Durante años Washington ha adosado a los migrantes centroamericanos varios estigmas y etiquetas. Criminales y pandilleros ha dicho Donald Trump y, antes que él, políticos varios de la administración de George W. Bush. En los años de Obama, los originarios del norte centroamericano estuvieron siempre en la lista de los más deportables. Hoy, en la previa del segundo mandato de Trump, cabe esperar que el triunfo del republicano llegue con espaldarazos a los líderes autoritarios de la región y con malas noticias para los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que viven en la Unión Americana indocumentados o protegidos por programas que están a punto de la terminación.
Por: Héctor Silva Ávalos
Miércoles 6 de noviembre de 2024. Día después de las elecciones. Marta vuelve a clases en una secundaria de Silver Spring, una ciudad en el estado de Maryland, aledaña a Washington, DC, después de dos días de asueto. El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas la jornada anterior arrolló el ánimo en la escuela de Marta, 16 años, de padres salvadoreños, donde poco más de la mitad de los estudiantes son de origen latinoamericano. La escuela, como otras del condado, había reservado salones donde terapistas contratados por el condado de Montgomery atendían las inquietudes de padres y madres de familia cuya situación migratoria en Estados Unidos puede ponerlos en peligro de deportación.
Marta (nombre cambiado para proteger su identidad y la de su familia) no está en peligro inminente de deportación, pero eso ella no lo sabía con certeza hasta que un abogado migratorio contratado por sus padres se lo explicó. Saber que ella sí podía quedarse, pero que algunos familiares de sus amigos no, pasó factura a Marta aquel miércoles posterior al triunfo de Trump. Al llegar a casa después de la escuela, Marta lloró.
Los retos que migrantes indocumentados centroamericanos y de otras regiones del mundo enfrentarán durante el segundo mandato de Trump, a juzgar por lo que han dicho el presidente electo y algunos políticos que ocuparán puestos de alto perfil relacionados con temas migratorios, serán muchos y complicados. Desde el triunfo de Trump, Prensa Comunitaria ha hablado con una docena de abogados migratorios, funcionarios locales, asesores legislativos y oficiales del Departamento de Estado en Washington, DC, Virginia, Maryland, Georgia, Misuri y Texas sobre el panorama político y migratorio más previsible en los próximos años.
Lo primero en irse, calculan los abogados y activistas migratorios consultados, serán los beneficios temporales que han cobijado a decenas de miles de centroamericanos, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a migrantes salvadoreños y hondureños. Abel Núñez, director del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN), con sede en la capital estadounidense, cree que el TPS no será prorrogado en marzo de 2025, fecha programada para su terminación. Charles Kuck, abogado migratorio basado en Atlanta, coincide.
“El presidente (Trump) puede no renovar el TPS… Todo eso se va a extinguir. Empezarán con los salvadoreños y luego con los haitianos”, adelanta Kuck, quien advierte también que con la no renovación del programa quedan sin validez los permisos de trabajo amparados por ese programa. Núñez es más claro: sin el estatus que da el TPS a los migrantes amparados por él les quedan dos caminos, la deportación o volver a la vida como indocumentados, sin un permiso de trabajo que les permita acceder a empleos mejor remunerados.
El TPS fue otorgado por primera vez a migrantes salvadoreños en 2001, tras terremotos devastadores que destruyeron buena parte del país. Los hondureños recibieron el beneficio en 1999, luego del paso del huracán Mitch, que devastó buena parte del norte centroamericano y se ensañó con Honduras. Salvadoreños hay unos 180,000 aún en los Estados Unidos de los cerca de 250,000 que llegó a haber; muchos de ellos, sin embargo, regularizaron su situación en los últimos 20 años según los cálculos de CARECEN. Unos 70,000 hondureños están amparados.
Durante su primera administración, en 2017 y 2018, Trump intentó no renovar el TPS, pero acciones judiciales emprendidas por tepesianos, como se conoce a los beneficiarios del programa, detuvieron en las cortes las pretensiones presidenciales. Un funcionario de la administración Biden, quien habló con condición de anonimato, advirtió que esta vez puede ser diferente; basta con que la Casa Blanca decida no renovar el programa para que este termine, mientras que las potenciales demandas judiciales encontrarán un sistema más permeado por las políticas antiinmigrantes promovidas por el trumpismo.
