Desde enero de 2024, Bernardo Arévalo ha navegado torpemente en una Guatemala que ha crecido y se ha desarrollado entre conspiraciones y conspiradores. Su triunfo en las urnas fue una sorpresa para una estructura política corrupta conformada por miedo y conveniencia. La respuesta a la pregunta ¿En dónde estamos? descansa en los acontecimientos de más de cuatro décadas, antes del retorno al sistema democrático en los años 80. Y para responder ¿Hacia dónde vamos?, el año 2026, podría representar un quiebre, un año crucial en el cual nos “jugaremos la democracia”.
Por Lucy Chay
¿En dónde estamos? Es 23 de octubre de 2025 los medios de comunicación anuncian que Francisco Jiménez, hasta entonces ministro de Gobernación, ha salido del país. Tan solo unos días antes, aseguraba que enfrentaría la justicia y que limpiaría su nombre de la responsabilidad de la fuga de más de 20 pandilleros del Barrio 18, un hecho que ha producido una de las principales crisis en la mitad del mandato de Bernardo Arévalo.
Sin permitir un respiro por el nombramiento de un reconocido juez como nuevo encargado de la Cartera del Interior, el Ministerio Público lanzó una nueva acción en contra del gobierno, y anunció allanamientos y capturas en el Ministerio de Salud señalando de supuesta corrupción a funcionarios y familiares del actual presidente de la República, Bernardo Arévalo.
Pero los casos en Gobernación y Salud van más allá de simples acciones para desestabilizar a un gobierno. En esos ministerios están incrustadas las redes político-económicas ilícitas (RPEI) más poderosas que por décadas han evolucionado para drenar los recursos del Estado destinados a la salud y seguridad de los guatemaltecos y que con el tiempo ha logrado la impunidad para todos sus integrantes controlando a la Policía y las cárceles del país.
¿En dónde estamos? La pregunta encierra más que la duda de un lugar físico. Desde el retorno al sistema democrático en 1986 han pasado cuatro décadas en las cuales se han elegido 10 presidentes y vicepresidentes por voto popular, dos presidentes y un vicepresidente por medio del Congreso, 10 legislaturas y más de 3 400 alcaldes (entre electos y reelectos).
Después de cuarenta años pensaríamos que Guatemala ha dejado atrás la época de las conspiraciones, de los golpes de Estado dirigidos por militares y la violencia generada durante el conflicto armado que dejó al país sumido en una estela de horror, tristeza, desplazamiento, exilio, pobreza y muerte.
Pero los acontecimientos apuntan a que no es así. Antes, los militares tomaban el poder por la fuerza para instalar su idea de democracia, ahora algunos de los candidatos con más poder usan las reglas democráticas para eliminar los contrapesos y establecer su dictadura. Ahí están los casos de Daniel Ortega, Nayib Bukele, Javier Milei, Nicolás Maduro.
Guatemala el país de la eterna conspiración
Desde enero de 2024, Arévalo ha navegado torpemente en una Guatemala que ha crecido y se ha desarrollado entre conspiraciones y conspiradores.
Su triunfo en las urnas fue una sorpresa para una estructura política corrupta caracterizada por el miedo y la conveniencia. Por miedo, porque esas estructuras juraron no volver a la prisión y ser señalados en casos de gran corrupción como los que se evidenciaron en 2015 y que llevaron a proceso a políticos, diputados, funcionarios, jueces, magistrados, empresarios y hasta un binomio presidencial. Por conveniencia, porque la única forma de evitar caer en manos de la justicia y seguir enriqueciéndose era robarse la presidencia.
Perder la presidencia era un lujo que no podían darse, pero se dió, y desde entonces se ha intentado regresar a la época más oscura del país, cuando se utilizaba la violencia para eliminar al opositor.
¡Un magnicidio! Sí, Arévalo y su compañera de fórmula y ahora vicepresidenta, Karin Herrera se enfrentaron no a uno, sino a dos planes para asesinarlos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución para otorgar las medidas cautelares señala que el primer plan, que estaría dirigido “por individuos particulares”, se puso en marcha en junio de 2023 luego que el binomio del Movimiento Semilla avanzara a la segunda vuelta electoral. El segundo, planeado por pandillas, fue informado a pocos minutos de que se conocieran los resultados que daban como ganador a Arévalo de la presidencia.
