Hace diez años se estableció la comunidad Santa Rosita luego de que un deslizamiento dejará inhabitable el lugar donde vivían 36 familias Q’eqchi’, en la Sierra Santa Cruz. En 2015, las autoridades ofrecieron la compra de una finca para que la habitaran pero no cumplieron.
Con misa, bailes y un almuerzo, así como una caminata simbólica, la población conmemoró el décimo aniversario de su lucha para que la comunidad sea reconocida por las autoridades de El Estor, Izabal.
Por Juan Bautista Xol
Bajo un clima fresco, acompañado de llovizna, 36 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Santa Rosita de El Estor, Izabal conmemoraron diez años de lucha para lograr su reconocimiento en el municipio.
El pasado 27 de noviembre la población se reunió en un ranchito al que llaman salón comunal para celebrar el décimo aniversario desde que perdieron sus tierras, por la inundación que provocó la lluvia en 2015, en la Sierra Santa Cruz, un área de protección especial al norte del lago de Izabal, por un deslizamiento provocado por las lluvias.
Desde las 3 de la mañana partieron del coliseo municipal en El Estor para recordar la fecha en la que salieron en una caminata para la finca Santa Rosita.
Esta vez el recorrido lo hicieron quemando cohetes, bombas y con consignas para recordar la madrugada en la que decidieron abandonar el Coliseo Municipal de la localidad donde fueron albergados en el 2015.
La comunidad Santa Rosita se encuentra ubicada a unos 7 kilómetros de la cabecera municipal, a la orilla de la ruta principal y aislada entre los cultivos de palma africana. Actualmente las familias se dedican al cultivo de maíz, frijol, chile y plátano.
Rosalina Asig, una de las comunitarias que se encontraba realizando el almuerzo en la cocina de la comunidad el 27 de noviembre, dijo a Prensa Comunitaria que se cumplieron diez años desde el deslizamiento de tierras que inundó a cuatro comunidades en la Sierra Santa Cruz en el municipio de El Estor.
Asig recuerda con lágrimas que las dos viviendas donde vivía con sus hijos quedaron enterradas, añadió que a causa de lo ocurrido abandonaron sus tierras porque el Estado de Guatemala declaró inhabitable un área de Sierra Santa Cruz, un territorio que han habitado de manera histórica.
“Entramos en este lugar el 27 de noviembre del 2015, para buscar una nueva manera de darles de comer a nuestros hijos, un mes de agosto vivimos una experiencia inolvidable, se derrumbaron las tierras y quedaron enterradas nuestras viviendas, animales y cultivos”, indicó Rosalina en su idioma Q’eqchi’.
Mientras seguía conversando, la niñez de la comunidad clausuraba el nivel primario junto a sus maestros. Aunque el lugar era pequeño, los docentes alegraban el último día con sus alumnos.
Una promesa que nunca se cumplió
Para la celebración de los diez años se realizó una misa en la iglesia de la comunidad, hubo bailes y un almuerzo de carne de cerdo que fue donado por un migrante originario de Santa Rosita.
Los dirigentes manifestaron que invitaron a varias instituciones del Estado, al alcalde municipal y organizaciones civiles que conocen la situación de las familias, sin embargo, no asistieron.
Para los comunitarios su ausencia es una mala señal sobre la tenencia de las tierras donde actualmente viven.
“Invitamos a todas las instituciones de gobierno, al alcalde municipal, al gobernador, nos confirmaron que iban a venir, sin embargo, no están presentes, sabemos que todos ellos conocen la situación que enfrentamos con estas tierras, creemos que por ese motivo no vinieron, es una señal de que aún persiste el desalojo” manifestaron tres comunitarios.
Gabriel Pacham, uno de los dirigentes de Santa Rosita, dijo a Prensa Comunitaria que aunque están celebrando los diez años de su llegada saben que existe el reclamo de las tierras de parte de los supuestos propietarios que han solicitado desalojos y ordenes de capturas en contra de las familias.
Señaló que hasta la fecha existen cinco amenazas de desalojo para la comunidad.
“Estamos luchando para lograr estas tierras, ya que aquí es donde nos quedamos y aquí se quedarán nuestros hijos, las tierras la utilizamos para sembrar y no para otras cosas”, agregó Pacham, cuyo hijo donó el almuerzo para esta celebración.
El hijo de Pacham tuvo que migrar a Estados Unidos presionado porque su padre estaba siendo perseguido por personas particulares, las amenazas de desalojo y la precaria situación económica.
Pacham recordó que cuando ocurrió el deslizamiento de tierras, el Estado de Guatemala, a través del gobierno de Otto Pérez Molina, se comprometió a comprar tierras para las cuatro comunidades que sufrieron daños con la condición de que se albergaran en una comunidad llamada Bongo y en el Coliseo Municipal.
Para Pacham, durante el tiempo que estuvieron albergados, las instituciones de gobierno ofrecieron resolver el problema de la tierra, pero al final respondieron a la comunidad que no había condiciones de compra de fincas que llenaran los requerimientos de la población.
“Las instituciones dijeron que ya tenían los 4 millones, pero luego dijeron que en El Estor ninguna finca es legal y por esa razón no podían comprar las tierras, nos dijeron que lo buscáramos y que ellos lo iban a pagar, así lo hicimos y es por eso que estamos aquí pero tampoco quieren pagar la finca”, añadió Pacham.
En contraste, la respuesta del Estado a las comunidades es la amenaza de desalojo y órdenes de captura contra los comunitarios. En Santa Rosita, ocho personas, incluyendo mujeres, han sido ligadas a proceso acusadas del delito de usurpación agravada. Sin embargo, ellos aducen que solo buscaban una nueva vida para sus hijos.
Santa Rosita es la comunidad que dio albergue a las familias de Buena Vista Tz’inte que fue desalojada en mayo del 2024. Las familias piden al gobierno de Bernardo Arévalo dar una respuesta inmediata al acuerdo agrario que firmaron en su despacho en febrero de 2024.