Karla Alvarado, una salvadoreña de 36 años, es enfermera y miembro de una entre miles de familias que se verán afectadas con el fin del TPS. Llegada a Estados Unidos en 2001 después de los terremotos, ella, su madre y su hermano aplicaron por el beneficio y han hecho vida en Filadelfia, en la costa este de la Unión, gracias en buena medida a su permiso de trabajo. Karla es, desde 2018, supervisora en una compañía que brinda servicios de enfermería a adultos mayores en el estado de Pensilvania. Karla no será deportada si el TPS termina: se casó con un ciudadano estadounidense y ella es, ya, ciudadana. Su madre, sin embargo, sí tendría que volver a El Salvador, donde apenas le quedan ya un puñado de familiares lejanos.
Otro programa que según el abogado Kuck y otros especialistas consultados será terminado es el DACA, como se conoce por sus siglas en inglés al programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el cual protege de la deportación y permite estudiar y trabajar a jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo muy jóvenes y fue diseñado por el gobierno del expresidente Barack Obama.
Abel Núñez, de CARECEN, cree que durante la segunda administración Trump el gobierno reforzará las acciones para verificar que todos los trabajadores contratados por empresas privadas tengan su documentación en orden. Las inspecciones conocidas como I-9, por el trámite que las ampara, y que sirven para verificar los documentos migratorios de los empleados, tenderán a aumentar drásticamente, prevé Núñez. Kuck, el abogado, coincide.
Kuck usa una combinación de palabras en inglés para describir lo que viene en asuntos migratorios. “Hellscape”, un término que surge de mezclar dos palabras en inglés: landscape (paisaje, escenario o panorama) y hell (infierno). El abogado, sin embargo, advierte que en un principio Trump intentará establecer políticas drásticas para lo cual su poder, por amplio que sea -contará con un senado y una cámara de representantes republicanos-, aún no es suficiente, como eliminar el derecho a la ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos en territorio estadounidense, lo cual es una regla constitucional.
“Dudar de la decisión del presidente Trump sería un error”
Trump y los suyos buscarán también, advierten Kuck y otros, cambiar todos los parámetros legales para las aplicaciones de asilo y refugio y, con ello, la posibilidad de que quienes piden estos beneficios reciban permisos temporales de trabajo. De acuerdo con cifras oficiales, poco menos de medio millón de personas han recibido asilo en Estados Unidos desde 1990. En la última década (entre 2012 y 2022), unos 46,000 migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica han recibido asilo bajo argumentos de que han sido perseguidos en sus países por narcotraficantes, pandilleros y funcionarios corruptos. Ya Trump advirtió durante la campaña que las reglas para otorgar esos asilos cambiarán.
Desde que en su primer mandato disminuyó el número de oficiales del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que procesaban las peticiones de asilo, los tiempos de espera se ampliaron y los casos no resueltos aumentaron. A esa política de ralentizar los trámites se añadió, en mayo de 2021, la salida de tropas estadounidenses de Afganistán y el consiguiente influjo de afganos que llegaron en busca de asilo; algo similar ocurrió en febrero de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. Para finales del año fiscal 2023, había cerca de un millón de aplicaciones sin resolver según cifras oficiales. Es poco probable que esos procesos ya iniciados o los permisos de trabajo aparejados a ellos se vean afectados.
Trump también ha ofrecido deportaciones masivas desde el día uno, algo que según los expertos no ocurrirá de forma inmediata debido a los obstáculos logísticos, los costos y los trámites legales implicados. Lo que sí ocurrirá es que la presencia militar y policial en la frontera sur aumentará, sobre todo hoy que el partido republicano ganó en todos los estados y la mayoría de los condados fronterizos con México.
Las que parecen más claras son las intenciones aunque no tanto el tiempo de ejecución necesario para convertirlas en políticas públicas. Las intenciones llegan en las palabras de los funcionarios ya nombrados por Trump para hacerse cargo de la frontera y de la política migratoria. “En el contexto de inmigración ilegal histórica, (las deportaciones masivas) tienen que ocurrir…”, dijo a la cadena CBS Tom Homan, a quien Trump nombró “Zar fronterizo”. Durante el primer gobierno de Trump, Homan fue uno de tres funcionarios que redactaron el memo que sirvió como base a la política de separaciones familiares en la frontera: unos 5,000 menores fueron alejados de sus padres cuando intentaban entrar sin documentos a Estados Unidos.
Se prevé que el cerebro de la política migratoria funcione en la Casa Blanca, desde el despacho de Stephen Miller, el asesor al que Trump nombró subjefe de gabinete y quien ha sido, desde 2016, el arquitecto de las políticas antiinmigrantes.