Antes de su discurso como binomio presidencial electo, Arévalo y Herrera, se enteraron de la resolución de la CIDH y de los planes para sacarlos del camino.
Arévalo y Herrera solo recibieron la designación de un grupo de agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad (SAAS) para su seguridad física, pero el Ejecutivo y el Congreso nunca actuaron para pedir una investigación que desactivara los riesgos e identificara a los responsables.
El fracaso de esos planes y la presencia internacional obligó a cambiar de estrategia. Entonces, los partidos perdedores empezaron a gritar: ¡fraude!
Una docena de partidos conservadores dirigidos por el entonces partido oficial Vamos apoyaron la idea de pedir un recuento de votos, acción que fue avalada por la Corte de Constitucionalidad. Las acciones legales retrasaron 17 días la oficialización de los resultados de la primera ronda electoral.
El 12 de julio de 2023, cuando la autoridad electoral se disponía a firmar el acta para anunciar quiénes disputarían la segunda ronda de elecciones, el juez Fredy Orellana, parte del grupo de jueces vinculados a acciones de persecución contra periodistas y exfiscales anticorrupción, anunció la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla a petición del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras.
La segunda vuelta se realizó, no sin antes pasar por allanamientos, antejuicios y una plaga de trolles en cuentas anónimas en redes sociales que se encargaron de difundir la narrativa del fraude electoral. Los resultados en las urnas dieron como ganador a Arévalo, pero los perdedores no estaban dispuestos a aceptar su derrota. El 30 de septiembre de 2023 toda Guatemala observó como entre forcejeos, empujones y gritos, los fiscales del Ministerio Público dirigidos por Rafael Curruchiche y Leonor Morales se llevaban las urnas electorales. Ese día el MP secuestró los votos.
Dos días después, la respuesta fue contundente, las autoridades indígenas y ancestrales se declararon en Paro Nacional Permanente en defensa de la democracia. A las manifestaciones que se extendieron por más de 100 días se unieron grupos de estudiantes, organizaciones y ciudadanos en todos los departamentos.
En diciembre, luego que el TSE había oficializado los resultados finales, el Ministerio Público, como regalo de Navidad, pidió la anulación de las elecciones y entonces la Organización de Estados Americanos y Arévalo denunciaron un ¡golpe de Estado! El sector privado tomó distancia e hizo un llamado a respetar los resultados electorales, mientras las organizaciones y organismos nacionales e internacionales rechazaban las acciones antidemocráticas.
Pese a las acciones y zancadillas de última hora, Arévalo y Karin Herrera tomaron posesión en la madrugada del 15 de enero. A partir de ese momento, las mafias, las estructuras incrustadas en el aparato estatal y el narcotráfico no han tenido ni un solo día de tranquilidad. Y no es porque Arévalo y su gobierno sea un grupo difícil de manejar o una administración que gobierne con violencia y mano de hierro. Al contrario, es porque se han dado cuenta que no existe una mejor época para reconfigurar y perfeccionar su estrategia de cooptación.
¿Existió en realidad la intención de dar un golpe de Estado? El exdiputado Mario Taracena siempre aseguró que estaban locos, que no podían dar un golpe de Estado. “Guatemala ya tiene un presidente y los conspiradores ya no pueden hacer nada. Cualquier cosa que los conspiradores quieran hacer tendrá consecuencias legales”, dijo en una entrevista luego del secuestro de las urnas electorales por fiscales del MP.
Esas consecuencias legales parecen haber sido el muro con el que se topó el grupo que pretendía que Arévalo no lograra sentarse en la silla presidencial.
Hubo reuniones, hubo análisis, hubo acciones para desestabilizar y discusiones. Al final, decidieron no hacerlo, porque entre ellos alguien señaló que “si no damos bien el golpe, va a venir un contragolpe en menos de 48 horas y nos va ir muy mal”, dijo el expresidente Alfonso Portillo en una entrevista hace algunos meses. Portillo hablaba de una conversación que había sostenido con un “conocido conspirador”.
