Aunque se ordenó analizar el traslado del caso Melissa Palacios a juzgado de alto riesgo, la Cámara Penal aún no fija audiencia. Por ahora el caso sigue estancado y sin definirse si se traslada o no para la capital.
Por Prensa Comunitaria
La Fiscalía de Femicidio informó que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha programado la audiencia para evaluar la viabilidad de trasladar el caso de Melissa Palacios a un Juzgado de Mayor Riesgo en la capital, pese a que el pleno de magistrados ya ordenó analizar la solicitud presentada por el Ministerio Público y los familiares de la víctima, desde el pasado 3 de abril.
La petición de traslado se fundamenta en múltiples incidentes denunciados por fiscales y la familia, que han puesto en riesgo la seguridad y la imparcialidad del proceso. Entre estos hechos, destaca la presencia de individuos armados en las inmediaciones del Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula durante audiencias clave, actos que han sido interpretados como intentos de intimidación contra los participantes en el proceso.
El objetivo es garantizar la protección de los involucrados, incluyendo a los familiares de Melissa, testigos y operadores de justicia, quienes han enfrentado un clima de creciente hostilidad. Un juzgado especializado en casos de alto impacto implementaría medidas de seguridad reforzadas, como protocolos de protección para víctimas, fiscales y testigos, además de controles de acceso estrictos.
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La justicia aún no llega
Melisa Palacios Chacón, una joven estudiante de 21 años que cursaba el tercer año de Auditoría en el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), fue asesinada el 5 de julio de 2021 en la aldea La Palma, Río Hondo, Zacapa. El crimen ocurrió mientras se dirigía a un almuerzo al que nunca llegó, según el testimonio de sus familiares, quienes desde entonces exigen justicia.
Los allegados de Melisa han manifestado que su lucha no solo busca condenar a los responsables, sino también prevenir que otras personas, especialmente mujeres, sean víctimas de violencia. Este llamado adquiere mayor relevancia debido al perfil de María Fernanda Bonilla Archila, amiga de la víctima y la principal sospechosa del crimen.
Actualmente, la familia se opone a que el caso sea tipificado como “homicidio en estado de emoción violenta”, ya que esto permitiría a los acusados aceptar cargos y recibir condenas reducidas. Insisten en que se juzgue como homicidio para garantizar una sentencia acorde a la gravedad del crimen.
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