La llegada del invierno de 2025 amenaza con reactivar el riesgo en Las Minas, una aldea del municipio de Casillas, Santa Rosa, donde hace dos años un derrumbe sepultó viviendas, cobró vidas inocentes y dejó una comunidad entera en el abandono. A pesar de las alertas técnicas y de las promesas institucionales, hoy las grietas siguen abiertas, la carretera continúa en condiciones inadecuadas y las viviendas soterradas no han sido reconstruidas.
Por Glenda Álvarez
A dos años del derrumbe que marcó la vida de la aldea Las Minas en Casillas, Santa Rosa, donde el 24 de abril el deslave soterró nueve viviendas y dejó dos niños fallecidos, el panorama en la comunidad sigue siendo de precariedad, desconfianza y abandono institucional.
Al llegar al lugar, ubicado en el kilómetro 84 de Casillas, Santa Rosa, se puede observar que algunos escombros han sido removidos y la carretera principal ha sido parcialmente rehabilitada, sin embargo, la vida no ha vuelto a ser la misma.
En esta localidad, de aproximadamente 210 familias, las cicatrices del desastre siguen visibles: en la tierra agrietada, en las casas destruidas y en los rostros de quienes, a falta de alternativas, han regresado a vivir al borde del peligro.
El sector del cerro que colapsó el 24 de abril de 2023, que dejó dos personas fallecidas, permanece declarado como zona de alto riesgo no habitable por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Los bloques de tierra que se deslizaron ese día aún forman una especie de nuevo relieve que recuerda a todos lo ocurrido.
La vegetación ha comenzado a crecer tímidamente entre los escombros, pero el suelo sigue inestable. Las nueve viviendas soterradas siguen perdidas, sin que hasta ahora se haya hecho una sola obra de reconstrucción sobre esos terrenos.
Muchas de las familias evacuadas después del desastre regresaron a sus viviendas o a zonas cercanas, aun sabiendo que habitan en áreas clasificadas como franja de amenaza alta. La razón es simple: no tienen a dónde más ir. Las promesas de reubicación se diluyeron entre la burocracia, los cambios de gobierno y la falta de ejecución presupuestaria.
“Nos dijeron que nos iban a hacer casa. Que no podíamos quedarnos. ¿Pero a dónde vamos? Aquí nos quedamos, aunque sepamos que estamos en riesgo”, comentó una de las mujeres afectadas.
“Cada vez que llueve se vuelve a deslizar la tierra”
Posterior al derrumbe, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en coordinación con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y el Ejército, trabajó durante cinco meses para remover más de 300 mil metros cúbicos de tierra que bloqueaban el tramo del kilómetro 84, de la carretera RD-SRO-03, que conecta Casillas con San Rafael las Flores y Mataquescuintla. Hoy, la ruta se encuentra transitable, pero no es completamente segura.
Como única obra visible en el punto crítico, se construyó un muro de contención improvisado, hecho con piedras envueltas en una malla metálica. Según la comunidad, esta estructura fue colocada “más para aparentar que como medida real de protección”. Las lluvias intensas del invierno de 2024 y los primeros aguaceros de este 2025 han evidenciado su fragilidad: el lodo y los sedimentos lo sobrepasan con facilidad, provocando nuevos bloqueos de la carretera.
“Cada vez que llueve fuerte, se vuelve a deslizar tierra y la carretera se llena de lodo”, relatan los vecinos. Esta situación ha provocado que vehículos se atasquen y que el paso se vuelva peligroso o intransitable durante varios días. Ante el cierre parcial de la vía, los pobladores han recurrido a usar un desvío por el cantón El Tablón, una ruta alterna rural en pésimo estado que no ha recibido mantenimiento desde hace años. Pese a los constantes reclamos, la Municipalidad de Casillas no ha intervenido para mejorar este tramo.
Después del derrumbe, tanto el Gobierno central como la municipalidad anunciaron que las familias afectadas serían reubicadas en zonas seguras. A través del Fondo para la Vivienda (FOPAVI) se ofreció gestionar subsidios habitacionales y lotes con servicios para quienes perdieron sus casas o habitaban en zonas de riesgo. Sin embargo, hasta junio de 2025 no se ha construido una sola vivienda.
Algunas familias recibieron donaciones temporales de organizaciones religiosas, pero no soluciones permanentes. La única casa reconstruida formalmente fue posible gracias a la Iglesia católica y a la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), que gestionaron recursos para un vecino damnificado. Por su parte, según testimonios locales, la ayuda humanitaria más concreta provino de la Iglesia católica, que entregó víveres y acompañamiento espiritual. Se logró apoyar la reubicación de al menos dos familias evacuadas.
