La anulación del juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García y el del caso de desaparición forzada CREOMPAZ, donde también estaba acusado Lucas García, causa alerta por el grave retroceso que enfrentan los procesos de justicia transicional.
Por Isela Espinoza
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación Luis von Ahn, Impunity Watch, Washington Office on Latin America (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights entre otras organizaciones internacionales rechazaron, este viernes, a través de un comunicado la destitución de tres fiscales y el traslado de 11 auxiliares y agentes fiscales que formaban parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y que investigaban casos del conflicto armado.
Esta semana se conoció que la fiscal general Consuelo Porras designó a Noé Rivera como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos pese a estar sancionado por Estados Unidos en la Lista Engel señalado de “actor corrupto y antidemocrático”.
Además, en el texto las organizaciones recuerdan que Rivera ha sido el principal impulsor de la criminalización de la exfiscal Virginia Laparra, así como de otras personas defensoras de derechos humanos.
“Preocupa que la fiscalía general profundice la estrategia de criminalización en contra de personas operadoras de justicia que han estado a cargo de dichos procesos, abogados, abogadas y personas defensoras”, se lee en el comunicado.
Las organizaciones calificaron estos movimientos en el MP como “un desmantelamiento” de la Fiscalía de Derechos Humanos y alertaron sobe “el grave retroceso que enfrentan los procesos de justicia transicional” al realizar estos cambios de personal, así como las últimas resoluciones emitidas por las Salas de Apelaciones.
Más información
Consuelo Porras entrega fiscalía de Derechos Humanos a señalado de corrupción
La semana pasada, los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo beneficiaron al general retirado Benedicto Lucas García al aceptar la recusación que se presentó en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” que le señalaba de parcialidad, lo cual obligaría a repetir nuevamente el juicio.
El exjefe del Estado Mayor del Ejército, está siendo juzgado por genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada por hechos que ocurrieron entre agosto de 1981 y marzo de 1982, en Quiché, mientras su hermano Fernando Romeo Lucas García era el presidente del país.
El juicio contra Lucas García se inició el 5 de abril y, desde entonces, se realizaron 99 audiencias. Sin embargo, en la etapa conclusiva, del 23 de noviembre, se conoció que la Sala Primera de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional al militar.
Para las organizaciones internacionales estas acciones en el sistema de justicia “buscan garantizar impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos” cometidas durante el Conflicto Armado Interno.
El juicio por genocidio no es el único que ha sufrido un revés, ya que el caso de desaparición forzada CREOMPAZ, donde también estaba acusado Lucas García, fue anulado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo. En el caso CREOMPAZ se investigaban crímenes cometidos en la base militar de Cobán, Alta Verapaz, donde se hallaron más de 500 osamentas.
“Estas decisiones no solamente ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que debilitan el Estado de derecho y la democracia en el país”, señala el comunicado.
Las organizaciones de derechos humanos recordaron al Estado de Guatemala cumplir con urgencia sus obligaciones internacionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se relacionan con investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos.
“Hacemos un llamado al Estado para que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente la que se refiere a realizar un examen independiente sobre la labor del Ministerio Público y que cese el uso indebido del derecho penal para criminalizar”, agregan en el comunicado.
#RegresiónAutoritaria 🚨 Organizaciones internacionales manifiestan preocupación por el “desmantelamiento” de la Fiscalía de DD.HH.
“Preocupa que la fiscal profundice la estrategia de criminalización” contra operadores de justicia, abogados y víctimas de casos durante el… pic.twitter.com/0z5xzk7Zjl
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 6, 2024
Más información
Sala Primera de Mayor Riesgo anula el juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García
