La Sala Segunda de Mayor Riesgo levantó parcialmente el embargo sobre dos inmuebles vinculados al exfuncionario Miguel Martínez, tras aceptar el recurso de Inmobiliaria Pallú S.A. El caso forma parte de las pesquisas por presunto lavado de dinero durante su gestión como director del Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo acogió parcialmente un recurso de apelación presentado por Inmobiliaria Pallú S.A., una de las empresas que reclamó la propiedad de dos bienes embargados y vinculados al exfuncionario Miguel Martínez, investigado por presunta corrupción. El fallo ordena el levantamiento del embargo sobre esos inmuebles, pero mantiene restricciones sobre otros vinculados al caso y a nombre de otras sociedades.
Este caso forma parte de las investigaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito durante la gestión de Martínez, hombre de confianza del expresidente Alejandro Giammattei. Las autoridades mantienen embargados otros bienes, mientras avanzan en las pesquisas.
La diligencia para conocer la apelación se realizó a puerta cerrada, sin acceso a público ni medios de comunicación, por la reserva del caso. Las medidas cautelares se fundamentan en las sospechas sobre el origen ilícito de los bienes, cuyo valor aproximado asciende a Q10 millones.
Hasta ahora no se ha precisado la ubicación exacta de las seis propiedades afectadas por la medida, así como su relación directa con los presuntos actos ilícitos que motivaron esta acción judicial.
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Juzgado embarga bienes vinculados a Miguel Martínez por sospechas de lavado
Bienes inmovilizados
El 12 de mayo, el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó varios bienes vinculados a Miguel Martínez y registrados a nombre de sociedades relacionadas: las fincas 4,629 (folio 129, libro 30E), 4,620 (folio 120, libro 30E) y 4,621 (folio 121, libro 30E) de Sacatepéquez, a nombre de Demci Arnoldo López Villatoro; la finca 64,619 (folio 68, libro 1078) de Guatemala, propiedad de Nahual Energy, S.A.; la finca 781 (folio 78, libro 2119) de Guatemala, bajo Antagonista de Negocios, S.A.; y la finca 780 (folio 77, libro 2119) de Guatemala, perteneciente a Inmobiliaria Pallú, S.A., como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En este tipo de procedimientos para investigar el origen (lícito o ilícito) de bienes, al haberse aceptado la inmovilización, la Fiscalía tendrá un plazo determinado para desarrollar la investigación y decidir si solicita, o no, que esos bienes pasen a favor del Estado.
Sin embargo, en casos recientes como los de Hebert Melgar Padilla, Alejandro Sinibaldi o Manuel Baldizón, las investigaciones sobre bienes de presunto origen irregular no avanzaron, lo que ha permitido a los implicados recuperar sus propiedades.
