El escándalo por la fuga de reos de Fraijanes II que llevó a la sustitución de Francisco Jiménez ha puesto al descubierto la debilidad del Ejecutivo y las condiciones deplorables del sistema de seguridad y carcelario del país. A una semana de tomar posesión del cargo, Marco Antonio Villeda ha recibido reportes de violencia homicida en el país y la merma de su guardia penitenciaria por señalamientos de colaborar con la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.
Por Rony Ríos
La fuga de los líderes del Barrio 18 y la polémica registrada que terminó con el cambio de uno de los ministros más cercanos al mandatario marcó el avance de una estrategia, impulsada desde los resultados de las elecciones generales de 2023 cuando Arévalo y su partido lograron la Presidencia del país, para debilitar al Organismo Ejecutivo.
Pero la fuga de reos y el escándalo posterior evidencia el aumento del debilitamiento del Ejecutivo, y también las carencias y problemas de fondo que la cartera encargada de la seguridad de los guatemaltecos arrastra desde hace décadas.
El 24 de octubre fue presentado oficialmente Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación. El reconocido juez, cuyos logros y simpatía ha regresado la tranquilidad a la población y al mismo Ejecutivo, se comprometió a fortalecer el Sistema Penitenciario (SP) para evitar que los reos sigan delinquiendo desde la prisión.
Además, Villeda manifestó su compromiso por depurar la dirección del SP, la construcción de una cárcel de máxima seguridad y otras acciones que les permitan tener el control de las prisiones porque más del 70 por ciento de las extorsiones provienen de ahí y la capacidad penitenciaria está desbordada en un 300 por ciento.
En menos de una semana, Villeda ha tenido que atender la detención de 23 agentes del equipo de guardias de las prisiones por su presunta vinculación con la fuga y la localización de al menos 21 personas fallecidas en las primeras 24 horas de su gestión, 14 de ellas envueltas en plástico y sábanas.
Las primeras horas
Villeda tomó las riendas de un ministerio que venía de enfrentar varias crisis, la más reciente fue la de la fuga de los reos, pero previo a ello la cartera había sido cuestionada por el aumento en los índices de criminalidad, la adjudicación irregular de contratos y motines en casi todas las prisiones del país.
Cuando Jiménez llegó era uno de los ministros mejor valorados por la opinión pública y de los funcionarios más cercanos al presidente Bernardo Arévalo, pero conforme avanzó su gestión la confianza se empezó a desmoronar.
El primer gran cuestionamiento fue el aumento de la violencia y aunque Jiménez se defendió durante meses aludiendo a un incremento en la percepción y no en estadísticas reales sobre homicidios, otros delitos como la extorsión aumentaron exponencialmente.
Según la organización Diálogos que realiza monitoreos de criminalidad, el primer año de gestión de Jiménez mostró una leve reducción en los homicidios, ya que el 2023 cerró con 2,571 y 2024 con 2,506; sin embargo, los primeros nueve meses de 2025 la cifra ya ascendía a 2,111.
En tanto, en el tema de extorsiones el país sí vivió un repunte histórico, ya que Diálogos reportó que, de las 16 mil 636 denuncias en 2023, se pasó a 23 mil 481 en 2024 y entre enero y septiembre de 2025 ya se registraban 36 mil 331.
Previo a su salida, el exviceministro José Portillo presentó denuncias por supuestos cobros irregulares en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), tráfico de migrantes desde Esquipulas, Chiquimula y el cobro de “talacha” en el SP.
Además, de esas denuncias, el Ministerio Público (MP) ya investigaba la adjudicación de la compra de 10 mil armas de fuego -por casi Q85 millones- a una empresa vinculada a familiares de la ministra de Cultura y Deportes, Liwi Grazioso.
Esta negociación aumentó los cuestionamientos a Jiménez, pese a los señalamientos, la empresa se defendió, informando que tiene una trayectoria de 30 años como proveedora del Estado y que la ministra no tuvo injerencia en la negociación con el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Otra de las acciones que minaron la confianza en Jiménez fue la compra de mil patrullas que se habían adjudicado por Q365 millones a una empresa que no tenía la representación legal en el país de la compañía matriz.
Este evento ya había sido adjudicado, pero el Mingob tuvo que dar marcha atrás con el contrato tras el escándalo.
