La Fiscalía de Extinción de Dominio ordenó suspender los pagos a UNOPS, lo que podría afectar el abastecimiento de medicinas y equipo médico en hospitales públicos. Además, como medida precautoria el juez Guillermo Luna embargo del 35% del salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, si se realiza algún pago a la institución.
Por Prensa Comunitaria
El 28 de octubre, el Juzgado Noveno Penal, a cargo del juez Guillermo Luna, ordenó como medida de precautoria el embargo del 35% del salario del ministro Barnoya en caso de que se realicen desembolsos a UNOPS, y prohibió pagos a esa entidad mientras avanza la investigación. Mediante un comunicado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) consideró la medida de ilegal por afectar a un funcionario que tiene inmunidad.
Además, la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público, el 27 de octubre ordenó suspender los pagos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), acción que podría poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos en el país. La medida fue decretada el 27 de octubre de 2025 en el marco del caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha señalado, a partir de una denuncia realizada por la Contraloría General de Cuentas, al presidente Bernardo Arévalo, a los ministros Jonathan Menkos, de Finanzas; Joaquín Barnoya, de Salud, al hermano del presidente, Martín Arévalo, a Gustavo Alejos y otros funcionarios medios del Ministerio de Salud, por presuntas irregularidades en el convenio del MSPAS y UNOPS suscrito en abril del 2024, para adquirir medicamentos, equipo e insumos médicos por un valor de US$943.9 millones.
La UNOPS y el MSPAS han defendido que el acuerdo busca garantizar precios competitivos, control de calidad y abastecimiento continuo.
El convenio, dicen las autoridades del MSPAS y la UNOPS, busca reducir el costo de abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria del país. Además, el organismo internacional funge como un gestor de proyectos, adquisición de bienes, servicios y obras públicas, permitiendo al gobierno acceder a medicamentos e insumos a nivel internacional y ha representado un ahorro de más o menos de 31% para la adquisición de éstos.
Este convenió, según se ha documentado, ha afectado a industrias farmacéuticas que por años abastecieron por licitación al sistema de salud pública del país como la farmacéutica la Botica, S. A. de la familia Valdez que durante el gobierno de Alejandro Giammattei logró contratos con el Estado por arriba de los Q202 millones, además afecto a otras familias que controlan la industria farmacéutica en el país como los Cohen y Batres.
Al respecto de las medidas el Ejecutivo señaló que el Ministerio Público “insiste en jugar con la vida de los guatemaltecos con el congelamiento de los pagos de UNOPS”, además responsabilizó al MP por el posible desabastecimiento de medicamentos y equipo médico.
Según la denuncia del Ministerio Público identificaron irregularidades en la firma del memorándum suscrito entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, y que se ejecutó sin la aprobación del Congreso.
Según la información proporcionada, la fiscalía encontró que el Ministerio de Salud no contaba el presupuesto para asumir los compromisos financieros derivados del convenio.
El monto total del proyecto investigado asciende a Q7,230,614,632.54. (USD$943,944,469.00).
La UNOPS, es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que promueve el desarrollo en países como Guatemala, para “mejorar la eficiencia, la eficacia en función de los costos y la transparencia del sistema de salud de Guatemala”.
