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Persiste la criminalización contra la prensa en Guatemala, señala informe de Reporteros sin Fronteras

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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

En el balance del primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, el informe de Reporteros sin Fronteras presentado este jueves 23 de enero señala que persiste la criminalización contra periodistas.  Sin embargo, el balance de la organización con sede en París, Francia, destaca la invitación del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para visitar el país y la firma de la Declaración de Chapultepec.

Por Simón Antonio Ramón

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó este jueves 23 de enero su balance del primer año de gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y su impacto en la libertad de prensa.

Según la organización, la criminalización en contra de periodistas continúa al igual que la corrupción en el poder judicial que perpetúa el ambiente hostil a medios de comunicación.

A pesar de algunas acciones positivas de la actual administración, Reporteros Sin Fronteras señala que las y los periodistas guatemaltecos enfrentan escenarios de amenazas que proceden de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, con agresiones que incluyen intimidación, amenazas y acoso legal.

“Las principales amenazas contra periodistas proceden de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, con agresiones que incluyen intimidación, amenazas y acoso legal. Estas agresiones han llevado a los periodistas a autocensurarse y han mermado la calidad de la información disponible para el público”, señala el informe.

Reporteros Sin Fronteras indica que según una publicación del medio de comunicación Expediente Público, 11 periodistas enfrentaron procesos judiciales el año pasado.

“Por ejemplo, Juan Luis Font, director del medio digital ConCriterio, huyó del país en 2022 y ahora se ve obligado a informar desde el extranjero. Por su parte, el periodista del Diario La Hora, Diego España, que permanece en el país, ha sido objeto de dos investigaciones judiciales y de intentos de la Policía Nacional de acceder a sus datos personales sin justificación”, señala el informe.

Acciones positivas

El balance presentado destaca que aunque la criminalización continúa, el actual gobierno ha adoptado algunas acciones positivas.

“Se celebraron conferencias de prensa con mayor regularidad, se garantizó a los periodistas un acceso adecuado a los actos gubernamentales y se desbloquearon las cuentas institucionales en las redes sociales, facilitando el acceso a la información gubernamental”, señala el informe.

Una de las muestras de apertura del gobierno, dice el informe, fue la invitación para visitar el país, que hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la participación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la primera en ocho años.

Además, resalta otras acciones como la mejoría de las condiciones del periodista Jose Rubén Zamora mientras se mantenía en prisión preventiva y la firma de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en noviembre pasado.

Firma de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en noviembre de 2024. Foto: Simón Antonio Ramón.

La tarea del gobierno

La organización establece cuatro acciones que debe realizar el gobierno para garantizar la plena seguridad de las y los periodistas en el ejercicio periodístico. Pide que se implemente una política de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Planteó como una necesidad urgente frenar el abuso del sistema judicial para la criminalización contra las y los periodistas. “Casos como el de Jose Rubén Zamora ponen de manifiesto la urgente necesidad de prevenir el acoso judicial a periodistas y garantizar que el sistema judicial no se convierta en un arma para reprimir la libertad de prensa”, se lee en el informe.

RSF pide al gobierno “reconocer el papel esencial del periodismo en la democracia y trabajar activamente para contrarrestar la retórica que desacredita o pone en peligro a los trabajadores de los medios de comunicación”.

La organización señala la urgente necesidad de investigar los delitos contra el ejercicio periodístico, garantizando que los autores enfrenten la justicia. “Reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad para hacer frente a los delitos contra la prensa es fundamental para combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por las agresiones a periodistas”, indica el informe.

Reporteros Sin Fronteras ha sido una de las organizaciones de periodistas a nivel internacional, que ha abogado por la libertad de prensa en Guatemala. En 2024, sus representantes realizaron varias visitas para verificar el ambiente en el que las y los periodistas ejercen su labor periodística.

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