Como parte de este reportaje, Prensa Comunitaria consultó al actual presidente del COCODE de Las Minas sobre las gestiones recientes para exigir respuesta de las autoridades o para darle seguimiento a las promesas de reconstrucción. En su respuesta dijo que asumió el cargo recientemente y que, por el momento, no contaba con información suficiente para pronunciarse sobre el proceso ni sobre las acciones de la municipalidad.
Se intentó establecer comunicación con la actual administración de la Municipalidad de Casillas con el objetivo de conocer su postura institucional sobre las acciones emprendidas tras el derrumbe en la aldea Las Minas. Se buscaba obtener información clara sobre las medidas implementadas para apoyar a las familias afectadas y prevenir futuras tragedias. Sin embargo, no se recibió una respuesta directa, en su lugar, se indicó que la solicitud debía ser tramitada formalmente a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la municipalidad.
La comunidad de Casillas alertó con tiempo
La comunidad de Las Minas, en el municipio de Casillas, Santa Rosa, llevaba meses alertando sobre el peligro. Desde 2022, vecinos advirtieron la aparición de grietas en el cerro que domina la aldea. Ante estas señales, Dayri Bocanegra, alcalde de Casillas, solicitó a finales de 2022 una inspección técnica en la zona.
En noviembre de ese año, personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), junto a expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), realizó una evaluación del terreno con drones y detectó inestabilidad en una ladera del cerro. El informe de la Conred, emitido el 31 de enero de 2023, confirmó la presencia de extensas grietas en la cima de la montaña que amenazaban con un deslizamiento de tierra.
Preocupados por la falta de acciones inmediatas, la población tomó la iniciativa, la comunidad convocó a una reunión de emergencia con autoridades locales. En esa asamblea, a la que asistieron representantes de la municipalidad, Conred, Insivumeh y la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, los técnicos advirtieron claramente que durante el próximo invierno existía la posibilidad de un alud en el cerro.
Incluso, los vecinos habían gestionado un estudio independiente: el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (CESEM) de la Universidad de San Carlos (USAC) realizó una visita de campo el 1 de marzo de 2023. Los ingenieros de la USAC encontraron que entre enero y marzo el terreno había pasado de un desplazamiento de 10 centímetros a más de 12 metros de movimiento, un indicio gravísimo de una falla inminente. El informe de la Universidad concluyó con recomendaciones urgentes: informar y organizar a la aldea sobre los riesgos, trazar planes de emergencia y rutas de evacuación para evitar una tragedia anunciada.
A pesar de estos antecedentes, muchas familias de Las Minas continuaron en sus hogares y sin reubicación alguna. Autoridades locales dijeron que se hizo lo posible por prevenir. “Se les dijo qué podía pasar… ya se les había hecho saber a los pobladores”, declaró el alcalde Bocanegra, al asegurar que dos semanas antes del desastre se informó a la comunidad sobre la inestabilidad del cerro.
Sin embargo, en la práctica no se evacuó a la población y tampoco se tomaron acciones contundentes para mitigar el riesgo. Las advertencias de los técnicos quedaron como alertas en papel que, para muchos habitantes, no se tradujeron en medidas concretas. Lamentablemente, esas alertas se materializaron en desastre pocos días después.
La tragedia del 24 de abril de 2023
La tarde del lunes 24 de abril de 2023, Las Minas vivió el peor de sus temores. Tras lluvias, alrededor de las 5 p.m. un estruendo seco, un retumbo desde las entrañas del cerro, puso en alerta a los vecinos. En segundos, la ladera agrietada se desprendió. Un alud gigantesco de tierra, rocas y árboles se precipitó cuesta abajo directamente sobre la aldea. Nueve viviendas quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros, y al menos otras diez sufrieron daños graves o en riesgo inminente de colapso. Familias enteras corrieron ladera abajo buscando salvar sus vidas mientras veían cómo la montaña literalmente se les venía encima.
El saldo humano de la tragedia sacudió a la aldea, Ian Turcios Palma, un niño de cinco años, y su hermano de nueve quedaron soterrados durante el derrumbe. Ambos fueron rescatados con vida, pero murieron posteriormente a causa de las heridas, pese a los esfuerzos del personal médico en el hospital de Cuilapa.
