Ante el aumento de la criminalización y el exilio forzado de líderes sociales, el Gobierno adoptó una política para blindar a los defensores de derechos humanos. La nueva Política Pública 2025-2035 busca revertir la escalada de violencia que ha llevado a prisión a periodistas, fiscales y activistas, mientras otros han tenido que salir del país.
Por Alexander Valdéz
El presidente Bernardo Arévalo presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (2025-2035), un instrumento destinado a garantizar la integridad y el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en Guatemala. La política, será coordinada por el Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a distintas peticiones de la sociedad civil.
La iniciativa busca enfrentar un contexto histórico de agresiones contra defensores, que incluyen asesinatos, criminalización, hostigamiento y discursos de odio, especialmente dirigidos a líderes indígenas, ambientales, periodistas y mujeres defensoras. Según datos de organizaciones como UDEFEGUA, entre 2019 y 2023 se registró un incremento en los ataques, con un alarmante aumento de las agresiones digitales.
La intención gubernamental es asumir un compromiso formal y estructural para proteger a quienes defienden los derechos humanos, en un esfuerzo por fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la paz social. La implementación será monitoreada por un Consejo Coordinador, con participación de instituciones públicas y organizaciones sociales.
La política define como persona defensora de derechos humanos a “toda persona que, individual o colectivamente, actúe o busque actuar para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, según estándares internacionales. El documento también enfatiza que la condición de defensor se determina exclusivamente por la actividad realizada, sin importar si recibe remuneración, pertenece a una organización o actúa de forma ocasional o permanente.
Se incluye una amplia gama de actores: desde líderes indígenas y operadores de justicia hasta periodistas, comunicadores comunitarios y funcionarios públicos, siempre que sus acciones sean pacíficas y promuevan derechos humanos, reconociéndose como sujetos de derechos y no solo como objetos de protección.
“Muchas personas que defienden los derechos humanos ejercen este derecho sin identificarse como personas defensoras. Se debe establecer cómo este concepto encaja con las identidades de pueblo, género, edad y clase social de la persona, las visiones del mundo y con los imaginarios de los distintos actores sociales que, a su vez, se relacionan con la persona defensora”, señala el documento.
Libertad de expresión
Sobre libertad de expresión, la política documenta una alarmante impunidad: sólo el 7.9% de los casos denunciados ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas entre 2011-2020 recibieron sentencia o medidas aplicadas, mientras en 2023 se registraron 66 ataques contra comunicadores -un aumento del 73.68% respecto al año anterior-, incluyendo 58 obstrucciones a fuentes, 33 intimidaciones y 3 asesinatos.
Destaca que el deterioro del entorno para la prensa se evidencia en la criminalización de periodistas que investigaban corrupción y en el incumplimiento de compromisos internacionales, como la protección diferenciada a comunicadores y la legislación pendiente para reconocer las radios comunitarias indígenas ordenada por la Corte IDH desde 2021.
“El Estado ha actuado de manera diferenciada contra periodistas y comunicadores sociales, especialmente durante el último quinquenio, aunque durante los últimos años la violencia contra las y los periodistas ha sido un continuumhistórico en el país y ha escalado de manera significativa”, indica.
La iniciativa se lanza en un contexto de criminalización contra defensores de derechos humanos, donde fiscales, periodistas, activistas y operadores de justicia enfrentan actualmente prisión preventiva, procesos judiciales basados en casos fabricados o se han visto forzados al exilio, sin poder retornar al país. Y donde aún los afectados no han encontrado respuestas a los riesgos y persecución que enfrentan.
Otros elementos claves de la política:
- Prevención de riesgos: Creación de mecanismos para prevenir agresiones mediante formación institucional, diálogo y combate a la desinformación.
- Protección integral: Diseño de un sistema de protección con enfoque diferencial, que incluye alertas tempranas y protocolos interinstitucionales.
- Acceso a la justicia: Fortalecimiento de la coordinación con el sector justicia para investigar y sancionar las agresiones contra defensores.
- Reparación digna: Garantía de medidas de reparación y no repetición para las víctimas, con enfoque interseccional.
- Participación y legitimación: Reconocimiento público del papel de las personas defensoras y creación de espacios de seguimiento con la sociedad civil.
Informe publicado por el Gobierno:
Un entorno de criminalización
Tras la salida de la CICIG en 2019 y el nombramiento de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, Guatemala ha experimentado un giro en su sistema de justicia. Lo que antes era una etapa de avances en la lucha contra la corrupción e impunidad se convirtió en una ofensiva sistemática contra jueces, fiscales y periodistas.
Esta persecución selectiva ha forzado al exilio a figuras como el exfiscal Juan Francisco Sandoval, las exfiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, quienes permanecen fuera del país ante el riesgo inminente de ser encarceladas.
La criminalización se ha extendido también a quienes defendieron el proceso democrático durante las elecciones de 2023. Actualmente se encuentran en prisión preventiva el abogado Luis Pacheco y Héctor Chaclán, reconocidos por su defensa de los resultados electorales. A ellos se suman casos como el del exfiscal Stuardo Campo y el periodista José Rubén Zamora, director del extinto diario elPeriódico, medio que durante años denunció actos de corrupción y que hoy, junto a periodistas y columnistas que allí trabajaron, enfrentan un proceso judicial.
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*Con información de Simón Antonio Ramón y Joel Solano