Muertes violentas
En el primer día en el cargo, Villeda tuvo que recibir el reporte sobre la muerte violenta de 16 personas. El evento más significativo fue el hallazgo de 9 cuerpos en Palencia.
Las nueve personas fallecidas fueron localizadas bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en Palencia, Guatemala. Los cadáveres fueron localizados envueltos en bolsas plásticas.
Durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) informó que los cuerpos estaban en un avanzado estado de putrefacción y solo habían podido determinar la muerte por estrangulamiento en tres de los cuerpos.
En total, ya han sido localizados al menos 16 cuerpos abandonados desde que Villeda asumió el cargo, pero además se han registrado múltiples ataques armados. Desde el 24 de octubre, cuando asumió el cargo Villeda, el INACIF ha realizado 87 necropsias -35 de ellas en el departamento de Guatemala-.
Una historia de desfalcos y corrupción
Además de todos los problemas suscitados durante la administración de Jiménez, existen otros desafíos persistentes como el hacinamiento en las cárceles y decisiones heredadas de gobiernos anteriores como el desmantelamiento de mandos policiales especializados y casos de corrupción.
El Ministerio de Gobernación ha sido un botín para muchas redes de corrupción, las denuncias contra la cúpula saliente del ministerio podrían palidecer ante escándalos registrados en administraciones anteriores de las cuales Jiménez también fue parte.
Como los casos de corrupción contra el exministro Mauricio López Bonilla, durante la administración del Partido Patriota, condenado por casos como la creación de empresas de cartón para reparación de patrullas y por el caso del fraccionamiento para el arrendamiento de 47 carros blindados. O el caso de por las irregularidades de la construcción de la cárcel Fraijanes II en donde fue señalado el exministro Raúl Velásquez, de la administración de Álvaro Colom. Sin olvidar, el desfalco de Q90 millones por el que fue condenado Byron Barrientos, el exministro del gobierno de Alfonso Portillo.
Además, el informe del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad (FOSS) indica que, desde la llegada de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación, durante el gobierno de Jimmy Morales, se produjo un proceso sistemático de debilitamiento institucional de la PNC.
Según el análisis, este “desmantelamiento” comenzó con la remoción de mandos superiores de la policía que habían recibido formación especializada gracias a la cooperación internacional, que implicó una pérdida radical del capital humano entrenado en investigación criminal.
El FOSS interpreta que la salida de esos oficiales especializados respondía a un interés de debilitar la capacidad de la PNC para investigar estructuras del crimen organizado y así facilitar la cooptación o la impunidad de redes paralelas.
Un panorama complicado
Para el exministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, el principal reto para Villeda será recuperar la confianza de la sociedad en el tema de seguridad. Para este cometido, Rivas consideró que se debe implementar la política de seguridad democrática instruida desde la presidencia y respaldada por el pleno de Gabinete.
Rivas reconoce que no es una atribución exclusiva del Mingob, pero si logra el respaldo popular e implementar estas políticas públicas “seguramente los índices de violencia se vendrán abajo, los crímenes que más les afectan a los guatemaltecos se reducirán, la confianza del pueblo la recuperarán, la convivencia y paz social estará más cerca de lograrse”.
En tanto, Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia consideró que además de las afecciones estructurales del Mingob, Villeda deberá afrontar los problemas de gobernanza creados por enemigos del Gobierno, que buscan generar condiciones críticas que orillen al cambio de gobierno respaldados por una población descontenta por la inseguridad, incumplimiento de promesas de campaña y denuncias de corrupción.
Ibarra también recordó que la PNC nació de la antigua Policía Nacional (PN), “con su obscura y corrupta historia, por lo que será necesario cambiar el abordaje para que el combate de la corrupción sea sostenible y ataquen estructuras criminales internas”.
Recuperación del SP
Daniel Núñez, director Académico de Diálogos, dijo que la problemática de hacinamiento en las cárceles ha provocado la organización de los grupos delictivos. “Hay que recordar que al principio eran grupos de delincuencia locales que se conocieron y fortalecieron en las cárceles para convertirse en maras”, indicó.
Para Rivas es desalentador el escenario en el Sistema Penitenciario ya que por décadas ha estado abandonado y sobrepoblado. “El MP que solicita prisión preventiva para todo y el Organismo Judicial (OJ) la autoriza, sin programas de readaptación y rehabilitación del privado de libertad, los detenidos encuentran antros del crimen en lugar de celdas”, añadió el exministro.
