Por Prensa Comunitaria
Seguimos. Nuestro compromiso con las comunidades a las que llevamos cubriendo durante una década y media es seguir aunque enfrentemos los ataques y amenazas de quienes a través de instituciones del Estado y terrorismo cibernético nos quieren atemorizar. Enfrentarlos y trascenderlos para seguir reporteando, investigando, contando y denunciando.
Entendemos dónde y cuándo hacemos nuestro periodismo.
Lo hacemos en Guatemala, un país diverso y vibrante que, a pesar del tiempo y las injusticias, se levanta cada día e intenta sobrevivir con dignidad. Un país cuya historia ha estado marcada por la exclusión, la desigualdad y la aniquilación -física, social, económica, intelectual- de los más vulnerables, de los que nunca han tenido poder, pero también por las luchas de los que han adversado a quienes se han apropiado por la fuerza de ese poder, de la tierra y del Estado.
Y lo hacemos en un momento crítico en la historia del país, marcado por la transición política que supuso la derrota electoral de partidos satélites del poder tradicional, pero también por el ascenso de operadores y funcionarios que han vuelto a apoderarse de instituciones estatales para emprender persecuciones penales, acoso físico y campañas de desprestigio contra quienes los cuestionan y denuncian, contra nosotros y nuestro periodismo.
Este momento, el de 2025, es peculiar. Guatemala recorre el cierre de un ciclo histórico que empezó con el Acuerdo de Paz de 1996. Aquello marcó el inicio de la posibilidad de hacer justicia a quienes fueron víctimas de crímenes de guerra, a los desaparecidos, torturados y asesinados por las fuerzas armadas, los paramilitares y los servicios de inteligencia del Estado; y procuró también algunos cambios que, una década después, traerían una revolución institucional, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, y permitirían la persecución de los funcionarios, grupos clandestinos y empresarios que después del conflicto interno se transformaron en criminales organizados de cuello blanco.
Hemos sostenido en muchas de nuestras notas, reportajes y artículos que entendemos la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las transformaciones que eso posibilitó en el Ministerio Público, en el Órgano Judicial y en alguna legislación como un cimiento sobre el que se construyó un renacer de la justicia, el cual posibilitó juzgar a genocidas, desbaratar bandas de narcotraficantes, desmontar redes de empresarios que desfalcaron al Estado y derrocar, por medios legales y cívicos, a funcionarios corruptos.
Cuando Prensa Comunitaria empezó como medio de comunicación, aquellos procesos estaban en pleno auge. Desde entonces, nosotros nos posicionamos en los territorios de Guatemala, en medio de las comunidades de los pueblos originarios, para contar desde ahí. Ahí nos hemos quedado y ahí seguiremos.
Lo que vemos hoy en Guatemala es la evolución de lo que ocurrió a partir de 2018, cuando los poderes económicos y políticos que se coaligaron en grupos heterogéneos a los que hoy conocemos como el pacto de corruptos decidieron dejar de fingir que eran demócratas y optaron por volver a hacer lo que han hecho siempre: acumular el poder para apropiarse del Estado y ponerlo a su servicio.
A la expulsión de la CICIG siguió, por parte del pacto de corruptos, una nueva toma de la institucionalidad, primero del Ministerio Público y luego, paulatinamente, de las altas cortes del país. Vino, entonces, una primera ola represiva desde el aparato de persecución penal del Estado para exiliar y encarcelar a exoperadores de justicia que habían protagonizado las investigaciones a empresarios y políticos corruptos y a los periodistas que lo habían contado, desde las exfiscales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana hasta Virginia Laparra, pasando por el periodista Jose Rubén Zamora y decenas más.
La pretensión del pacto era mantener el control del Poder Ejecutivo. Cuando la voluntad democrática de los guatemaltecas y guatemaltecas les dio la espalda, en las presidenciales de 2023, arreciaron su ofensiva desde las instituciones que ya controlan, sobre todo desde el MP y las cortes, y perfeccionaron el mecanismo de acoso y criminalización mediante persecuciones judiciales espurias que son acompañadas por fuerzas paralegales, netcenters y campañas de desprestigio. Esta es la segunda oleada represiva.
Es en este segundo momento en el que se enmarca la persecución y acoso recientes a Prensa Comunitaria y Ruda. Todos los ingredientes están ahí: la creación de narrativas falsas en cuentas de redes sociales vinculadas al pacto de corruptos, las amenazas proferidas desde el Ministerio Público y la desinformación. El objetivo final es callarnos, romper nuestra voluntad de seguir contando. No lo han hecho ni lo lograrán.
Prensa comunitaria no es uno o una, somos un colectivo que se cuenta por decenas. Hablamos desde todos los territorios de Guatemala y lo hacemos desde hace tiempo. Antes, mucho antes de que un fiscal corrupto, un empresario reconvertido en sicario judicial o un francotirador ideológico disfrazado de académico nos atacaran ya habíamos vivido, desde el colectivo, la cárcel, los seguimientos, la difamación, el exilio y el acoso constante. Nunca desistimos y no lo vamos a hacer ahora.
Nos entendemos como entes políticos en el sentido clásico del término, como miembros de una polis, la guatemalteca, pero no hablamos desde la política, lo hacemos desde la narración de la realidad a través del periodismo. Y lo hacemos desde toda Guatemala, no solo desde la ciudad. Nuestro compromiso más firme, lo reiteramos aquí, es que seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciendo periodismo y seguiremos publicando.