Durante el regreso al orden democrático, desde Vinicio Cerezo hasta Bernardo Arévalo las historias de intentos de golpes de Estado siempre han estado presentes. Y aunque no se han concretado, nadie ha hecho el recuento de los daños que se producen en el ínterin de esas luchas encarnizadas entre estructuras y mafias que se pelean y se distribuyen a su antojo la fortuna estatal.
“No había día en el que alguien no quisiera darle golpe de Estado, hubo un día en el que Vinicio Cerezo dijo que tenía solo el 36 por ciento del poder y que el resto estaba dividido entre diversos grupos y sobre todo entre el Ejército”, recuerda la exdiputada Nineth Montenegro.
Cuarenta años después, son las 20:00 horas del domingo 24 de octubre de 2025, el presidente Bernardo Arévalo denuncia un nuevo intento de golpe de Estado. Es la segunda ocasión en la que denuncia los planes de romper el orden constitucional desde que ganó los comicios en agosto de 2023 y al igual que en ese entonces los personajes responsables y visibles son los mismos: el juez Fredy Orellana y la fiscal general Consuelo Porras.
¿Existe alguna comparación entre el gobierno de Cerezo y el gobierno actual dirigido por Arévalo?
Alfonso Cabrera, primer presidente del Congreso desde el regreso al sistema democrático (1986-1987), recuerda que fueron al menos 36 intentos de golpe de Estado, en donde el Ejército tuvo mucha participación. “Pero no lo lograron”, señala.
Cerezo estuvo sistemáticamente amenazado hasta que terminó, y terminó descalificado porque tampoco hizo un gran esfuerzo para realizar las transformaciones que ofreció. “No hay comparación entre los gobiernos porque pese a la fragilidad que tenemos ahora no creo que se vuelvan a repetir esas acciones de desaparición y violencia contra la oposición que se produjeron en los años 80. Ahora, lo que veo es una pugna entre los que no admiten que Arévalo haya ganado las elecciones y el grupo que ganó y el cual se defiende de forma muy tibia”, señala Montenegro.
De golpes de Estado a la guerra judicial o “lawfare”
Cuando se habla de golpe de Estado, el fantasma del Ejército resurge en la mente de la población que conoció y vivió los gobiernos dirigidos por militares. Pero el Ejército hasta ahora se ha involucrado muy poco en las conspiraciones sobre rompimiento del orden institucional.
Durante el año electoral 2023 fueron contadas las veces que los militares aparecieron en la escena pública. “El Ministerio de la Defensa debía estar en apoyo porque integraban el Consejo de Seguridad, fueron muy prudentes, se involucraron lo menos posible”, declaró hace un año el exministro de gobernación durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el general de brigada Napoleón Barrientos.
Cuatro días antes de que tomara posesión Arévalo, el Ministerio Público pidió la detención de Barrientos por desobedecer una orden judicial para desalojar varios puntos tomados por las manifestaciones de ciudadanos. El exfuncionario pasó una semana en la cárcel. “Lo correcto para mí fue no reprimir porque hubiéramos ocasionado muertes y hoy no hay muertos”, señala.
Tras la accidentada ceremonia de toma de posesión del gobierno de Semilla, el nuevo presidente nombró a Henry Saenz como Ministro de la Defensa el 15 de enero de 2024. Desde entonces el militar se ha convertido en uno de los más cercanos al mandatario y como prueba de ello es la confirmación en su cargo durante 2025 pese a que se han interpuesto acciones en contra de la decisión debido a que se señala que Saenz ya sobrepasó los 33 años de servicio y por lo tanto tendría que pasar a situación de retiro.
Durante la confirmación de Saenz, el mandatario dio a conocer las razones de su decisión: “su liderazgo ha sido esencial para fortalecer la relación entre el gobierno civil y la estructura doctrinaria del Ejército”.
Ese domingo durante la denuncia de Arévalo de un nuevo intento de golpe de Estado, Saenz apareció a su diestra mostrando su respaldo.
Entonces, ¿por qué se denuncia un golpe de Estado?
