La ODHAG manifestó la necesidad de renovar el sistema de protección a la niñez y adolescencia y que dé prioridad a la prevención tomando en cuenta las necesidades de cada niña y niño y que no proponga aislarlos y aislarlas en centros residenciales como única solución. “El sistema de protección de la infancia no solo es el Estado, sino que debe contar con la activa participación de toda la sociedad”, afirmó.
Por Derik Mazariegos
La niñez guatemalteca se enfrenta a múltiples formas de exclusión y violencia, así se evidencia en el informe “Niñas, teniendo niños. Situación de la niñez y adolescencia en Guatemala 2022–2024”, presentado el miércoles 7 de mayo por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
El documento muestra la desprotección estructural que viven niñas, niños y adolescentes, y en particular, las niñas víctimas de violencia sexual y embarazo forzado. Además, el informe fue presentado como una alerta y una exigencia ética ante lo que muchos califican como una forma institucionalizada de tortura: los embarazos en niñas menores de 14 años.
Según los datos presentados, aproximadamente 2,000 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada año en Guatemala. Este dato, reiterado en los informes de salud pública y registros hospitalarios, representa una de las caras más graves y persistentes de la violencia sexual en el país.
En palabras del equipo investigador de la ODHAG, cada embarazo infantil documentado “es una prueba del fracaso estatal, de la impunidad normalizada y del abandono de políticas reales de protección”.
Legalmente, cualquier relación sexual con una menor de 14 años se considera violación. Sin embargo, como se denuncia en el informe, la respuesta institucional sigue siendo fragmentada, insensible o directamente ausente.
Las niñas embarazadas son muchas veces obligadas a continuar sus gestaciones sin acceso a apoyo psicosocial, sin acompañamiento médico integral y sin garantías de justicia.
“Esta es una emergencia de derechos humanos que revela las desigualdades más profundas de nuestro sistema”, expresó uno de los representantes de la ODHAG durante la presentación.
Pobreza, migración y exclusión
El informe no se limita al fenómeno del embarazo infantil. También documenta la situación general de la niñez y adolescencia guatemalteca, marcada por altos índices de desnutrición crónica, abandono escolar, trabajo infantil, migración forzada y violencia doméstica y comunitaria.
En muchos municipios del país, más del 70% de la niñez vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Además, la cobertura en salud mental infantil es casi inexistente y los servicios de protección de la niñez sufren de una grave precariedad presupuestaria y operativa.
El informe resalta también los impactos del desplazamiento forzado. Cada año, miles de niñas y adolescentes migran hacia México o Estados Unidos huyendo de contextos de violencia, pobreza y abuso. Muchas de ellas enfrentan nuevos riesgos durante el camino: trata de personas, explotación sexual, detenciones sin acompañamiento legal y deportaciones sin seguimiento.
Un Estado que no escucha
Uno de los ejes del informe se enfoca en el desmantelamiento o debilitamiento de los sistemas de protección social. A pesar de que existen marcos legales como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, su implementación sigue siendo débil, burocrática y limitada a zonas urbanas.
En particular, el informe denuncia la falta de funcionamiento efectivo de la Ruta Crítica de Atención para Niñas y Adolescentes Menores de 14 Años Víctimas de Violencia Sexual y Embarazo, aprobada por el Ministerio de Salud en 2021. Esta ruta establece mecanismos de atención inmediata, acceso a salud integral, apoyo psicológico y remisión a fiscalía. Sin embargo, en la práctica, son pocas las instituciones que implementan la normativa y otras que desconocen de qué se trata.
“Las niñas llegan a los hospitales y muchas veces no son reconocidas como víctimas. Eso es tortura”, denunció una trabajadora social durante el evento.
El documento expone el embarazo infantil como una forma de tortura, en línea con estándares del derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros órganos internacionales han afirmado que obligar a una niña víctima de violación a continuar con un embarazo no deseado puede constituir una violación a sus derechos a la integridad física, psíquica y emocional, además de una revictimización institucional.
Esta conceptualización obliga al Estado a prevenir, sancionar y reparar no solo los hechos de violencia sexual, sino también las omisiones que perpetúan el daño.
Según la ODHAG, el sistema judicial sigue revictimizando a las niñas: sus denuncias no avanzan, los agresores quedan impunes o son protegidos por estructuras de poder locales, incluyendo iglesias, autoridades comunitarias o familiares.
Ante este contexto de vulnerabilidad para las niñas y adolescentes, el informe señala algunas recomendaciones y exigencias al Estado entre estas:
- Incluir en la agenda política del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según corresponda— la reducción de las causas estructurales que han provocado la desprotección sistemática de niñas, niños y adolescentes (NNA) en todo el país. Es fundamental sentar las bases para la formulación e implementación de un verdadero Sistema Nacional de Protección Integral y Garantía de Derechos, así como de Sistemas Municipales de Protección y Prevención de las violencias que afectan a NNA en su vida cotidiana.
- Ampliar la seguridad social y fortalecer los servicios públicos para proporcionar acompañamiento integral y cobertura universal a niñas menores de 14 años embarazadas. Estos programas deben incluir apoyo financiero, acceso a salud, educación, atención psicosocial y nutrición, garantizando un enfoque integral que respete y proteja sus derechos económicos, sociales y culturales.
- Asegurar que todas las niñas víctimas de violencia sexual o en situación de embarazo, incluyendo aquellas que viven en condiciones de pobreza, en áreas rurales, indígenas o con discapacidad, tengan acceso equitativo a servicios de salud, pruebas diagnósticas, medicamentos de calidad, apoyo psicológico y acompañamiento espiritual, para reducir el riesgo de complicaciones o muerte.
- Implementar programas de Educación Integral en Sexualidad (EIS) en todos los niveles del sistema educativo, garantizando que niñas y niños accedan a materiales didácticos adecuados para su edad. Estos programas deben fomentar el empoderamiento de las niñas y adolescentes y promover una cultura de prevención y no violencia.
- Prevenir la revictimización y promover una atención sensible hacia las niñas a través de un enfoque centrado en sus derechos, dignidad y bienestar en todo el proceso judicial y en la atención en salud.
Un documento que busca sacudir conciencias
La presentación del informe “Niñas teniendo niños” se llevó a cabo en el Salón Concepción, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, y fue transmitida por redes sociales, en el marco del 35 aniversario de la ODHAG. La actividad contó con el acompañamiento de organizaciones aliadas, integrantes de iglesias, prensa y personal de instituciones públicas.
El documento resaltó que se debe poner la vida de las niñas al centro. En medio de un contexto político cambiante, con nuevos actores institucionales que han prometido luchar por los derechos humanos, el informe exige pasar del discurso a la acción. No se trata únicamente de reformar leyes, sino de transformar mentalidades, prácticas institucionales y estructuras sociales.
En palabras de una de las participantes del evento, “las niñas no necesitan más discursos, necesitan que no las violen, que no las callen y que no las obliguen a parir”.
Consulta el informe completo aquí: https://static.webapp-portal.com/resources/odhag/lp/249076/11.pdf?1746635932
