La Corte de Constitucionalidad niega la reactivación de la persecución penal contra Cindy Gabriela Dávila Morales en el caso “Toma USAC: Botín Político”. El tribunal respaldó la decisión que la excluye del proceso por falta de indicios de los delitos de depredación de bienes culturales y usurpación agravada.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechaza el amparo provisional solicitado por el Ministerio Público y mantiene fuera del proceso penal conocido como “Toma USAC: Botín Político” a Cindy Gabriela Dávila Morales, hermana del exdiputado Aldo Dávila. El MP buscaba procesarla junto a estudiantes, profesionales y trabajadores de la Universidad de San Carlos (USAC) que se manifestaron en 2022 contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
Pese a la insistencia de la fiscalía, la CC confirma la resolución de la Sala Primera de Apelaciones, que previamente había ratificado la falta de mérito dictada por el juez Víctor Cruz. Con este fallo, queda vigente que no existen elementos suficientes para abrirle proceso por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales, tal como pretendía la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural.
El Ministerio Público argumentó que contaba con un video y un peritaje sobre supuestos daños al campus, para sustentar la participación de Dávila Morales durante la toma de la universidad. Sin embargo, se concluyó que no demostraban un vínculo directo entre su conducta y los hechos de los que se le señaló. La Sala de Apelaciones había resuelto que la evidencia presentada no era suficiente para procesarla, criterio que ahora la CC mantiene.
“Apreciados los hechos relatados por el postulante, con base en el análisis efectuado a la copia de la pieza de amparo de primer grado y la resolución que se conoce en alzada, a juicio de esta Corte, en el presente caso, no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional provisional, ni se dan los supuestos que para el efecto contempla el artículo 28 ibidem, por lo que debe confirmarse el numeral III) de la resolución apelada, en cuanto deniega la protección interina solicitada”, se lee en la resolución de la CC.
La decisión fue aprobada por la mayoría de magistrados: Nester Vásquez, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Leyla Lemus, Luis Rosales y Juan José Samayoa, con la única disidencia del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Procesos de criminalización continúan
Dávila Morales fue una de las personas inicialmente señaladas junto a estudiantes, profesionales y trabajadores de la Universidad de San Carlos que se movilizaron contra la elección de Walter Mazariegos como rector en 2022. La toma del campus fue objeto de una ofensiva penal del Ministerio Público, cuestionada por organizaciones estudiantiles y de derechos humanos que la consideran una represalia contra quienes denunciaron irregularidades en ese proceso.
Hasta ahora, solo la hermana del exdiputado, Hada Marieta Alvarado Beteta, Helmer Velásquez, Marco Vinicio de la Rosa, Engelberth Blanco y Julio Solares han logrado quedar fuera del expediente. En contraste, otro grupo continúa procesado, sin que su caso avance a la fase en la que podrían ejercer su defensa. Además, otros vinculados al expediente permanecen fuera del país en condición de exilio.
El caso inició el 16 de noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron viviendas de docentes, estudiantes y personal administrativo de la USAC. Ese día fueron capturados el decano de Veterinaria, Rodolfo Chang; el académico e investigador Eduardo Velásquez; el estudiante de Física Aplicada, Javier de León Gómez; el profesor Alfredo Beber; la excandidata a diputada por Semilla, Marcela Blanco; y más tarde el sindicalista Martín Jorge Macario, entre otros integrantes de la comunidad universitaria.
Las diligencias formaban parte de un expediente que incluía 27 órdenes de captura impulsadas desde la propia USAC y respaldadas por Mazariegos. Las personas señaladas fueron enviadas ante distintos juzgados y posteriormente recuperaron su libertad bajo arresto domiciliario, mientras avanzaban los procesos.
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