de Manuel Mena, su tío abuelo y miembro de la Falange que luchó en el bando franquista durante la guerra civil española. Y luego está su obra cumbre: Anatomía de un instante, que es la reconstrucción del intento de golpe de estado que quiso truncar la incipiente democracia española el 23 de febrero de 1981.
En esas tres novelas sin ficción Cercas teje como un novelista hechos que recoge de la realidad con herramientas historiográficas -la revisión de archivos-, sicológicas -introspección a través de entrevistas prolongadas con sobrevivientes y testigos-, periodísticas -contraste- o antropológicas. Teje como un literato pero no inventa nada, nunca.
La narrativa que los fiscales estadounidenses crearon para probar su caso contra Juan Orlando Hernández en Nueva York me recordó a esas novelas sin ficción. Es un relato, sí, cargado de guiños, de acentos dramáticos, incluso de omisiones intencionadas, montado con testimonios, retazos documentales, rastros de actividades políticas, hasta de introspecciones sicológicas. Pero no es un invento ni está basado en inventos, en ficción.
Para construir sus novelas sin ficción, Cerca pasó meses, años, investigando. Los fiscales que juzgaron a Hernández se basaron en pruebas y piezas recogidas durante años en los lugares de Honduras en que la acción política y criminal del expresidente Hernández dejó huella. Y, luego, antes de presentarla a la corte, le aplicaron todo el marco legal creado por la normativa penal estadounidense para dotarla de legalidad.
Pero el caso de JOH no es solo lo que está archivado en el juicio del que salió condenado por narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión. La historia sin ficción de Juan Orlando Hernández, el narcotraficante, la reconstruimos también un puñado de periodistas que pasamos años preguntando, revisando y contrastando, así como víctimas que vencieron su miedo para contar lo que a ellos y a ellas les había ocurrido. Nada de eso es invento. Elaboramos narrativas, sí, pero sin ficción.
¿Es un relato judicial que se supone amparado por reglas y leyes garantía de veracidad? Depende del sistema judicial en que ese relato se construya. El sistema judicial estadounidense, como cualquiera, es falible, pero las garantías que ofrece son sólidas aún. Es un sistema que vigila muy de cerca la igualdad de condiciones en la etapa de controversia -presentación y refutación de pruebas, derecho a palabra, acceso a información- y se esmera en cumplir con la premisa de que es el Estado el único responsable de probar sus acusaciones. Y, esencial, suele ser puntilloso con el debido proceso.
Nada de eso está garantizado en otros sistemas menos cuidados, más manipulados y permeados como, por usar los ejemplos centroamericanos, en Honduras, Guatemala o El Salvador.
Es cierto que con Trump en la jefatura del Estado, la justicia estadounidense empieza a ser afectada por la peste de la injerencia política, pero también es verdad que la resiliencia del Judicial es grande y que, en general, es en este poder que los afanes autoritarios del republicano siguen encontrando más resistencia. Este sistema sigue estando muy lejos de los que, como los centroamericanos, no cuentan ni con un aparato acusatorio independiente ni con jueces capaces de entenderse y actuar como garantes de la separación de poderes.
Uso un ejemplo salvadoreño para ilustrar.
En mayo de este año, el régimen del presidente Nayib Bukele capturó a Ruth Eleonora López, una abogada que, al denunciar en instancias internacionales violaciones a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas, se había convertido en una de las pocas voces potentes y creíbles de oposición al mandatario. La capturaron poco después de que ella denunció ilegalidades en las capturas de varios venezolanos a los que Trump, saltándose la ley de su país, había enviado a una cárcel que Bukele le facilitó a cambio de respaldo político.
El aparato de propaganda de Bukele, uno de las más efectivos del continente, creó una narrativa de ficción para explicar la captura. Su fiscal dijo que Ruth estaba presa porque es sospechosa de peculado, es decir, de apropiarse de fondos públicos. Es cierto que un fiscal del Estado no tiene obligación legal de presentar, de entrada, las pruebas de su acusación, pero sí de mostrar, al menos, indicios, y de respetar plazos procesales. El fiscal salvadoreño no presentó nada y, para compensar, los propagandistas han intentado reforzar la narrativa en redes sociales y a través de sus voceros: Ruth está presa porque tomó dinero del Estado, dicen y repiten, pero no prueban, nunca demuestran.
Y como no prueban, ni siquiera muestran indicios de lo que quieren probar, acuden a otros recursos típicos de quienes han dado a las narrativas de ficción estatura de políticas de Estado; acuden a la ocultación de información y manipulaciones de la ley.
A diferencia de la narrativa judicial que, montada sobre piezas verificables e indicios capaces de convertirse en pruebas, terminó con la condena de Juan Orlando Hernández, en casos como el de Ruth López no hay nada, solo narrativa con ficción.
Hoy, JOH es un hombre libre en busca de una nueva narrativa que lo normalice y lo transforme, un cuento capaz de convertirlo, otra vez, en un hombre inocente. Su estrategia, por ahora, es repetir esa narrativa con ficción según la cual la condena por narcotráfico no ocurrió porque fue oído y vencido en juicio sino por un complot político. Eso y grabarse en tik tok comiendo tamales con chile.
Pero no, Juan Orlando Hernández no es un hombre inocente. Lo explica Michael J. Davidson, un jurista y académico militar estadounidense en un ensayo publicado en la revista legal del ejército de los Estados Unidos: “La autoridad presidencial de perdonar, de forma incondicional o no, o de cambiar una sentencia, no tiene restricciones, pero el efecto legal de ese perdón es mucho más limitado. Un perdón no es una declaración de inocencia y no borra la condena original.” Es decir: a pesar del perdón de Trump, Juan Orlando Hernández es un narcotraficante.