El avance de la Guerra Fría polarizó al mundo entre capitalistas y socialistas. La Doctrina de Seguridad Nacional y la Contrainsurgente durante la década de los 60 hasta los 80, cambiaron las fronteras físicas por las ideológicas y al enemigo militar por el enemigo civil. Dichas doctrinas enfocadas a eliminar a cualquier persona cuya posición política representara un peligro para la seguridad, dejó una historia dolorosa en América Latina. El final de la Guerra Fría durante la década de los 80 empujó al establecimiento de las democracias liberales y el modelo neoliberal como forma de acumulación capitalista, y dio paso, al inicio del año 2000, de las llamadas guerras híbridas o de baja intensidad.
Adriana Salvatierra Arriaza, politóloga y política boliviana, incluye en su libro “El impacto del lawfare en la democracia liberal representativa”, la definición que en 2015 el analista ruso Andrew Korybko publicó sobre su obra “Guerras Híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes”, y la cual define “que las guerras híbridas son un nuevo método de guerra indirecta perpetrada por Estados Unidos que encuentra su origen en las revoluciones de colores y la guerra no convencional, dirigidas contra Siria y Ucrania donde se aplicó un enfoque estandarizado con miras al cambio de régimen”.
Según Korybko “las revoluciones de color pueden ser generalmente concebidas como ‘protestas populares’ externamente organizadas o desencadenadas desde el extranjero que apuntan a derrocar al gobierno a través de medios supuestamente ‘pacíficos’”.
Es aquí donde nace el concepto del “lawfare”, que según Salvatierra, “en la perspectiva estadounidense implica el uso de la ley. Un arma usada por los Estados débiles ante el poderío militar de EE.UU.
El estadounidense Charles J. Dunlap, un militar de la fuerza aérea y profesor en Duke define el lawfare como “un método de guerra donde la ley se usa como un medio de realización de un objetivo militar”. El uso de la ley como arma de guerra es una característica de combate en el siglo XXI.
En el caso de América Latina el concepto varía especialmente tras los ejemplos de Brasil, Argentina y Ecuador. “Se trata del uso estratégico del derecho para fines de deslegitimar, perjudicar o aniquilar a un enemigo”, señalan los abogados brasileños del equipo jurídico de Luiz Inacio Lula Da Silva, al identificar elementos de guerra jurídica desde lo penal y la articulación mediática por medio de acciones comunicacionales.
En 2017, Lula Da Silva fue condenado a más de nueve años de prisión al ser procesado por el caso de corrupción Lava Jato. Una condena que luego fue anulada y explicada por expertos como una estrategia bajo un marco aparentemente legal por medio del cual se perpetró un golpe de Estado a la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff. Los especialistas señalaron el uso de la ley como arma para destruir al adversario político por medio de la vía judicial y evitar que Lula, quien había gobernado Brasil en 2003 a 2010, lograra de nuevo la presidencia. Es decir, se trataba de un lawfare para sacarlo del juego político y que la persecución se logró con la participación de tribunales de justicia, medios de comunicación y el juez Sergio Moro.
¿En dónde estamos? Es domingo 24 de octubre, Arévalo denuncia un golpe de Estado en curso o más bien un “lawfare”.
“Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a nuestro país. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumento para el golpe de Estado”, dijo.
Arévalo, acompañado de sus ministros y diputados, se refería a las acciones impulsadas desde el Ministerio Público con apoyo de un grupo de jueces desde 2016 cuando empezó la contraofensiva de las estructuras corruptas evidenciadas y encarceladas por casos de corrupción. Una contraofensiva dirigida por estructuras criminales que ha llevado al exilio a periodistas, fiscales, activistas y jueces anticorrupción; que mantiene en prisión a uno de los periodistas más reconocidos y a dos líderes indígenas; que ha expulsado y procesado a varios estudiantes por protestar contra un fraude en la Universidad de San Carlos, que mantiene acciones legales contra varias autoridades indígenas por participar en las manifestaciones que defendieron los resultados electorales; que ha tratado de invalidar desde 2023 el voto de los guatemaltecos y que tiene acorralado al Ejecutivo con varias solicitudes de retiro de inmunidad; un grupo que mantiene el apoyo de otras estructuras que mantienen una constante amenaza con campañas de desinformación y desprestigio por medio de las redes y plataformas digitales.
