En una semana marcada por medidas contradictorias, la política migratoria de Estados Unidos dejó un rastro de incertidumbre, miedo y resistencia. Mientras se intensifican las deportaciones y el hostigamiento a comunidades migrantes, algunas decisiones judiciales ofrecen breves respiros a quienes buscan una vida mejor en ese país.
Por Prensa Comunitaria
Estados Unidos mantiene una semana tensa y cambiante para la población migrante. Desde los vuelos de deportación que despegan del centro Alligator Alcatraz en Florida, hasta la lucha comunitaria en Pensilvania por resistir a las redadas. Las imágenes y hechos narran una realidad marcada por la dureza de las políticas, la criminalización de la migración y también por los gestos de solidaridad, resistencia y esperanza que emergen en los márgenes del sistema.
Se inician las deportaciones desde Alligator Alcatraz
El viernes 25 de julio se iniciaron las deportaciones desde el centro de detención improvisado conocido como Alligator Alcatraz, en Florida. Este lugar, habilitado por el gobierno de Trump, ha sido criticado por las condiciones inhumanas en las que mantiene a personas migrantes: hacinamiento extremo, escaso acceso a agua potable, duchas limitadas, baños colapsados y temperaturas sofocantes por fallas en el aire acondicionado. Quienes permanecen detenidos han denunciado la presencia de insectos, cucarachas y gusanos en los alimentos, así como un entorno insalubre que varios han descrito como una forma de “tortura”. A pesar de estas denuncias, los vuelos de deportación han comenzado a salir a diario, marcando una nueva fase en la política de “tolerancia cero” del actual gobierno.
Deportaciones exprés de Florida
Los primeros vuelos desde Alligator Alcatraz se han dirigido principalmente a México y El Salvador, países de origen de muchas de las personas detenidas. Lo alarmante es que varias de estas deportaciones se han realizado sin que existan condenas penales ni acusaciones criminales contra las personas. El caso de un ciudadano argentino ha generado particular atención: fue deportado a Italia, a pesar de no tener antecedentes delictivos y haber sido detenido únicamente por conducir con una licencia vencida. La situación ha generado dudas sobre el respeto al debido proceso y el criterio de las autoridades migratorias a la hora de decidir los destinos de las deportaciones. Organizaciones de derechos humanos han comenzado a documentar estos casos como posibles violaciones al derecho internacional.
Jueces federales frenan algunas deportaciones
En medio de un panorama sombrío, dos decisiones judiciales han traído un respiro temporal para ciertas personas migrantes. Una jueza federal bloqueó la ejecución inmediata de deportaciones expeditas contra personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o bajo parole humanitario, al considerar que no se garantizaba el debido proceso. Además, se extendió por varios meses el TPS para más de 60,000 personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal, muchas de las cuales estaban a punto de perder su permiso para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta decisión judicial brinda un margen de estabilidad en un contexto marcado por la incertidumbre y la amenaza constante de deportación.
Sin asilo, sin papeles, sin futuro: los venezolanos en el limbo
Miles de venezolanos enfrentan el fin del TPS sin una alternativa migratoria viable. A esto se suma el aumento preocupante en el rechazo de solicitudes de asilo político, una tendencia que abogados migratorios han calificado como parte de un “patrón de negación sistemática”. Esta situación también afecta a solicitantes de otras nacionalidades que huyen de contextos de violencia, persecución o crisis humanitarias. En algunos casos, se han reportado arrestos inmediatamente después de audiencias migratorias en las que se les niega protección. Las organizaciones de defensa de derechos advierten que este panorama podría dejar a miles en un estado de vulnerabilidad extrema, sin posibilidades de regularizar su estatus ni de retornar a sus países de origen de forma segura.
Bebés indocumentados
El gobierno de Trump ha intentado restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Constitución de Estados Unidos. Nuevos documentos revelan que se busca imponer trabas administrativas para negar pasaportes y números de Seguro Social a bebés nacidos en EE.UU. de padres indocumentados. Aunque esta política está actualmente suspendida por orden de tribunales federales, se ha ordenado a las agencias que dejen de aceptar certificados de nacimiento como prueba suficiente de ciudadanía. Esta medida, si se aplica, podría colocar a miles de niños y niñas en un limbo legal, sin acceso a derechos fundamentales como salud, educación o protección estatal.
ICE implementa mecanismos para crear terror
La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado significativamente sus operativos, generando un clima de terror en comunidades migrantes. En Virginia, se han difundido videos de agentes actuando con el rostro cubierto, lo que alimenta la desconfianza y la sensación de inseguridad. En Utah, la policía local ya está autorizada para verificar el estatus migratorio durante detenciones rutinarias, funcionando como una extensión de ICE. En Washington D.C., la fiscalía federal ha comenzado a revisar el estatus migratorio de todas las personas que ingresan en contacto con el sistema judicial. Esta coordinación entre autoridades locales y federales ha ampliado el radio de persecución, afectando especialmente a quienes viven sin documentos o con procesos migratorios pendientes.
Pensilvania se resiste y crea redes de alerta
En Norristown, Pensilvania, la comunidad migrante ha comenzado a organizarse como respuesta a las redadas y detenciones. La red comunitaria “Unidos para Servir” capacita a las familias sobre sus derechos, distribuye materiales informativos en distintos idiomas y ha establecido canales de alerta inmediata ante operativos migratorios. Para muchas personas organizarse se ha vuelto una estrategia de supervivencia ante el temor constante de ser detenidos en la calle, en el trabajo o incluso en las escuelas. Esta red de solidaridad muestra que, a pesar del miedo, existen formas de resistencia pacífica desde el tejido comunitario.
Las deportaciones siguen causando un golpe económico
Contrario al discurso oficial que culpa a la migración del deterioro económico, diversos estudios advierten que las deportaciones masivas impulsadas por Trump podrían tener consecuencias graves para la economía estadounidense. La Universidad de Pensilvania estima que la salida forzada de millones de trabajadores reduciría el Producto Interno Bruto (PIB) en un 3.3% y aumentaría el déficit federal en casi un billón de dólares. La economía, que enfrenta una población envejecida y una creciente demanda de mano de obra joven, se vería severamente afectada en sectores clave como la agricultura, la construcción, el transporte y el cuidado de personas mayores. Las cifras contradicen las políticas actuales.
El mundo responde: México negocia, Brasil se resiste
La política migratoria de Trump también ha generado tensiones diplomáticas. México logró evitar nuevos aranceles a sus exportaciones al acordar con Estados Unidos la extensión de un pacto migratorio por 90 días, tras una negociación directa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Por otro lado, Brasil ha sido blanco de una sanción económica sin precedentes: se impusieron aranceles del 50% como medida de presión para frenar el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Estas decisiones reflejan una política exterior en la que migración, economía y diplomacia se entrelazan, con consecuencias que trascienden las fronteras estadounidenses y afectan directamente a millones de personas en toda América Latina.
Este 1 de agosto estaba prevista la implementación de las altas tarifas arancelarias del presidente de Estados Unidos impuso a las importaciones a nivel global, y que él mismo había suspendido en abril pasado. Sin embargo, Trump anunció, según dio a conocer el medio France 24, ayer un nuevo plan arancelario que entrará en vigor a partir del 7 de agosto, seis días después de lo previsto.
Washington ha logrado acuerdos comerciales con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Pakistán y Camboya, entre otros.
