La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó el amparo provisional solicitado por el estudiante Diego Plutarco De León Prado, que buscaba revertir su expulsión de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). La medida fue dictada por el Consejo Superior Universitario (CSU) tras su oposición a la elección de Walter Mazariegos como rector.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) niega el amparo provisional solicitado por el estudiante criminalizado y en el exilio, Diego Plutarco De León Prado, que buscaba revertir la resolución del Consejo Superior Universitario (CSU) que ordenó su expulsión de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por haberse opuesto a la elección de Walter Mazariegos como rector. Con esta decisión, el tribunal constitucional avala una tercera expulsión de un estudiante sancarlista.
La defensa del estudiante argumentó que la expulsión fue una represalia política y un acto de persecución contra quienes participaron en las manifestaciones y tomas universitarias que denunciaron el proceso fraudulento mediante el cual Mazariegos fue impuesto como rector en 2022. Sin embargo, los magistrados de la CC consideraron que no existían los elementos suficientes para otorgar la protección.
Con esta resolución, se consolida una tendencia en la Corte de Constitucionalidad, que ha respaldado las decisiones del CSU, pese a las denuncias de violaciones a la autonomía universitaria, a la libertad de expresión y al derecho de defensa de los estudiantes. Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos han señalado que la expulsión de De León Prado se suma a una serie de medidas disciplinarias utilizadas para acallar la disidencia dentro de la universidad.
Los tres estudiantes expulsados han sido identificados como parte de los movimientos que lideraron la resistencia frente al nombramiento de Mazariegos. Sus casos reflejan la creciente criminalización y persecución interna en la USAC, una institución históricamente reconocida por su papel en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Guatemala. Las acciones del CSU y el aval de la CC profundizan la crisis de legitimidad y gobernanza que atraviesa la universidad pública más grande del país.
Criminalizado
De León Prado es un joven estudiante sancarlista que actualmente enfrenta una orden de captura vigente emitida en el contexto de la persecución judicial contra miembros del movimiento universitario que se opuso al fraude en la elección de Mazariegos. Su caso forma parte de un patrón más amplio de criminalización y represión impulsado por las autoridades universitarias y respaldado por el ente investigador, según han denunciado organizaciones sociales.
Algunos de los estudiantes perseguidos permanecen en el país enfrentando procesos judiciales por distintos delitos, mientras otros han buscado refugio en el extranjero ante el temor de ser encarcelados. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos casos constituyen una estrategia de intimidación que busca desarticular el movimiento estudiantil.
Otros estudiantes expulsados
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala resolvió el 29 de mayo de 2025 la expulsión de diez estudiantes mediante un proceso disciplinario iniciado en febrero de 2024. La medida, rechazada por varios consejeros universitarios, fue calificada como un acto autoritario y represivo. Todos los sancionados fueron señalados por participar en el movimiento que denunció el fraude electoral de 2022, que impuso a Walter Mazariegos como rector. De ese grupo, algunos continúan agotando las vías legales para revertir las sanciones.
En otro fallo reciente, la CC también declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por Sahara Yarith Méndez Anckermann y Sergio Yoel Morataya de León, expulsados de la USAC por decisión del CSU en mayo de este año. Según el fallo, ambos estudiantes no agotaron la vía administrativa al no interponer un recurso de reposición antes de acudir al amparo, por lo que se ratificó la sanción impuesta.
Las expulsiones fueron aprobadas en el Acta 09-2025, bajo el argumento de que participaron en la “irrupción, obstaculización e impedimento del acceso” a instalaciones universitarias durante las protestas que denunciaron el fraude en la elección de Mazariegos.
Las sanciones incluyen la cancelación de sus registros académicos, impidiéndoles continuar sus estudios. Diversos sectores dentro y fuera de la universidad han señalado que los procesos disciplinarios carecieron de debido proceso y fueron aprobados en sesiones del CSU donde las expulsiones no figuraban en la agenda, sin que se permitiera a los consejeros conocer ni debatir las pruebas de defensa. Los estudiantes denunciaron además que no tuvieron acceso a los expedientes ni oportunidad real de presentar pruebas, mientras el CSU actuó como juez y parte.
Con estas decisiones, se consolida un patrón de represión y sanciones políticas dentro de la universidad pública más grande del país. Organizaciones estudiantiles, docentes y de derechos humanos han denunciado que la administración de Mazariegos utiliza mecanismos administrativos y disciplinarios para acallar la disidencia interna.
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