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Elección de Cortes: informe de OEA señala fallas estructurales y cooptación por medio de universidades

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Créditos: Simón Antonio
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Fallas estructurales y operativas, cooptación por medio de las universidades y conflictos de interés y dudas sobre la imparcialidad son parte de lo observado el año pasado por la delegación del organismo internacional durante el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Prensa Comunitaria

La Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones encontró fallas estructurales y operativas que demandan una revisión profunda del diseño y funcionamiento de estas.

Entre sus recomendaciones para promover un proceso de selección transparente, eficiente e independiente, sugiere una serie de reformas en el sistema de justicia. “El modelo de comisiones de postulación está agotado debido a las dinámicas e incentivos negativos que ha generado y permitido que operadores políticos influyan en el proceso”, resalta.

La misión fue conformada por la Secretaría General de la OEA, luego de una invitación del Gobierno de Guatemala para observar la elección de Cortes en 2024.

Según el informe final, en el que participaron Rosa Celorio, Rodolfo Piza y Luiz Marrey, la observación permitió identificar que los mecanismos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación han creado incentivos para que operadores políticos coopten estos procesos.

“Se han generado incentivos para la creación de Universidades con facultades de derecho que permiten obtener una cuota de participación en las Comisiones”, se menciona. Además, se han desvirtuado espacios profesionales como el Colegio de Abogados y que los magistrados en la CSJ como en las Cortes de Apelaciones busquen cuotas de poder para influir en la toma de decisiones.

Además, la falta de procesos de fiscalización y la ausencia de mecanismos sobre el perfil, capacidad y honorabilidad de quiénes participan como comisionados facilitan que operadores políticos puedan involucrarse directamente. Todos estos elementos representan riesgos para el desarrollo de un proceso de elección de jueces apegados a los estándares internacionales, agrega el documento.

Principales observaciones

La delegación menciona el papel que han tenido las universidades que participan en el proceso, donde algunas son de “garaje” o de “cartón” para ofrecer postgrados de uno o dos años, y varias están relacionadas con operadores políticos.

Señala discrecionalidad y conflictos de interés, ya que 33 comisionados se postularon a uno o a los dos procesos de elección. Una práctica nociva para la democracia y el sistema de justicia en Guatemala.

Otro punto es la desconfianza de la población en el proceso, debido a la influencia de prácticas de corrupción y tráfico de influencias.

Al igual como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misión observó la existencia de una criminalización del Ministerio Público (MP) en contra del presidente Bernardo Arévalo, operadores de justicia y diversos actores incómodos en los espacios de toma de decisión en el gobierno, organizaciones de sociedad civil, y en las comisiones de postulación.

“Es necesario contar con un sistema de control del abuso de poder y de las violaciones graves de los deberes del cargo por parte del Ministerio Público”, refiere.

Falta participación de mujeres y pueblos indígenas

Según la misión, la participación femenina en las Comisiones de Postulación fue baja. En las dos comisiones de postulación, solo el 13.5% de los 37 integrantes fueron mujeres. Tampoco, se promueven medidas para incentivar a mujeres calificadas a participar como candidatas.

Aparte, representantes de pueblos indígenas manifestaron su preocupación por la precaria protección de los derechos en el país, y la necesidad de que tengan una participación en el proceso de elección de cortes, como una garantía del posible avance de sus derechos humanos.

Sin estándares internacionales

Guatemala no está alineada a los estándares internacionales en el proceso de elección, según la misión. La importancia de estos proviene de la orientación que dan para que los jueces sean independientes, libres de influencias y presiones externas que puedan interferir en su capacidad de tomar decisiones objetivas.

A la delegación internacional le preocupa que el único criterio establecido para aceptar las tachas fue que el candidato tuviera un sentencia condenatoria, sin considerar que hayan participado en actos de corrupción, criminalizado a personas defensoras de derechos humanos, o que estuvieran en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos.

También notó la falta de apertura del Congreso a realizar acciones para asegurar que el proceso final de elección de jueces fuera realizado de forma transparente y pública.

Recomiendan reformas

La misión especial recomienda una reforma judicial que garantice que los cargos de juez y magistradas y magistrados sean designados con apego a los principios y estándares internacionales y que promuevan la independencia del poder Judicial.

También sugiere adoptar las reformas legales necesarias para asegurar la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la CSJ, en particular mediante el fortalecimiento y la autonomía plena del Consejo de la Carrera Judicial.

Otra recomendación es promover una reforma judicial que considere que las Cortes de Apelaciones sean integradas por jueces que pertenecen a la Carrera Judicial, así como adoptar medidas concretas para garantizar la participación de las mujeres en procesos de selección y la presentación de candidaturas de integrantes de pueblos indígenas en procesos futuros.

Para el sistema universitario, recomienda revisar los requisitos para la creación de universidades, para asegurar que respondan a estándares internacionales de calidad en educación superior y no a intereses políticos.

Pendiente

En la agenda de la primera sesión ordinaria del año del Consejo Permanente de la OEA estaba prevista la presentación del informe, pero no se conoció por desacuerdos con Antigua Barbuda y Santa Lucía, porque este documento y otro solo estaban en español. Se reprogramó la agenda para la próxima reunión del martes. Según la representante de Guatemala, la traducción tiene un costo de US$5 mil y buscarán los fondos.

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