La cooptación del Estado y el pecado original
Guatemala es una democracia secuestrada desde su diseño, indica el economista y exministro de Finanzas, Edgar Balsells en un ensayo publicado recientemente sobre el diseño constitucional de 1985 y las reformas realizadas en 1993.
Balsells enfatiza que mientras en lo político se hablaba de apertura democrática y la participación y derechos humanos, en lo económico pesaba el neoliberalismo y las privatizaciones cuyo objetivo era restringir “la democracia económica y la participación en la democratización del capital”.
Así, desde el principio, el espacio fue repartido entre unos pocos, entre el sector privado que predominó frente a la presencia de universidades y sindicatos.
“Inmersa en la propia concretización financiera de la Constitución, los aportes o situados constitucionales y las reformas de 1993, se va consolidando una nueva clase política económica, impulsada en su modelo de acumulación por el propio presupuesto público y por medidas de política pública y económica que provocan enriquecimiento lícito e ilícito”, señala en la publicación realizada en Plaza Pública.
A ese ritmo, conforme fue avanzando el sistema y con una historia de dictaduras y oligarquías los órganos de control establecidos como contrapesos desde entonces han sido desfigurados y desmantelados. Las estructuras criminales, el narcotráfico, el crimen organizado y las estructuras locales políticas corruptas se han fortalecido y cooptado todos los procesos e instituciones creadas para el desarrollo normal de un país en democracia.
“Esas redes familiares tradicionales, si bien siguen siendo monopolios y siguen muy fuertes, ya no son la clase dominante, ahora tienen que compartir el poder con otros sectores. Compartir el espacio con el narcotráfico, los CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), con los sectores ilegales, sectores que son el Pactos de Corruptos, que no es narcotráfico, pero que sí se alimentan del aparato del Estado, del abuso y de la corrupción del aparato del Estado”, dice Marta Elena Casaús.
Ahí tenemos por ejemplo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que de ser la institución más respetada y con mayor credibilidad en el país se ha convertido en tan solo una institución de trámite de acciones partidarias; la Contraloría General de Cuentas (CGC) que cierra los ojos ante la desaparición del dinero público en contratos oscuros y se convierte en el ente para obstaculizar una candidatura a un puesto público; al Ministerio Público cuyo debilitamiento de sus fiscalías para la investigación y sus pobres resultados en casos en condenas de grandes casos de corrupción se han convertido en el brazo ejecutor de la persecución contra de enemigos políticos y de todos aquellos que investigan y denuncian corrupción; y a la Corte de Constitucionalidad convertida en un gobierno paralelo que determina lo que puede o no hacer el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
La academia no se queda atrás. Allí está la Universidad de San Carlos, que pese a las luchas internas de poder, continúa moviendo a su conveniencia sus más de 60 piezas incrustadas en las instituciones públicas y directivas de más poder en el país.
Esas mismas luchas internas se observan en los tres organismos del Estado. Es noviembre de 2025, el pleno del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia lleva ya un mes sin encontrar los acuerdos para elegir a su presidente; en el Congreso luego de un jugoso aumento salarial y de no avanzar en la agenda, los diputados lograron 149 votos para conformar una Junta Directiva, que navega entre casos de corrupción y vinculación a operadores políticos, y que controlará este organismo en un año crucial. Mientras en el Ejecutivo, el binomio presidencial acosado por nuevas acciones legales emprendidas por el Ministerio Público, también se enfrenta a los cambios constantes de funcionarios y a las pugnas internas.
“A los verdaderos aliados del Presidente: A quienes han empujado desde sus despachos por decisiones valientes, gracias. A quienes pusieron por delante el éxito del país sobre el interés particular, gracias. No permitan que el cálculo político reemplace la visión de Estado. Al presidente no lo dejen solo. No dejen solo al pueblo. Los otros que eran sombrillas, ya no dan sombra”, fue el mensaje publicado por el exministro Jiménez luego de su salida del gobierno, un mensaje que para muchos ha explicado la situación dentro del círculo más cercano a Arévalo.
