La policía salvadoreña allanó las casas de una periodista que ha reportado sobre abusos en las cárceles y la de un artista gráfico que suele publicar críticas al presidente en sus redes sociales.
Por Héctor Silva Ávalos
Mónica Rodríguez y su pareja, Steven Magaña, habían pedido pupusas, el platillo típico más popular en El Salvador, para cenar aquel miércoles 4 de diciembre. Fue por eso, pensando que quien tocaba la puerta de su casa era el repartidor de comida, que Steven abrió sin pensarlo demasiado. Se equivocó: eran seis policías que llegaban, dijeron, a allanar el lugar. Rodríguez es directora de noticias de Bálsamo TV, un medio independiente cuya línea editorial suele ser crítica del gobierno salvadoreño, presidido por Nayib Bukele.
La fiscal encargada del allanamiento llegó después y nunca dio la cara. Enfundada en un pasamontaña negro, la mujer exigió a Rodríguez y su pareja que entregaran sus teléfonos. La periodista pidió más información, pero ni la fiscal ni los policías le dijeron algo claro. Apenas les mostraron un papel, una orden firmada por un juez alegaron los agentes. Les aseguraron que no podían adelantarles nada más porque la investigación está bajo reserva.
Lo único que se le escapó a uno de los uniformados, ante la insistencia de Rodríguez, es que se trataba de una investigación por estafa. “¿A quién? ¿De dónde? ¿Por qué?” Nadie les respondió con certeza. El oficial más viejo, que parecía el de mayor rango y a cargo de la operación, se limitó a repetir los estribillos con los que la propaganda gubernamental ha pretendido explicar y justificar los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos atribuidos al gobierno de Nayib Bukele y documentados por víctimas, periodistas y organizaciones sociales: “El que nada debe, nada teme”, les dijo el policía.
“Esto es político, no hay ninguna credibilidad en la fiscalía”, dijo Magaña a los policías. Rodríguez pensó que, en efecto, el origen de todo es su trabajo periodístico y las críticas que Magaña hace a través de sus cuentas en redes sociales, especialmente en X, donde se identifica como Fénix Leviatán. “Eso de que el que nada debe nada teme es lo mismo que dicen el presidente (Bukele) y los diputados (de Nueva Ideas, el partido oficialista). Es el mismo discurso”, asegura la periodista.
Desde Bálsamo TV, la plataforma periodística audiovisual en la que trabaja, Rodríguez ha dado cobertura a temas incómodos para la administración de Nayib Bukele, esos temas que el presidente suele negar o dejar sin explicación, como el abandono de la obra pública en las comunidades más pobres del país, las protestas sociales por despidos injustificados en instituciones estatales o casos más particulares, como la persecución política a Mauricio Ramírez Landaverde, un exministro de seguridad pública que conoció el pacto de Bukele con las pandillas Barrio 18 y MS13, o la muerte bajo custodia del Estado de Alejandro Muyshondt, un exasesor presidencial acusado de revelar secretos gubernamentales.
“No dudo que es una persecución política, parte de la vocación antidemocrática del presidente y del gobierno. Es para intentar callarnos”, dice Rodríguez en entrevista con Prensa Comunitaria.
Los policías estuvieron en casa de Rodríguez y Magaña por varias horas. Al final se llevaron, además de los teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos de memoria digital y otros electrónicos. Los seis agentes que participaron directamente en el allanamiento se subieron a un picop blanco sin marcas de la Policía Nacional Civil y se marcharon.
Al principio hubo tensión, cuando Mónica Rodríguez le dijo a la fiscal del gorro pasamontaña que iba a grabar el procedimiento con su teléfono. La fiscal se lo impidió; le advirtió que si no le entregaba el celular la iba a detener.
Oswaldo Feusier, uno de los abogados que representa a Rodríguez y Magaña, identifica una ilegalidad importante en el procedimiento policial y la actuación de la fiscalía. “La ilegalidad más significativa en este procedimiento tiene que ver con lo que las autoridades secuestraron. Secuestraron bienes que tienen que ver con el trabajo periodístico y posiblemente con fuentes de información que tienen que ver con el trabajo profesional, entonces esto sí es grave, porque lo que dice la Constitución de la República… es que no se puede secuestrar ni restringir los instrumentos que tienen que ver con la libertad de expresión. Al secuestrar soportes con los que un periodista puede tener su fuente protegida, creo que esto sí es una clara ilegalidad”, dice el abogado.
Otro defensor de los comunicadores se presentó en una sede de la fiscalía salvadoreña luego del allanamiento para preguntar si sus clientes eran investigados o imputados en algún proceso, pero ahí se negaron a darles información.
El allanamiento al hogar de la periodista Mónica Rodríguez no llegó solo. El día en que eso ocurrió la policía también registró la casa del artista gráfico Carlos Najarro, cuya identificación en redes sociales es Temple of Evil, y cuyos contenidos también son críticos de Bukele y su gobierno.
Maniobras oscuras para silenciar al periodismo
Mónica Rodríguez se lamenta porque, luego del allanamiento, al revisar las cosas que le acababan de ocurrir, identifica actos que hoy entiende como avisos del acoso, que fue en escalada.
