La empresa intentó dejar sin efecto la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo que, en 2023, ordenó el embargo de cuentas y detuvo el pago de más de Q40 millones por la compra del sistema informático TREP, el mismo hecho por el que se pidió la captura contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la apelación presentada por el representante legal de la empresa Datasys Guatemala, S.A., entidad que vendió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sistema informático utilizado para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
La empresa intentó dejar sin efecto la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo que, en 2023, ordenó el embargo de cuentas y detuvo el pago de más de Q40 millones por la compra del sistema informático TREP, el mismo hecho por el que se pidió la captura contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La medida cautelar de embargo iba dirigida a investigar el origen de los fondos y de encontrarse irregularidades, se pedirá que estos pasen a favor del Estado, luego de agotar el proceso.
“Al ordenar el embargo de todas sus cuentas bancarias, la autoridad denunciada ha transgredido los límites que la rigen violando el principio de legalidad, pese a que se hizo de su conocimiento, por parte del propio apelante, que los bienes relacionados con los hechos que motivaron la acción de extinción de dominio están fuera de Guatemala, se demostró documentalmente que los bienes embargados son lícitos y, de tal cuenta, ajenos a cualquier relación con los supuestos hechos investigados por parte del ente persecutor penal; de ahí que, el embargo decretado resultaba improcedente”, alega la empresa.
Sin embargo, para el pleno de magistrados de la CC, la entidad no aportó los elementos suficientes para suspender el fallo que les embargó las cuentas. “No concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional provisional y no se dan los supuestos que para el efecto regula el artículo 28 ibídem, por lo que debe confirmarse el numeral III) de la resolución apelada, en cuanto deniega la protección interina solicitada”, se lee en la resolución.
Un proceso contra autoridades del TSE
El Tribunal Supremo Electoral desembolsó Q148 millones para la contratación de la empresa Datasys Guatemala, S.A., quien estuvo a cargo del TREP. En su momento, el TSE aseguró que la empresa tenía una asociación estratégica con Podernet, S.A. de C.V. y que contaba con experiencia de más de 20 años. Además de tener más de 15 acreditaciones en el desarrollo de procesos electorales.
La investigación ha sido muy cuestionada, porque este caso lo presentó el MP después de que se avalaron los resultados de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta de la República.
Por esas supuestas irregularidades, el pasado 11 de enero, el MP pidió las órdenes de captura contra la expresidenta del TSE, Irma Palencia y los magistrados: Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco; actualmente procesados y separados de sus cargos. La Fiscalía les señala de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
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Según los investigadores, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema, a la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la CC les otorgó un amparo que frenó las intenciones de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
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