Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán, Sololá y la población dieron un plazo de 72 horas a las autoridades gubernamentales para retirar las jaulas de tilapia instaladas en el lago de Atitlán. Una segunda petición es derogar la autorización de más líneas de tuk-tuk.
Por Juan Bautista Xol
Las autoridades del pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán y pobladores solicitaron una reunión en el embarcadero la mañana del 22 de abril. El objetivo fue exigir a las autoridades gubernamentales el retiro de las jaulas de tilapia que pueden contaminar el lago por no ser una especie propia. Las jaulas han sido instaladas por personas particulares.
A pesar de que en una asamblea comunitaria el pasado 21 de abril la población Tz’utujil de dicho municipio pidió al gobernador departamental Edgar Tuy que se retiren dichas jaulas en un plazo de 72 horas, las autoridades señalaron que eso no era posible debido a que no existe una resolución de un juez para llevar a cabo dicha acción.
En el lugar se encontraban el cabecera del pueblo, Juan Mendoza, quien es la autoridad ancestral de Santiago Atitlán, el gobernador departamental, Edgar Tuy, así como fiscales del Ministerio Público (MP), entre otros, quienes esperaban que llegara el alcalde municipal, Francisco Coché Pablo.
La tensión creció en el ambiente, sobre todo cuando el fiscal distrital, Cornelio Sansón Sicay, indicó que no podían realizar dicho procedimiento porque no había un fallo de juez. Sus declaraciones contradecían un acuerdo establecido bajo punto de acta el día anterior en la asamblea.
“A las 8 de la mañana la población empezó a reunirse porque el gobernador se comprometió a retirar las jaulas en 72 horas. Se presentó acompañado de AMSCLAE, personal del MAGA y el fiscal distrital Cornelio Sansón Sicay quien dijo que no podía hacer nada porque no existe ninguna orden de juez y que además no sabían que iban hacer con un millón de pescados si se retiran las jaulas, esas fueran las razones que dieron”, explicó Diego Petzey, secretario de las autoridades ancestrales.
Entre las autoridades presentes estaban representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) y el gobernador Edgar Tuy. Este último trataba de calmar los ánimos y presentó una contrapropuesta.
Según Tuy, los peces que están contenidos en las jaulas no se pueden regalar, sino que tenían que ser embalados. “¿Qué va a hacer el MP?, donde vamos a llevar el millón de peces? Es un producto perecedero”, indicó.
La propuesta del gobernador es que de manera paulatina los peces fueran extraídos del lago. Sin embargo, la población no estaba de acuerdo.
Petzey explicó que las especies que se encuentran en las jaulas no pueden ser introducidas dentro del lago de Atitlán, debido a que no son nativas y podría generar daños a otras especies nativas o provocar mucha contaminación, razón por la que pedían que fueran retirados.
Amenazan con demandar a la autoridad ancestral
Alrededor de las 9 de la mañana, el alcalde municipal Francisco Coché Pablo llegó al lugar con camiones y toneles listos para colocar los peces que serían retirados del lago, pero con la nueva información que dio el Ministerio Público (MP) no pudieron realizar dicha acción.
Vecinos que llegaron al lugar comentaron que algunos dueños de las jaulas ya habían retirado los peces en la madrugada y siguieron insistiendo en que las jaulas fueran desmanteladas.
Mientras la tensión seguía, una abogada, representante de los dueños de las jaulas, llegó al lugar a indicar que toda acción que se iba hacer era ilegal y que podría demandar a la autoridad ancestral y a las autoridades institucionales por lo que pretendían realizar.
Las autoridades ancestrales y el pueblo de Santiago Atitlán señalan que las estructuras fueron instaladas sin consulta previa a la comunidad y que además contaminan el Lago de Atitlán. Al conocer que las autoridades institucionales estaban enteradas de la aprobación y la ilegalidad de las mismas reclamaron por qué no acceden a anularlo.
“La población reclamó a las autoridades por que no anularon la aprobación de las jaulas si ya tenían conocimiento desde el 2016, esto es una ilegalidad”, señaló Petzey.
En la jornada, tanto las autoridades ancestrales como el alcalde municipal y fiscales del MP realizaron un recorrido por las jaulas instaladas donde se podían ver la cantidad de peces que están siendo alimentadas para ser vendidas para el consumo.
Dan 72 horas para retiro de jaulas
Mientras la población seguía reclamando, el MP y el gobernador departamental pedían otros tres meses para realizar los procesos judiciales que se requiere para retirar de las jaulas, pero la población manifestó que ya no confiaba en esas promesas ya que desde el 18 de marzo el gobernador aseguró retirar en un plazo de 15 días y no se concretó.
Finalmente, el fiscal distrital redactó un acta donde se dejó constancia de que se llamó a los propietarios de los peces quienes no se presentaron porque no tienen la intención de dialogar ni llevar un proceso judicial.
Las autoridades ancestrales y la población demandaron al MP y al gobernador departamental que busquen los medios judiciales que consideran necesarios para que en menos de 72 horas se retiren las jaulas.
“El gobernador llamó a las personas y dijeron que no iban a llegar, entonces la población dio un plazo de 72 horas más, lo cual se vence el día viernes para que el Ministerio Público retire las jaulas, ellos se comprometieron a realizarlo en esa fecha”, concluyó Petzey.
Se acordó que la Policía Nacional Civil (PNC) vigilará el área hasta que se cumpla con el plazo de 72 horas establecido para desmantelar las estructuras y retirar a los peces.
Otras de las peticiones de las autoridades ancestrales es que se derogaran 279 líneas de moto taxis conocidos como tuk tuk, que fueron autorizadas en las administraciones anteriores y la administración actual. En asamblea fijaron que las tarifas que estos vehículos deben cobrar a los usuarios entre Q3.00 y Q5.00.
Las autoridades también demandaron el reconocimiento y respeto de las autoridades ancestrales conformada por Juan Mendoza Damián, quien es el cabecera del pueblo.
El pueblo respeta las leyes, dice cabecera
Después de más de seis horas de diálogo, el cabecera del pueblo se pronunció e informó que el pueblo de Santiago de Atitlán obtuvo sus primeras victorias, entre ellas la derogación de acuerdos que autorizaron las líneas de tuk tuk. “Esto no es un logro de la autoridad ancestral, es una exigencia del pueblo Tz’utujil y es el pueblo el que lo ha logrado”, dijo Mendoza.
Mendoza también explicó a la prensa la situación que se dio en el embarcadero y manifestó que en asamblea comunitaria acordaron otorgar otras 72 horas para cumplir con los procedimientos administrativos y legales que el MP señaló deben realizarse para llevar a cabo el retiro de las jaulas.
Según el cabecera del pueblo, la población es obediente a las leyes también. “Lo que se quiere es que se realice el trabajo de acuerdo a lo que estipula la ley y es lo que demanda el pueblo de Santiago Atitlán”, puntualizó.
