MP anuncia nuevo caso contra Bernardo Arévalo y su hermano

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, informó de una investigación contra el presidente Bernardo Arévalo y su hermano por presunto tráfico de influencias en Puerto Quetzal.

Por Alexander Valdéz

El fiscal Rafal Curruchiche anunció diligencias de investigación en un nuevo caso dirigido contra el presidente Bernardo Arévalo y su hermano, sin precisar el nombre. El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) aseguró que se trata del seguimiento a una denuncia sobre la comisión de posibles “hechos de corrupción” cometidos por el mandatario.

Según comunicó, se desarrollaron tres allanamientos, registro e inspección ocular en inmuebles ubicados en Puerto Quetzal. Además, señala que, esos terrenos están vinculados a una transacción realizada por el presidente y su hermano, quienes supuestamente entregaron a empresas chinas el control de los puertos en la República de Guatemala.

“Como parte del seguimiento a una denuncia sobre la comisión de posibles hechos de corrupción cometidos por el presidente de la República de Guatemala y su hermano, hoy, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad desarrolla tres diligencias de allanamiento, registro e inspección ocular en inmuebles ubicados en Puerto Quetzal”, indicó en un video publicado en redes sociales.

Este fue el video:

Sobre el viaje de Arévalo para supuestamente realizar esa negociación, fue desmentido hace algunos meses en redes sociales, donde circuló un documento que confirmó que el gobernante no había tenido viajes en las fechas que señala la denuncia.

Un año de gobierno y tres casos

Desde que se conoció la victoria presidencial de Arévalo con el Movimiento Semilla para las elecciones generales del 2023, la FECI dirigida por Curruchiche no ha cesado de anunciar casos que alcanzan al mandatario. El primero fue la investigación contra Semilla, en la que se intentó bloquear su participación en la segunda vuelta electoral y luego su toma de posesión.

Después, fue señalado de emitir una “orden ilegal” a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario a constructores de obras contratados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).

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