La única integrante titular que queda en el Tribunal Supremo Electoral será investigada por una disposición de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, que está conformada por magistrados con conexiones con políticos señalados de corrupción.
Por Prensa Comunitaria
Los magistrados Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández Romero ordenaron al Ministerio Público que investigue a Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los magistrados, que en su mayoría defendieron a acusados de corrupción en el pasado, emitieron la resolución luego de que la titular del órgano electoral solicitara una copia del expediente penal del Movimiento Semilla.
La petición se efectuó previo a que el TSE, del cual Alfaro es la única funcionaria titular, se pronuncie sobre la cancelación de la agrupación política gobernante. Sin embargo, para los magistrados de la Sala esto significó una “injerencia en la labor jurisdiccional”.
El fallo se emitió apenas dos meses después de que las nuevas cortes asumieron sus cargos. Para lograr ser magistrados, consiguieron el apoyo de entre 119 y 154 diputados, pese a no tener carrera judicial.
Ellos recibieron el respaldo de las bancadas de Vamos, Todos, Comunidad Elefante, UNE, Cabal, Valor, Unionista, Viva, Bien y Azul. El Movimiento Semilla solo favoreció a García Vásquez. Respecto de los otros dos, el partido oficial votó en contra.
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Si bien ninguno había ejercido la magistratura, los tres llevan décadas de ser abogados. En el caso de Prado Estrada prestó sus servicios profesionales para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Oficina contra la Tortura y el Congreso de la República.
También fue el abogado del legislador Felipe Alejos del partido Todos. La FECI de Juan Francisco Sandoval solicitó el retiro de antejuicio del parlamentario por supuestamente pedir sobornos a cambio de facilitar la devolución de crédito fiscal a favor de ciertas empresas.
Sin embargo, el diputado no perdió la inmunidad al ser protegido, en múltiples ocasiones, por la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Jimmy Morales fue otro de los clientes de Prado Estrada.
El exmandatario requirió su asistencia legal cuando la Fiscalía de Delitos Electorales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) buscaban retirarle el antejuicio por presuntas irregularidades en el financiamiento de la agrupación FCN-Nación. No obstante, el Congreso archivó la solicitud.
No es el único con clientes de alto perfil. El magistrado Hernández Romero defendió al expresidente Otto Pérez Molina en los casos La Línea y Cooptación del Estado, mismos en los que el exgobernante fue condenado.
En torno a García Vásquez no hay antecedentes de este tipo. Eso sí, posee un doctorado en Derecho que obtuvo en el Instituto Universitario de Alta Formación, un centro educativo de Quintana Roo, México.
Los posgrados en esa institución académica han sido promovidos en Guatemala por el abogado Dennis Billy Herrera Arita, quien fue señalado de estar involucrado en el amaño de elección de cortes de 2019-2020 y quien ha impulsado la criminalización de exfiscales.
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Crisis
Desde su creación, el Tribunal Supremo Electoral no había atravesado una crisis como la actual: cuatro de sus magistrados están suspendidos de sus labores y la presidenta del ente ahora corre el riesgo de ser puesta a disposición de la justicia.
