Entre los desafíos identificados están la falta de independencia de comisionados por presiones externas como la criminalización, judicialización de los procesos y el tráfico de influencias; también las exclusiones arbitrarias y la falta de transparencia.
Por Simón Antonio Ramón
El año 2026 será clave para la justicia guatemalteca. Se elegirá a la persona que asuma como fiscal general del Ministerio Público (MP); también a magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC); del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un proceso que involucra los tres poderes del Estado, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y todas las universidades del país.
La organización Impunity Wacht advierte que el proceso puede enfrentar procesos de criminalización de quienes integren las comisiones de postulación y las candidaturas a los cargos; judicialización de los procesos con la intención de obstruirlos o retrasarlos, un contexto en donde el MP puede presionar para favorecer a personas del círculo de Consuelo Porras.
También señala que faltan instrumentos objetivos y estandarizados para evaluar las capacidades y experiencia de las y los aspirantes que respondan a los estándares internacionales; falta de criterios objetivos para valorar la independencia y la ética de las personas; presiones externas y tráfico de influencia en la elección.
Los procesos
La elección del TSE y de fiscal general del MP se realizarán por comisiones de postulación y se integrarán de la siguiente manera:
El Congreso debe realizar la convocatoria para la integración de la comisión de postulación a finales de noviembre de este año e instalarse en enero de 2026. La elección final queda en manos del Congreso que deberá elegir a los nuevos magistrados antes del 20 de marzo. La postuladora será presidida por Walter Mazariegos, señalado por el fraude electoral para ocupar el cargo de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La comisión se integrará por cinco personas: la presidencia, a cargo de Walter Mazariegos; un representante de los rectores de las universidades privadas en el país electo en foro de rectores; un representante de los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades privadas, electo en asamblea; el decano de la Facultad de Derecho de la USAC y un representante del Colegio de Abogados, electo en asamblea general.
Cada miembro de la comisión de postulación tendrá un suplente. En el caso del decano de la USAC y Mazariegos, sus suplentes serán electos por el Consejo Superior Universitario (CSU). Enviarán una nómina de 20 candidatos al Congreso para elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para un periodo de cinco años.
Elección de fiscal general
La Postuladora para elegir a fiscal general, según la Ley Orgánica del MP, la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ); participará Patricia Gámez, presidenta; y Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor, ambas del CANG.
También participan los 15 decanos de la Facultad de Derecho de las universidades del país. La comisión debe instalarse el 17 de marzo y enviar una nómina de seis candidatos al presidente Bernardo Arévalo para que designe a la persona que tomará posesión el 18 de mayo para un periodo de cuatro años y que sustituirá a Consuelo Porras.
Elección de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad
Para la elección de las cinco magistraturas titulares e igual número de suplentes para la Corte de Constitucionalidad el proceso es diferente. El OJ, el Congreso, el Ejecutivo, la USAC y el Colegio de Abogados designan cada uno a un magistrado titular y a un suplente.
El presidente designa a su representación en consejo de ministros; la CSJ con siete de los 13 votos del pleno; el Congreso con 81 votos en el pleno.
EL CANG lo hace en una asamblea general extraordinaria y la USAC en una sesión del CSU.
“Las designaciones de los tres poderes del Estado no son apelables, únicamente se pueden apelar las designaciones del Consejo de la USAC y de la Asamblea General del CANG, ya que estos sí cuentan con impugnaciones propias en materia electoral”, señala Impunity Wacht.
Las y los magistrados electos y designados deben ser juramentados en el Congreso antes del 14 de abril, fecha en que tomen posesión de sus cargos para un periodo de cinco años.
Los desafíos: Comisiones de postulación y transparencia
Impunity Wacht advierte la judicialización de este proceso y la criminalización como también lo ha hecho Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de Magistrados y Abogados, y Jordi Cañas, jefe de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea en su reciente visita a Guatemala.
Alejandro Rodríguez, de Impunity Wacht, dijo que en el proceso de 2022 la Fundación contra el Terrorismo presentó acciones legales para excluir en el proceso de elección de fiscal general a jueces de primera instancia y en la elección de la CC fue excluida Gloria Porras.
El abogado señaló que las exclusiones tienen más motivaciones políticas que jurídicas. “El pacto de corruptos logró resoluciones ilegales para excluir a las personas, con un interés político para excluir a los mejor candidatos”, señaló Rodríguez.
Por su parte, la relatora Margaret Satterthwaite, en su reciente visita oficial a Guatemala, se refirió al mecanismo de comisiones de postulación que “se ha desviado decisivamente de su objetivo de garantizar el nombramiento de autoridades idóneas a través de procesos públicos y objetivos marcados por la eficiencia, eficacia, integridad y representatividad”.
También habló de la proliferación de universidades privadas de baja calidad con derecho a designar representantes en las comisiones, lo que ha subvertido el propósito detrás de la participación académica.
Jordi Cañas, jefe de la Mision de Seguimiento Electoral de la Unión Europea, calificó al 2026 como año clave para el rescate del sistema de justicia. “Creemos y estamos convencidos que lo que pase puede ser definitivo para conseguir el objetivo de una de las 26 recomendaciones electorales sobre el esfuerzo de Estado de derecho”, señaló.
Tanto la relatora de la ONU y el jefe de Misión de Seguimiento Electoral, exhortaron a que los procesos de elección de autoridades de 2026 sean acompañados por delegaciones de misiones de observación internacional, como ocurrió con la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en 2024.
