En la novena audiencia del juicio contra diez autoridades maya C’horti’, acusadas del delito de detenciones ilegales, declararon dos testigos a su favor.
Por Juan Bautista Xol
En el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad del departamento de Chiquimula se realizó, el pasado 21 de noviembre, la novena audiencia del juicio contra diez autoridades indígenas del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, Chiquimula, que enfrentan un proceso de criminalización por su lucha contra las operaciones de la Cantera Los Manantiales.
A la audiencia se presentaron dos testigos de la defensa quienes fueron escuchados por la jueza Silvia Lorena Solares.
Guadalupe García, antropóloga e integrante del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), respondió a preguntas respecto al informe “Historial del proyecto minero cantera Los Manantiales” de 2021.
García, quien se presentó como testiga técnico, dijo que la empresa no cumplió con la consulta a las comunidades Ch’orti’ según el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y que además la empresa tenía que realizar una consulta de participación social en la que únicamente participaron 15 personas y con eso afirmó que tenía el apoyo de las comunidades lo cual a su criterio no era representativo.
Las preguntas de la encuesta estaban sesgadas y con preguntas cerradas, añadió García.
La testiga indicó que desde la aprobación de la Ley de Minería no se ha otorgado en Guatemala licencias haciendo una consulta previa e informada a las comunidades. “La mayoría de veces se enteran que estos proyectos ya están aprobando porque ya están empezando a operar en los territorios” dijo.
Hay mucha falta de información, no se les toma en cuenta y al final se les violenta su derecho a la consulta, en este caso según el Convenio 169 y también la encuesta que se debió haber hecho sobre estudios de impacto ambiental, dijo.
Según la experta, la empresa minera empezó a operar en la región de Olopa desde el 2017, y agregó que en ese mismo año la explotación a cielo abierto empezó a contaminar la región. Los pobladores notaron la contaminación por los cambios en la agricultura, la muerte de varios animales domésticos, el aborto inesperado, todo esto lo adjudican a la contaminación que se empezó a notar desde ese año.
En esta audiencia participó como testigo Guadalupe García, del OIE. Foto Verdad y Justicia
La experta señaló que la minera Cantera Los Manantiales no contaba con un lugar adecuado para sus desechos. “En este informe se documentó que la empresa no cuenta con un lugar adecuado para sus desechos, las utilizaban para reparar calles, estadios o predios, pero esos materiales contraen muchos elementos químicos que estaba contaminando la salud de los pobladores”, indicó.
Asesinato de Elizandro Pérez
Además de la vulneración de la salud de la población, la empresa también empezó a atacar a quienes se organizaron para impedir que la operación minera continuara en la región, según la testigo.
En 2017, 22 líderes fueron denunciados por la empresa. La experta indicó que en noviembre de 2018 fue el asesinato de Elizandro Pérez, principal del Consejo Maya Ch’orti’ y miembro de la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día. Desde 2016 fue víctima de amenazas de muerte e intimidaciones que se incrementaron en noviembre. También hubo intentos de detenerlo de forma ilegal.
Los comunitarios denunciaron que los empleados son responsables y sucesos coinciden con ingreso de maquinaria de la Cantera Los Manantiales, indicó.
Conoce más:
Las diez autoridades maya Ch’orti’ que son acusadas en este juicio son: Juan Agustín, Felipe Díaz Ramos, Santos Gerónimo Ramos Méndez, Juan Carlos Pérez Canaan, Fredy Giovani Ramírez.
También María Santos Méndez, Bernardino Pérez, Rosa Margarita Pérez Canaan, Leonor Crisóstomo Méndez y Guillermo Ramírez Pérez.
Empresa fragmentó la organización comunitaria
Mientras que Ubaldino García, el segundo testigo, de la aldea La Presa e integrante de la resistencia de Olopa, dijo que la organización comunitaria del pueblo indígena Ch’orti’ tiene muchos años y, que ese tiempo, les ha permitido dialogar y buscar acciones y soluciones a las necesidades de la comunidad.
Sin embargo, agregó que desde la aparición de la empresa en la región, esta empezó a generar desconfianza y conflictos en las 14 comunidades que conforman el Consejo Indígena Maya Ch’orti’ en Olopa. García responsabilizó a la empresa por violar los derechos de las personas y de la comunidad maya Ch’orti’.
El abogado defensor de las autoridades, Francisco Vivar, señaló que en la próxima audiencia se realizarán las conclusiones del caso. “Ahí estaremos probando con toda la certeza del caso la inocencia de nuestros compañeros”, indicó.