El avance de la autocracia y la anomia
El Instituto V-Dem señala en su informe de 2025 que por primera vez en más de dos décadas hay más regímenes autocráticos que democráticos en el mundo. La autocracia se define como la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona o un grupo reducido es la ley. Aunque Guatemala sigue apareciendo como una democracia electoral, esta característica no es suficiente para la estabilidad y legitimidad.
El informe sobre el Estado de la Democracia Global, presentado en septiembre pasado por Internacional IDEA, concluye que las democracias enfrentan retrocesos profundos. “La democracia en todo el mundo se ha debilitado. La mayoría de los países han experimentado un deterioro en su desempeño, mientras que la libertad de prensa ha sufrido su mayor caída en 50 años”, señala el documento.
Este retroceso de las democracias y las características que identifican a nuestro sistema desde el principio ha propiciado instituciones débiles y normas legales con vacíos y contradicciones que han permitido el avance de la discrecionalidad política y la interpretación antojadiza.
Es lo que Luis Fernando Mack llama anomia regulada. “En este escenario, no se aplica la ley para regular las conductas o respetar un orden social para justificar decisiones políticas previamente tomadas. De esta forma, no es la jurisprudencia lo que prevalece, sino la interpretación interesada del marco legal que frecuentemente atenta contra el espíritu de la ley”, señala el politólogo en una de sus columnas de opinión al poner como ejemplo de anomia regulada la crisis institucional y política que vive Guatemala, encarnada en las acciones emprendidas por Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, desde el Ministerio Público en contra del gobierno actual.
En la historia de Guatemala hay muchos ejemplos de anomia, pero según Mack es actualmente donde se ha hecho más evidente y ha convertido al MP en un Estado paralelo que usa su capacidad de persecución contra quien se atreva a cuestionar sus acciones y que vulnera el principio de pesos y contrapesos de la democracia.
“Esta anomia en todo el país, la lentitud en todo sentido, el estancamiento en el Congreso, en las comisiones de postulación, es premeditada, es dirigida”, señala Portillo.
La anomía, se refiere a la ausencia de ley, a la falta de normas claras y reglas sociales que rigen el comportamiento en una sociedad. El no respetar el rojo de un semáforo o el orden en una fila, son ejemplos simples. En lo que respecta a las instituciones en un país, la anomia se refiere al marco legal o institucional que es tan deficiente que crea una distancia entre los valores morales y los comportamientos que se toleran, bajo una fachada legal.
El año nuevo y el juego de la democracia
En medio de la denuncia del presidente de un golpe de Estado o de un lawfare quedan la inconformidad de la población por la falta de respuesta a sus principales problemas, la caída de popularidad de un gobernante que ha evitado enfrentarse directamente y ha sido señalado de buscar acciones conservadoras en lugar de utilizar sus facultades constitucionales para destituir a la fiscal general.
Arévalo tiene buenas intenciones, pero él mismo se pone obstáculos al elegir gente que no tiene la experiencia de un entramado del estado que está muy contaminado, un entramado que no está depurado, dice Montenegro.
¿Hacia dónde vamos? Es 17 de noviembre de 2025 y mientras cada grupo de poder y estructuras criminales mantienen la pugna por el mejor resultado en la repartición de recursos estatales las fechas de la elección de cinco importantes órganos de control se aproximan.
En un evento que se produce cada 30 años, el año 2025 terminará con la avanzada pugna por el control del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la rectoría de la Universidad de San Carlos. Mientras que el año nuevo, 2026, empezará con la consolidación de un nuevo mapa de poder que se identifica como la joya de la corona.
En la correcta o incorrecta elección en estos procesos que concluirán en 2026 descansarán los resultados de los comicios generales de 2027, en donde se elegirá al presidente y vicepresidente, a 160 diputados y 340 alcaldes.
El próximo año, la democracia en Guatemala tendrá una especie de exámen extraordinario o como dijo Arévalo hace algunos meses: “el 2026 es un año crítico, nos vamos a jugar la democracia del país”.