Primero fue la visita de una patrulla policial, un mes antes, a la casa del padre de Steven Magaña, cerca de la casa en que vive la pareja. Dijeron que llegaban por una denuncia de violencia intrafamiliar. El hombre mayor dijo a los agentes que no entendían de qué hablaban y los condujo unos pocos metros más allá, a la casa donde vive su hijo para confirmar que todo estaba bien. Los policías se fueron. “Eran avisos”, dice Rodríguez, quien también vio vulnerada su cuenta en la red X.
Las visitas de agentes policiales que llegan por supuestas denuncias anónimas se han convertido en asunto común en El Salvador de Nayib Bukele, según han documentado víctimas del régimen de excepción o, en general, de las artimañas represivas del gobierno salvadoreño.
Los ataques a la prensa, en general, han aumentado en los últimos años en el país según muestran informes elaborados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que entre enero y septiembre de este año registró 380 agresiones o vulneraciones a periodistas.
“Durante los últimos tres años, el Centro de Monitoreo ha registrado 76 denuncias de periodistas relacionadas con abusos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES). En el marco del régimen de excepción, 2023, se registró un aumento de casos de esta índole, con 40 denuncias. Le sigue el 2022, con 19 agresiones registradas, y el 2024, con 17 agresiones registradas hasta la fecha”, dice un informe de APES.
A principios de este diciembre, APES envió a la Relatoría Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas documentos que acreditan la detención arbitraria del periodista Víctor Barahona en el contexto del régimen de excepción que Bukele decretó en marzo de 2022 tras el rompimiento de su pacto de gobernabilidad con las pandillas Barrios 18 y MS13. Barahona estuvo preso 11 meses sin que a la postre se la haya probado delito alguno y en condiciones que hacen dudar de la legalidad de su detención de acuerdo con la denuncia de la asociación periodística.
Bukele y sus voceros suelen negar que en El Salvador se persiga a periodistas. Su argumento favorito es que en el país no hay comunicadores presos, lo cual contradice el caso del periodista Barahona. El acoso y la persecución a la prensa salvadoreña, de hecho, ha sido consignados o reconocidos por diversas organizaciones internacionales no gubernamentales, como Human Rights Watch, el Centro de Protección a Periodistas (CPJ) o Amnistía Internacional, a las que el presidente salvadoreño suele acusar de ser entidades “de oposición”. También han hablado de esta persecución entes estatales o multilaterales como la Organización de Estados Americanos a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en al menos dos de sus informes recientes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y el Parlamento Europeo.
El último lugar en el que se consignaron los abusos del régimen de Bukele contra la prensa fue en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC, donde el martes 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos, una comisión de la Cámara de Representantes, presidida por el congresista demócrata James P. McGovern, se refirió al caso de la periodista Mónica Rodríguez. “El miércoles 4 de diciembre varios oficiales de la policía se presentaron en su casa y entraron sin decirle qué hacían ahí, la retuvieron a ella y a su pareja por varias horas y decomisaron sus aparatos electrónicos, incluidos sus celulares”, dijo McGovern en la audiencia, a la que asistieron al menos media docena de funcionarios de la embajada salvadoreña en Washington y Damián Merlo, un lobista republicano al que Bukele paga unos 65,000 dólares al mes.
A través de una comunicación escrita, la embajadora de Bukele en Washington, Milena Mayorga, había intentado cuestionar a los testigos de la audiencia alegando que pertenecían a organizaciones de oposición. McGovern desechó esa acusación diciendo que se trata de entidades defensoras de derechos humanos, “que están preocupados por la situación en El Salvador al igual que lo estamos en esta comisión”, aseguró.
En la audiencia, la congresista Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, se interesó por las denuncias de espionaje a la que han sido sometidos periodistas y defensores de derechos humanos a través del software Pegasus, el cual fue adquirido por el gobierno de Bukele, aunque sus voceros lo han negado y, de nuevo, han rechazado la participación en estas actividades de vigilancia.
Sergio Arauz, presidente de APES, periodista de El Faro y él mismo víctima de espionaje con Pegasus, cree que el allanamiento en la casa de Mónica Rodríguez “es uno de los casos más graves en la escalada de persecución e intimidación del régimen hacia la prensa y cualquier voz incómoda. Es parte y puede ser un símbolo del sofisticado aparato que tiene este gobierno para callar expresiones que no entren en su narrativa. Todo lo que no es controlado está sujeto a presiones, ataques e intimidaciones”.
Rodríguez, quien como medida de seguridad ha tenido que dejar su casa, teme que el próximo paso del régimen salvadoreño sea girar una orden de captura basada en un caso espurio, montado y falso. La periodista planea presentarse en los próximos días con sus abogados a la fiscalía para averiguar si hay alguna investigación contra ella.
Arauz, de APES, también considera que lo que ha ocurrido con Rodríguez pueda ser el inicio de cosas peores. “Puede ser un anuncio de la escalada de ataques del próximo año, una muestra de cara al 20 de enero, cuando asume el poder en Estados Unidos un referente autoritario del bukelismo”, dice el periodista en referencia a Donald Trump, el presidente electo quien, como su par salvadoreño, se ha referido a la prensa independiente como enemiga.