Su madre, de 29 años, logró sobrevivir con lesiones físicas. No se reportaron más personas fallecidas; muchas lograron huir a tiempo al escuchar el estruendo del cerro. Aun así, más de 230 quedaron damnificadas: sus viviendas quedaron destruidas o declaradas inhabitables, por lo que tuvieron que ser evacuadas de emergencia.
La carretera departamental RD-SRO-03, que conecta Casillas con San Rafael Las Flores, quedó bloqueada en el kilómetro 85 bajo con un enorme montón de tierra y piedra. La aldea Las Minas y comunidades vecinas quedaron incomunicadas por vía terrestre. Además, el deslave arrasó con una quebrada (arroyo) al fondo del valle, formando un dique natural: el material acumulado detuvo el curso del agua, provocando la formación de una laguna.
Las autoridades advirtieron en ese entonces que este embalse podía ceder y causar inundaciones río abajo, añadiendo otro peligro para la comunidad.
Causas estructurales: falla geológica y extracción sin control
Las Minas se asienta en una zona geológicamente frágil. Según el “Reporte de Campo INS-DG-SG-RC-2022-010” del INSIVUMEH, de fecha 8 de diciembre de 2022, la estructura del suelo en la aldea Barrera (Casillas, Santa Rosa) se encuentra influenciada por la convergencia de varios sistemas tectónicos activos: al norte la falla del Motagua, al oeste el graben (un bloque de falla situado en una posición relativamente baja, limitado por fallas directas opuestas) de la Ciudad de Guatemala y al este el graben de Ipala.
Esta configuración genera un terreno fracturado, propenso a movimientos de masa, particularmente durante eventos de lluvia intensa o actividad sísmica. El informe identificó una ladera compuesta por vulcanitas terciarias (rocas volcánicas) y depósitos pomáceos (materiales sueltos de ríos), con una pendiente mayor al 60%, condiciones que la vuelven extremadamente inestable.
No obstante, el factor natural no explica por sí solo la magnitud del colapso ocurrido en abril de 2023. El informe DMI 297 20221208 de la Dirección de Mitigación de CONRED, elaborado por la ingeniera Ana Cristina Rodríguez Alvarado, documenta un elemento antropogénico determinante: la extracción prolongada e incontrolada de balasto (material pétreo para carreteras) en la base del cerro. Esta actividad había socavado progresivamente la ladera, generando cortes verticales de hasta 90 grados sin ningún tipo de soporte técnico o normativo.
Según ese informe, la parte superior del cerro (llamada “corona”) presentaba una grieta continua de 700 metros de longitud, con un ancho de entre 20 y 30 centímetros, una profundidad de hasta 4 metros y desplazamientos verticales entre bloques de tierra de 20 a 62 centímetros. Estas condiciones evidenciaban un movimiento en masa activo, conocido como reptación, que presagiaba un inminente colapso.
Las conclusiones de CONRED fueron claras: la combinación de deforestación, extracción intensiva sin licencia ambiental, infiltración pluvial y la geología fracturada del terreno había generado una inestabilidad crítica en la ladera. El informe también recomendó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) verificar si la explotación de balasto contaba con licencia vigente, lo cual, hasta la fecha, no ha sido esclarecido públicamente.
Estas alertas técnicas fueron reforzadas por el informe del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (CESEM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos (USAC), resultado de una visita de campo realizada el 1 de marzo de 2023. Los ingenieros del CESEM midieron el desplazamiento acelerado del terreno: de apenas 10 cm en enero, se registró un salto a más de 12 metros en marzo, lo cual confirmó que el proceso de ruptura de la ladera estaba en marcha. El estudio concluyó que, de no ejecutarse evacuaciones inmediatas y obras de mitigación, el colapso era inevitable.
Fuentes comunitarias señalan que la extracción de balasto en Las Minas llevaba más de 20 años realizándose sin control ni licencia ambiental. Este periodo abarca las administraciones municipales del exalcalde Felipe Rojas (quien gobernó por cuatro períodos) y del actual alcalde Dayri Bocanegra.
Ambos habrían permitido, por acción u omisión, la operación de la cantera pese a no contar con permisos del Ministerio de Energía y Minas. De hecho, el estudio de Conred recomendó expresamente al MEM verificar si la actividad extractiva contaba con licencia aprobada y vigente, y revisar la situación legal del sitio.
Todo apunta a que la explotación era clandestina o irregular, dañando la montaña año tras año hasta dejarla estructuralmente vulnerable. A ello se suma que, según vecinos, el terreno donde se realizaba la extracción pertenece a un sobrino del exalcalde Rojas, lo que sugiere posibles conflictos de interés y favorecimientos familiares. La negligencia humana, sobre una geología inestable, preparó el escenario del desastre.
