El incremento para los 160 diputados implica que al final del año el Congreso de la República erogará más de Q130 millones en salarios sin estimar las prestaciones. Los congresistas triplicaron el pago de salarios en 2025, una acción sin precedentes en los periodos legislativos anteriores.
Por Prensa Comunitaria
Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) votaron en contra de la acción legal que buscaba revertir el aumento salarial aprobado por la Junta Directiva del Congreso de la República sin el aval del pleno. Gracias a este incremento, el Organismo Legislativo destinó Q10.6 millones en febrero para el pago de salarios, dietas, gastos de representación y otros rubros para los diputados.
La Junta Directiva del Congreso aprobó, inicialmente, este incremento sin la participación del pleno, pero en febrero, la CC había aclarado que cualquier readecuación salarial debía ser aprobada por la plenaria, no solo por la directiva.
Sin embargo, ayer Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Dina Josefina Ochoa y Roberto Molina Barreto cambiaron su postura y votaron en contra de la debida ejecutoria presentada por el coordinador general de Acción Ciudadana, César Vega.
La decisión de la CC implica que el aumento salarial para los diputados se mantiene vigente, a pesar de no haber sido aprobado por todo el Congreso y de los votos disidentes de Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Susana Lemus Arriaga.
El cambio de postura
El presidente de la CC, Nester Vásquez, y los magistrados Ochoa y Molina Barreto, que en diciembre consideraron que el aumento al salario de diputados se tenía que otorgar en el pleno, después del análisis de la Junta Directiva, cambiaron su postura para resolver la debida ejecutoria que planteó Acción Ciudadana.
El 29 de noviembre, Acción Ciudadana planteó un amparo en contra del inciso 3 del Acuerdo Legislativo 31-2024, sobre el Presupuesto 2025 del Congreso. En ese inciso aprobó que la Junta Directiva realizara readecuaciones para aumentar el salario de los diputados para que sea similar al de un magistrado de Corte de Apelaciones, así como prestaciones de ley e indemnizaciones.
La organización dedicada a la fiscalización y transparencia había obtenido el amparo provisional por parte de la CC, por lo que el 25 de febrero presentaron la debida ejecutoria de esa acción legal para el sustancial incremento del salario.
Acción Ciudadana dijo que la Junta Directiva incumplió el procedimiento correcto para realizar las readecuaciones presupuestarias porque solamente se autorizó por la Junta Directiva, pero que esta debió someterse a consideración del pleno, lo cual no sucedió.
Sin embargo, los magistrados de la CC indicaron que el amparo otorgado con anterioridad se refería solamente a impedir el otorgamiento de indemnización y prestaciones de ley para los legisladores.
Otra vía para revertirlo
Pese a no contar con un bloque legislativo amplio que lo respalde y las pocas alianzas mostradas en el primer año en el Congreso, José Chic, uno de los diputados de VOS, envió un oficio al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, para solicitar una enmienda al Acuerdo Legislativo 31-2024 y derogar el inciso 3.
Chic argumentó que el aumento representa el 126 por de los ingresos de los diputados, lo cual generó cuestionamientos de la población por los índices de pobreza, pobreza extrema, desempleo y contrasta con el salario mínimo, por lo que solicita que se derogue el inciso correspondiente.
Además, Chic dijo que ese incremento salarial “no coadyuva a los intereses de la población, ni garantiza la responsabilidad, eficiencia y eficacia del gasto público, es más está generando un desgaste innecesario a este alto Organismo del Estado”.
Con el incremento la Junta Directiva costó Q783 mil 700 al Organismo Legislativo, siendo el pago más grande para el presidente Nery Ramos, quien cobró en Q97 mil 300 solamente por el trabajo realizado en un mes. El resto de la directiva cobró en febrero entre Q82 mil 300 y Q89 mil 300.
