José Zamora, hijo del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, hizo un llamado a los países de la OEA a no permitir que la prisión política continúe en los países de América Latina, un fenómeno que advirtió sigue expandiéndose y los llamó a buscar herramientas legales para detener este flagelo.
Por Regina Pérez
El hijo del periodista Jose Rubén Zamora, José Zamora, hizo un llamado a tomar acciones ante la creciente persecución y uso de la prisión política en Guatemala y otros países en el marco del diálogo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en las Américas.
Zamora aprovechó este espacio para ofrecer un discurso en el que amplió sobre el uso de la prisión política de la cual su padre ha sido un caso emblemático de esta tragedia, según dijo.
El fundador de elPeriódico fue detenido arbitrariamente por el Estado guatemalteco, en julio de 2022, en condiciones que podrían calificarse como tortura y quien enfrenta la amenaza de regresar a la prisión preventiva, tras un fallo de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal que revocó su libertad, apenas recobrada el 19 de octubre tras 813 días en prisión preventiva.
Durante su exposición el hijo del periodista hizo alusión al patrón que utiliza el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras para perseguir a opositores, activistas y periodistas, que comienza con la fabricación de un caso espurio, solicitando audiencias unilaterales con jueces que luego declaran los casos en reserva y emiten órdenes de allanamiento y detención.
Zamora cerró su discurso pidiendo a los países de la OEA buscar las herramientas legales para combatir este flagelo.
Lea el discurso completo acá:
“Embajadores Representantes Permanentes, Representantes Alternos, Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delegados y Panelistas:
Es un honor dirigirme hoy a ustedes. Agradezco profundamente esta oportunidad para hablar sobre el alarmante incremento del uso de la prisión política en nuestra región y la necesidad de erradicar esta práctica para fortalecer la democracia.
Está pasando de nuevo. Un preocupante fenómeno regional sigue expandiéndose: el uso sistemático o la amenaza de la prisión política en América Latina y el Caribe. Los regímenes represivos han perfeccionado un manual que incluye el abuso de los sistemas judiciales y la manipulación de la prisión preventiva como herramientas para silenciar a opositores, voces críticas, activistas y periodistas.
Ejemplos paradigmáticos incluyen países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y más recientemente, casos en Perú con el periodista Gustavo Gorriti, en El Salvador con Carlos Dada, y en mi país, Guatemala, donde la semana pasada se emitió una orden de captura contra el periodista Juan Luis Font.
#ZamoraLibre 📢 Hijo de Zamora pide detener la prisión política
El hijo del periodista Jose Rubén Zamora, @jczamora, pidió a la @OEA_oficial tomar acciones para garantizar voces críticas, incluyendo la de periodistas, que han sido víctimas de la persecución política y prisión… pic.twitter.com/IhMmWMkDsB
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 11, 2024
El caso de mi padre, el periodista Jose Rubén Zamora, es emblemático de esta tragedia. Mi padre fue detenido arbitrariamente por el Estado de Guatemala durante 813 días, en condiciones consideradas como tortura según el derecho internacional. Aunque se le otorgó arresto domiciliario hace 53 días, una reciente y absurda solicitud del Ministerio Público ha revocado esta medida, amenazando con devolverlo a una celda de aislamiento pequeña, húmeda y oscura en cualquier momento. Todo bajo la dirección de una célula criminal enquistada en el Ministerio Público liderada por la internacionalmente sancionada fiscal general Consuelo Porras y una serie de jueces cómplices dentro del sistema judicial de Guatemala que procura impunidad para las redes de corrupción en el país.
Está pasando de nuevo, pero ahora bajo el disfraz de aparentes democracias, donde la cooptación de los sistemas de justicia sirve para la persecución política. Se simula un debido proceso que, en realidad, solo busca castigar y silenciar voces críticas, enviando un mensaje de terror al resto de la sociedad. Es crucial destacar que la prisión política no responde a ideologías, sino al único fin de proteger el abuso de poder, la corrupción, el crimen organizado y los abusos de derechos humanos.
El patrón es claro y repetitivo: El Ministerio Público fabrica un caso espurio de forma acelerada. Se solicita una audiencia unilateral con jueces cómplices, quienes avalan resoluciones ilegales. Se declara el caso en reserva, negando al imputado acceso a su expediente.
En esa misma audiencia, se dictan órdenes declarando: Casos bajo reserva invocando leyes contra el crimen organizado, allanamientos, congelamiento de cuentas bancarias u órdenes de captura y prisión preventiva.
Todo esto, además, se mediatiza para dañar la reputación del perseguido político. En el caso de mi padre, esta persecución forzó el cierre de elPeriódico, un medio que durante 27 años promovió la transparencia y fortaleció la democracia en Guatemala. Esto dejó a los guatemaltecos sin un medio de información fundamental, dejó sin empleo a 160 trabajadores, envió al exilio a nueve periodistas, y fragmentó a nuestra familia, forzando a mi madre y a mi hermano menor a dejar el país y dejar a mi padre totalmente aislado.
La fabricación del caso en su contra en apenas 72 horas marcó el inicio de un proceso plagado de violaciones a sus derechos fundamentales: prisión preventiva arbitraria, juicios intencionalmente retrasados, abogados hostigados -cuatro encarcelados y uno en el exilio-, y torturas físicas y psicológicas documentadas por expertos de Naciones Unidas.
La prisión política no solo viola derechos humanos, sino que erosiona los valores e instituciones democráticas en Guatemala y en la región. Detener esta práctica exige rendición de cuentas, desarticulación de redes criminales en el sistema judicial, fortalecimiento del Estado de derecho y un firme compromiso con la no repetición de estas prácticas que violan los derechos humanos.
La Organización de los Estados Americanos debe mantener este tema en su agenda permanentemente hasta que todos los Estados de la región se comprometan a garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de las voces críticas, incluidos los periodistas.
No podemos permitir que la prisión política continúe. Hago un llamado a esta asamblea para que apoyen a los Estados y a sus ciudadanos en la búsqueda e implementación de herramientas legales que combatan este flagelo, y que se responsabilice a los perpetradores para prevenir más abusos y torturas.
Otras intervenciones
Además de Zamora también tuvieron intervención ante el Consejo Permanente, Dora María Téllez, exguerrillera sandinista, política e historiadora privada de libertad en Nicaragua y Juan Méndez, académico de derechos humanos y exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penales Crueles, Inhumanos o Degradantes, quien también fue privado de libertad por razones políticas en Argentina.