Además, el exministro lamentó que durante años la guardia penitenciaria ha sido insuficiente y a ello se le suma la problemática de salarios bajos y la falta de recursos técnicos, tecnológicos, automovilísticos y armamentísticos. En la misma línea, Ibarra dijo que “la situación de la seguridad penitenciaria es precaria en lo financiero, lo político, lo administrativo, lo tecnológico y el recurso humano”.
“El SP ha estado abandonado por décadas, cundido de corrupción y las estructuras criminales han florecido en el seno de los privados de libertad. Las conductas criminales también emergieron entre los guardias penitenciarios y como es una población abandonada, la conducta criminal se ha fortalecido y es un muro difícil de abatir”, indicó Ibarra.
Ibarra coincide con Rivas en decir que se requiere un enfoque integral y con la participación de todo el Ejecutivo y el Estado. “Hay acciones estratégicas que corresponden al Ejecutivo, pero otras al Legislativo y también al Judicial”, aseguró.
Ibarra dice que no hay funcionarios ni guardias capacitados para regir cada centro penitenciario y que el problema se agrava cuando guardias con habilidades deficientes asumen la dirección, por lo que urge la capacitación y el desmantelamiento de estructuras.
“Los criminales que custodian están mejor armados y tienen mejores recursos que los guardias del SP y sus autoridades. Así que el Mingob con el apoyo de todos debe emprender acciones extremas para enfrentar a las estructuras criminales internas y externas”, dijo Ibarra.
Un Ejecutivo debilitado de cara a 2026
Después de la destitución de Jiménez, el Ministerio Público reactivó su embestida contra el Gobierno. Primero realizó allanamientos en la sede del Ministerio de Gobernación y solicitó la orden de captura contra Claudia Palencia, la ahora exviceministra Antinarcóticos. El fin de semana pasado también se conoció de la orden de captura contra Jiménez. Y se anunció una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra el Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera por incumplimiento de deberes en el caso de la fuga de reos de Fraijanes II.
El gobierno respondió que el MP seguía con la presentación de acciones ridículas y espurias, además de anunciar que presentará una denuncia contra Rafael Curruchiche, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
Para el analista, Luis Mack, el escenario para el presidente es complicado y el cambio de ministro de Gobernación se dio bajo un panorama de debilitamiento del Ejecutivo. Mack considera que los opositores, a quienes se les cataloga Pacto de Corruptos, estaban esperando un momento de mayor vulnerabilidad para emprender una nueva embestida contra Arévalo.
Mack dice que aunque el presidente diga que son patadas de ahogado “de cierto grupo que está atrincherado en el MP”, las acciones de la fiscal Consuelo Porras y del juez Fredy Orellana realmente están debilitando al Ejecutivo. Además, se evidencia que el gobierno no tiene una estrategia clara para contrarrestar los embates, se limitan a repetir un discurso de persecución y acudir a la comunidad internacional. “No existe una estrategia de merma o contrataque, solo están a la defensiva esperando el próximo ataque”, enfatizó Mack.
“Quizá su aliado más fuerte es Estados Unidos, que cada más recurre a sus actores y agencias para involucrarse en la política nacional y eso hace que el Ejecutivo esté más alineado a los intereses directos de Washington D. C.”, señaló Mack.
El año está por terminar y el Ejecutivo llega bastante golpeado por las luchas de estructuras que pelean por contratos en cada ministerio y la estrategia opositora que aprovecha los errores de cada funcionario.
Antes que se lograra contener la crisis por la fuga de reos, el MP ya había iniciado una cruzada en contra del Ministerio de Salud en donde ha congelado los pagos a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) para la adquisición de más de US$900 millones en medicamentos. Mientras que el Ejército se mantiene en la mira de los partidos de oposición por el robo de armamento del Comando Aéreo del Norte.
El politólogo dice que la presentación del caso de la UNOPS, por supuestas anomalías en la compra de medicamentos, el robo de armamento bajo el resguardo del Ejército, la fuga de los privados de libertad y otras acciones minan la fuerza del Ejecutivo en medio de una disputa por los puestos en instituciones clave del país.
“Las elecciones del segundo nivel son más importantes que las elecciones generales, no son solo las autoridades del sistema de pesos y contrapesos sino las posibilidades de mantener la esperanza de que llegue un actor con una agenda similar o los malos con más fuerza. Si sigue así se torna bastante oscuro el panorama”, dijo Mack.
