Durante el 194 Periodo de sesiones de la CIDH, en Washington D.C. Estados Unidos, se presentaron los casos de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, en los que se señala que los Estados han dificultado el acceso de las y los abogados a los expedientes judiciales para el derecho de defensa y el debido proceso.
Por Simón Antonio Ramón
Durante la audiencia temática regional sobre situación de las personas abogadas, del 194 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones sociales denunciaron la persecución de los Estados contra las y los abogados que asumen la defensa legal de personas en casos de criminalización y persecución penal.
Este 21 de noviembre, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), denunció que en Guatemala existe un “proyecto político” contra operadores de justicia con el consentimiento de funcionarios judiciales y redes políticas económicas ilícitas.
“Consuelo Porras y Rafael Curruchiche han construido una maquinaria destinada a neutralizar abogados y operadores de justicia independientes, en método es claro, fabricación de casos, manipulación de jueces, campañas de difamación y ataques directos contra los equipos de defensa”, dijo.
Juan Francisco Sandoval dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) hasta julio de 2021, cuando Consuelo Porras lo destituyó y posteriormente salió al exilio por el riesgo de persecución y por las más de 40 denuncias penales y administrativas en su contra. Sandoval dirigió investigaciones de gran corrupción y evidenció el papel de las Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) en la cooptación del Estado.
Sandoval mencionó varios casos para ilustrar el patrón, como el de Virginia Laparra, la fiscal anticorrupción, que fue encarcelada 680 días por denunciar irregularidades judiciales; Eduardo Masaya, señalado por falsedad ideológica; y Claudia González, que ejercía la defensa de Juan Francisco Sandoval y que además fue exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIC).
“Criminalizaron a mi abogada con un objetivo evidente, impedir que yo pudiera ejercer mi derecho a una representación independiente, golpear al abogado para silenciar al defendido, ese fue el mensaje, pero ese patrón se repite una y otra vez, los abogados de Jose Rubén Zamora, defensores con trayectoria impecable fueron perseguidos penalmente por ejercer su labor en defensa de un privado de libertad”, señaló.
Belén Aguinaga, de la Fundación para el Debido Proceso, pidió a la CIDH pedir a los Estados a crear y fortalecer mecanismos de protección que incluyan abogados y abogados que trabajan en causas de interés público, particularmente aquellas relacionadas con derechos humanos, corrupción y casos de alto perfil.
“Exhortar a los Estados a derogar o modificar normativas que restrinja injustificadamente la colegiación o el libre ejercicio profesional, la defensa técnica específicamente en casos penales de derechos humanos y la representación de organizaciones sociales, movimientos comunitarios, personas defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia personas perseguidas por motivos políticos”, dijo.
También pidió a la CIDH que emita una resolución en donde se sistematice los patrones de ataques, restricciones a las y los abogados en la región, identificando a países y que se desarrollen estándares específicos sobre casos de criminalización y restricciones al desarrollo de su labor de abogacía. Ademas, se pidió la elaboración de una campaña regional de sensibilización sobre la importacia de la abogacía de manera independiente en un estado de derecho.
Andrea Pochak, la vicepresidenta de la CIDH junto a los comisionados presentes en la audiencia regional, pidieron buscar información sobre los mecanismos de protección regional para las y los abogados en la regional. Además, informó que el 1 de diciembre, se presentará el informe de la CIDH sobre situación de derechos humanos en Guatemala de 2024.