Comunitarios: “La ayuda nunca llegó”
Para los habitantes de Las Minas, el derrumbe no fue una tragedia natural, sino una consecuencia directa de años de abandono y extracción irresponsable. Ernesto Lorenzo Nájera, líder comunitario, vivió el desastre en carne propia.
“Fue doloroso, porque todos los que estábamos cerca tuvimos que evacuar, no por decisión propia, sino porque nos sacaron entre Conred, bomberos y el Cuerpo de Ingenieros. No había un lugar designado para irnos, nos instalaron en la cancha polideportiva de aquí mismo, como una solución improvisada”, recuerda.
Nájera denuncia que, además del desastre físico, el derrumbe desató tensiones políticas. Según su testimonio, tras la emergencia se intentó conformar un COCODE vinculado políticamente a estructuras cercanas al exalcalde Felipe Rojas, lo que generó malestar entre los pobladores.
También critica el silencio institucional: “Aquí todo el mundo se hace el desentendido, porque como fue una obra del alcalde de entonces, nadie dice nada. Al cerro le quitaron las patas, como a uno si le quitan los pies: se cae. Y eso fue lo que pasó”.
El líder comunitario afirma que aunque algunas instituciones llegaron al principio la atención fue limitada. “Estamos agradecidos con Conred y los ingenieros porque al menos evacuaron gente. Pero más allá de eso, no se ha hecho nada. El MEM y el Insivumeh deberían vigilar el cerro, pero no lo hacen. Y hay gente que todavía quiere seguir extrayendo balasto, así que aquí nos ha tocado meter la mano, decir que ya no se puede seguir probando el cerro. No queremos más desgracias”.
Nájera calcula que fueron al menos 17 las viviendas afectadas, pero asegura que “a ninguna familia se le ha ayudado con una casa, como se prometió”. Solo recuerda un caso particular: una casa construida con ayuda de la Iglesia católica para un señor originario de Zacuapa, una aldea de Nueva Santa Rosa. “Todo lo demás quedó en promesas. Los diputados vienen, se toman la foto y se van”.
No todos los testimonios se dan con nombre y apellido, un vecino que habló a condición de anonimato dijo desconfiar de los reportajes y de las autoridades.
“Para qué dar mi nombre, si cuando pasó todo vinieron medios, nos entrevistaron, tomaron fotos, y nunca pasó nada. Prometieron ayuda para los que perdimos nuestras casas, pero esa ayuda nunca llegó”, indicó.
Este vecino perdió su cocina y una galera donde almacenaba su cosecha de maíz. “Todo se fue bajo el derrumbe. Yo como pude volví a levantar la cocina con mis propios medios”, relata con resignación. Asegura que en su cuadra pasaron varios días sin energía eléctrica porque el deslizamiento derribó un poste de luz.
“Llamamos a la municipalidad, pedimos que nos ayudaran, pero nunca llegaron. Al final, nos organizamos entre los vecinos y levantamos el poste nosotros mismos”. Su relato refleja lo que muchos en Las Minas sienten: abandono estatal y una profunda desconfianza hacia quienes prometen desde fuera.
A la fecha, ninguna de las viviendas destruidas ha sido reconstruida. “Aquí nadie ha hecho nada, ni la Municipalidad ni el Gobierno. Cada quien está viendo cómo sobrevive”, expresan comunitarios.
Durante este reportaje, Prensa Comunitaria intentó hablar con varias de las familias afectadas, pero muchas prefirieron guardar silencio. Algunas dijeron abiertamente que ya no confían en ningún medio, porque en su momento dieron entrevistas, salieron en las noticias y “nada cambió”. Otras, simplemente evitaron hablar por el dolor que todavía cargan.
Este silencio es una herida profunda que no ha sido atendida ni cerrada. Para muchas familias, hablar del derrumbe significa revivir el trauma de haber perdido su hogar su seguridad y tranquilidad.
Sin justicia, sin viviendas, sin caminos seguros, la comunidad se mantiene de pie gracias a su propia capacidad de organización y apoyo mutuo. Como bien lo dijo un líder local: “Aquí cada uno reza por su santo”.
Pero no debería ser así. La protección de la vida, el territorio y la dignidad no puede seguir dependiendo del azar ni de la resistencia aislada de las comunidades sino de la voluntad política, acciones estructurales y, sobre todo, memoria activa para que lo ocurrido en Las Minas no se vuelva a repetir.
