El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto al envío de remesas de los migrantes hacia sus países de origen. Aunque el proyecto avanzó, este fue modificado con una nueva reducción y ahora el gravamen sería del 1 por ciento. El proyecto regresará a la Cámara de Representantes y finalmente será el presidente Trump quien debe promulgar la normativa.
Por: Rony Ríos
El Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada de ayer una versión revisada del proyecto de ley denominado Una Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill), que incluye un impuesto federal del 1 % sobre las remesas enviadas al extranjero.
Inicialmente, la propuesta contemplaba un gravamen del 5%, pero en mayo, al pasar por la Cámara de Representantes, fue reducido al 3.5%. Ahora, tras negociaciones en el Senado, el impuesto quedó en un 1% para facilitar su aprobación y evitar bloqueos legislativos.
Ahora el proyecto regresó a la Cámara de Representantes, quienes, de aprobar la normativa, enviarían el documento al presidente Donald Trump para su promulgación.
Según el texto aprobado, el impuesto del 1% se aplicará exclusivamente a remesas enviadas en efectivo, giros postales o cheques de caja. En cambio, las transferencias realizadas mediante cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito quedarán exentas del cobro.
La normativa también establece excepciones para ciudadanos estadounidenses. En estos casos, el impuesto no se aplicará si las remesas se envían desde puntos certificados como “proveedores calificados de transferencias de remesas”, es decir, entidades que hayan firmado un acuerdo con el Departamento del Tesoro para verificar el estatus migratorio del remitente.
El cobro del impuesto será responsabilidad de las empresas que prestan el servicio de envío. Por ejemplo, si un migrante envía US$100 en efectivo, la empresa restará US$1 que deberá transferirse al Departamento del Tesoro en las declaraciones fiscales trimestrales. En caso de incumplimiento, estas empresas podrían enfrentar acciones legales por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Impacto para Guatemala
Aunque el porcentaje final del impuesto es considerablemente menor al planteado en versiones anteriores, el impacto para países que dependen fuertemente de las remesas puede ser significativo.
En 2024, el Banco de Guatemala reportó que recibió más de US$21 mil millones en remesas, lo que representa más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que este flujo de divisas no solo sostiene el consumo de millones de hogares, sino que también dinamiza sectores como la construcción, el comercio y los servicios.
Si el impuesto hubiera estado vigente en 2024, las familias guatemaltecas habrían dejado de recibir alrededor de US$210 millones, que en su lugar habrían sido recaudados por el gobierno de Estados Unidos.
Además, asociaciones de migrantes han manifestado su rechazo a la medida, al considerarla una penalización directa al esfuerzo de quienes sostienen económicamente a sus familias desde el extranjero.
El proyecto podría ser utilizado por el presidente Trump como una herramienta para fortalecer su narrativa de control migratorio y para mostrarse moderado frente a sectores económicos que podrían verse afectados por la caída en el flujo de remesas.
Trump ya manifestó su interés por aprobar el proyecto de ley y anteriormente solicitó al Senado que el mismo avanzara. Ahora la ley debe ser revisada y aprobada de nuevo por la Cámara de Representantes, para que la decisión final quede en manos del presidente, quien debe aprobarlo en última instancia y parece que lo hará fácilmente el 4 de julio, como una muestra de la celebración de la independencia de los Estados Unidos.
Riesgo de informalidad
Con la aprobación de este impuesto se podría generar también un cambio en los hábitos de envío de remesas, quienes podrían optar por métodos informales o alternativos para evitar la deducción. Esto podría abrir la puerta a una mayor informalidad y pérdida de control sobre el origen y destino del dinero, así como a posibles riesgos de lavado de dinero o fraudes.
En mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. reportó la detención de Brenda Lili Barrera Orantes, quien fue señalada de operar una empresa de envío de remesas, pero que también fungía como “lavandería” de dinero ilícito. Barrera fue señalada de lavar US$$18.5 millones provenientes del narcotráfico a través de su red de tiendas llamada “La Popular”.
