El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) inició su trabajo en el país con reuniones para monitorear la elección de fiscal general y magistrados de la CC. En los primeros encuentros evaluaron el ambiente y los desafíos del proceso.
Por Alexander Valdéz
El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) arrancó esta semana su agenda de trabajo en Guatemala con la primera reunión formal para acompañar y monitorear los procesos de elección de fiscal general y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, dos de cinco elecciones claves para 2026.
La instancia, integrada por juristas y especialistas internacionales, analizará y monitoreará cada etapa de ambos procesos, considerados clave para la independencia judicial y el fortalecimiento institucional. De hecho, esta semana sostuvieron reuniones con distintos actores claves para la elección, entre ellos, grupos de la sociedad civil.
Los tres integrantes del Panel coincidieron en que, durante esta primera visita y tras sostener entrevistas con diversos actores, percibieron un clima generalizado de temor a ser criminalizados por participar en los procesos de elección. Advirtieron que este patrón no es nuevo y que se repite desde la última elección de salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, cuando varios aspirantes y operadores del sistema de justicia enfrentaron presiones, denuncias o investigaciones.
Ana Lorena Delgadillo, integrante del Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala, señaló que en las primeras reuniones que sostuvieron se percibió miedo de eventuales acciones de criminalización que podría emprender el MP contra los interesados en postularse a fiscal general o magistrado de la CC. “En la mayoría de las entrevistas lo que percibimos fue mucho miedo. En general para que algunos candidatos puedan postularse y también de quienes participarán en el rol de hacer la elección de candidatos y candidatas”, mencionó.
El abogado peruano José Ugaz llamó a superar el temor y asumir el compromiso de participar en la contienda, para garantizar que las comisiones postuladoras cuenten con una oferta amplia y perfiles idóneos. “Es importante que haya los mejores candidatos suficientes para que una selección adecuada. Nosotros lo que podemos asegurar como observadores internacionales es que trataremos de evitar que haya incidentes y que quienes deseen participar y no hayan incurrido en algún hecho delictivo estén resguardados”, indicó.
“Opiniones que estamos recogiendo sobre el contexto en el que se darán estos procesos muestran cierto grado de temor por procesos que se han iniciado contra determinadas personas y, que en opinión de ellos, están dirigidos contra dirigentes o quienes han levantado la voz”, dijo Jaime Arellano, de Chile.
Entre las primeras reuniones estuvo la del presidente Bernardo Arévalo, que ratificó su compromiso de elegir, de la lista final que el Congreso le envíe, a la persona idónea y con integridad para liderar el Ministerio Público. La próxima visita de los expertos está prevista para enero del 2026.
Foto del Panel. Joel Solano
Dos elecciones importantes
La elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) adquiere una relevancia en un contexto donde la actual magistratura ha enfrentado serios cuestionamientos por una serie de fallos que han beneficiado a actores políticos y económicos señalados por corrupción o por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, la CC ha sido objeto de críticas por decisiones que, según expertos, representan una injerencia en las funciones del Ejecutivo y el Legislativo, provocando un debate sobre los límites de su autoridad.
De forma paralela, la renovación en la dirección del Ministerio Público (MP) genera una alta expectativa. La actual fiscal general, Consuelo Porras, ratificada en el cargo a lo largo de los dos últimos gobiernos, ha dirigido una institución cuya actuación es percibida como selectiva. Bajo su gestión, se estableció un patrón de casos contra periodistas, organizaciones sociales y otros actores que han sido críticos de su administración, mientras que investigaciones de gran envergadura contra redes de corrupción parecen estancarse o fueron cerradas.
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