Barrera, uno de los detenidos, es abogado y notario, fundador, administrador y representante legal de empresas dentro del grupo de 410 que presuntamente habrían defraudado al Estado durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía de Delitos Económicos informó que ejecutó la captura de las primeras tres personas que figuran en la investigación por posible defraudación tributaria conocida como B410. Los detenidos fueron David Francisco Barrera Maldonado, Eder Medardo López Morales y Carlos René Ayala Morales, a quienes se les señala de distintos delitos, entre estos lavado de dinero, fraude, defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, respectivamente.
La pesquisa señala que Barrera es abogado y notario, fundador, administrador y representante legal de al menos 210 empresas dentro del grupo de 410 que presuntamente habrían defraudado al Estado durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
Una de las supuestas formas de operar era engañar a personas de escasos recursos, a quienes a cambio de un supuesto apoyo económico les pedián videos en los que proporcionaban sus datos personales y luego los ingresaban al sistema tributario.
“Durante el mes de noviembre y diciembre de 2023, en la colonia Tesoro Bamvi, zona 2 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, una persona de sexo masculino, contactó a 22 personas, todas de sexo femenino, en su mayoría amas de casa. Esta persona se presentó como Representante de una Organización No Gubernamental -ONG- y ofreció un apoyo económico a cada una de las agraviadas, a cambio debían proporcionar fotografía de su DPl y grabar un video en el que detallaran su datos personales”, indicó el fiscal.
El fiscal explicó que en el operativo se detuvo a cuatro personas, sin embargo, una no tiene relación con el caso y estaba pendiente de detención por otros hechos.
En la primera fase se develó una adjudicación anómala en el Hospital General San Juan de Dios. Se identificó que, en 2022, a una de las sociedades que evadieron impuestos, recibió pagos por servicios no prestados en ese nosocomio. Por esos hechos se giraron órdenes de captura contra ex autoridades administrativas.
Luego de que el superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, hiciera públicos esos hallazgos, esa fiscalía llevó a cabo siete diligencias de allanamiento en las zonas 9, 7, 5, y 15 de la Ciudad de Guatemala. El objetivo fue únicamente recabar indicios para la investigación y obtener información.
Allanamientos 🚨
La Fiscalía de Delitos Económicos ejecuta 18 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en
Cobán, Antigua Guatemala, Mixco,
San Juan Sacatepéquez y ciudad capital.Diligencias… pic.twitter.com/QgL34ySBpc
— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 16, 2024
La fiscalía indicó que los dos notarios se dedicaban a constituir sociedades anónimas para luego venderlas a terceros que tenían la obligación de actualizar cada cierto tiempo el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal. Sin embargo, muchas de estas empresas jamás lo hicieron. Barrera es representante legal de Chubasco S.A., junto con Juan Carlos García Hernández.
Por aparte, Ayala Morales figura como representante legal de PCS Construcciones, a la cual, facturó Q5.3 millones con el Estado por la elaboración de estudios técnicos, renta de maquinaria, así como venta de harina fortificada, frijol, aceite vegetal, entre otros, principalmente a la municipalidad de Palín, Escuintla.
Una defraudación millonaria
El caso surgió por hallazgos de la SAT, que identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Una de las anomalías destacan que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una off shore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que, de 2021 a 2024, las empresas han reportado ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente han pagado Q26 millones de impuestos, lo cual dio origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos, la negociación con proveedores del Estado y la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
La pesquisa inicial estableció que hubo una evasión de Q300 millones, pero que tienen indicios sobre una evasión que podría representar Q800 millones adicionales, por lo que presentaron las denuncias ante los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La investigación se dividió en tres grandes grupos: el primero consta la identificación de nueve empresas que, pese a ser constituidas con un capital insuficiente y no reportar bienes, proveyeron bienes y servicios por Q81 millones 762 mil 381 al Estado.
- Grupo Basado, S.A. Q43 millones 968 mil 739
- Grupo Propela S.A. Q12 millones 10 mil 160
- Inversiones Caddie S.A. Q8 millones 813 mil 762
- Inversiones Humedales S.A. Q5 millones 813 mil 489
- Consorcio Las Mallorcas S.A. Q4 millones 954 mil 429
- Commerce Madness S.A. Q2 millones 699 mil 518
- Kaizen Inc S.A. Q2 millones 83 mil 450
- Megalodon S.A. Q997 mil 834
- Calakmul Q420 mil
Estas empresas suministraron a entidades como la Policía Nacional Civil (PNC), los ministerios de la Defensa, de Cultura y Deportes y de Salud, Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa, Fondo de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Municipalidad de Guatemala, Hospital General San Juan de Dios, entre otras.
Mientras el segundo grupo fueron identificados 16 proveedores al Estado que supuestamente adquirieron bienes y servicios a las empresas fantasma identificadas por la SAT. Estas 16 empresas firmaron contratos con el Estado por un total de Q4 mil 342 millones y adquirieron bienes y servicios de las empresas fantasma por Q375 millones.
En el tercer grupo se identificaron a dos empresas que les proveían bienes y servicios a cinco grandes constructoras y que estas a su vez eran proveedoras del Estado. Estas dos empresas fueron inscritas con un lapso de una semana de diferencia, pusieron como domicilio la misma dirección (en una zona roja de la capital) y le vendieron bienes por Q64.8 millones a las grandes constructoras proveedoras del Estado. Las constructoras han firmado contratos con entidades públicas por Q517.2 millones.
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