“Los activistas que duden en lo más mínimo de la decisión del presidente Trump están cometiendo un grave error: Trump va a utilizar todo el arsenal de poderes federales para llevar adelante la más espectacular batida migratoria… Los activistas migratorios no sabrán que está pasando”, dijo Miller al New York Times en una entrevista en que delineó posibles políticas, como instalación de campos de detención para migrantes, finalización de procesos de asilo y procesos expeditos de deportación.
“No estamos listos para este nivel de peligro”, asegura Abel Núñez, el presidente de CARECEN.
Cuando a inicios de 2021 el demócrata Joe Biden se disponía a tomar posesión de la presidencia tras haber derrotado a Trump en las presidenciales del año anterior, Zaira (nombre ficticio) y su familia respiraron un poco más tranquilas. Los cierres por la pandemia de Covid-19 habían llegado, para ellas, como un alivio, pero no como una novedad. La madre de Zaira llevaba escondida desde mucho antes por el temor de que agentes del Departamento de Seguridad Interna la arrestaran y deportaran. Zaira y su madre conocen bien el “nivel de peligro”.
Malas noticia para los dictadores de izquierda, no tanto para los de derecha
Como fue la primera vez que Donald Trump gobernó, en su segundo mandato la migración se perfila como uno de los temas centrales, tanto en su política doméstica como en la exterior. La primera vez, esto tuvo implicaciones para los países que han solido ser los principales expulsores de migrantes hacia el norte, como los tres del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. A cambio de acceder a poner a funcionar planes para detener la migración, los presidentes de esos países, señalados los tres por crímenes y corrupción, obtuvieron una especie de carta blanca de Washington. Esta vez hay algo más: el secretario de Estado nombrado por Trump, el republicano Marco Rubio, a diferencia de sus antecesores, tiene vínculos cercanos con Latinoamérica y con algunos presidentes y políticos centroamericanos y de la región.
La historia de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos en la Florida, está marcada por un apego estrecho a la ideología de Guerra Fría según la cual el principal enemigo es el comunismo y cualquier cosa que huela a izquierda. Rubio ha sido, durante sus años como presidente y miembro del comité de exteriores del senado o del comité de inteligencia, enemigo acérrimo de las dictaduras surgidas de la izquierda en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su animosidad, sin embargo, no es pareja: a los autoritarios de derecha el senador cubanoamericano los mide con una vara distinta. Esto atañe, particularmente, a Centroamérica.
En el caso específico de Guatemala, la hoja de vida reciente de Rubio incluye haber abanderado los primeros esfuerzos para desbaratar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue en 2018 cuando el senador republicano retuvo financiamiento por USD 6 millones a la comisión con la excusa de que la CICIG había violentado los derechos humanos de la familia de Igor Bitkov, un ruso que en Guatemala fue condenado por el uso de documentos falsos. Pero Rubio encontró resistencia poderosa, sobre todo la de Patrick Leahy, senador demócrata por Vermont, y uno de los más influyentes en la cámara alta, quien dijo en el pleno del senado que todo era un complot de cabilderos oscuros aliados con las fuerzas corruptas a los que CICIG había perseguido. Al final, los fondos fueron liberados, pero el golpe a la comisión ya estaba dado.
Las investigadoras estadounidenses Kate Doyle y Elizabeth Oglesby publicaron un artículo en 2018 en el que revelaban que “la controversia Bitkov” era en realidad una cortina de humo, “una pieza de un esfuerzo mucho mayor de cabildeo encabezado por sectores económicos y políticos conservadores guatemaltecos para desacreditar y debilitar a la comisión”.
Doyle y Oglesby confirmaron que esos sectores conservadores, a los que en Guatemala se asocia con el pacto de corruptos, habían contratado firmas cabilderas -de lobby- estadounidenses como Barnes & Thornburg y Greenberg & Taurig para impulsar el esfuerzo anti-Cicig. Posteriores investigaciones demostraron que operadores de la derecha guatemalteca, como Betty Marroquín y Mario Duarte -jefe de la inteligencia durante la presidencia de Jimmy Morales-, también participaron de esos esfuerzos.
El senador Marco Rubio, nominado por Trump como jefe de su diplomacia, fue uno de los pioneros en las arremetidas contra CICIG, la comisión que apoyó al Ministerio Público local a llevar ante la justicia a genocidas, criminales de guerra, narcotraficantes, redes de empresarios corruptos y funcionarios implicados en esquemas de robo institucional como el llamado Caso Odebrecht. Hoy, la CICIG está desmantelada, el MP en manos de una fiscal general calificada por Estados Unidos como corrupta y antidemocrática mientras los investigadores y fiscales que apoyaron a la CICIG han estado presos o están en el exilio. Hay un nuevo presidente en Guatemala, Bernardo Arévalo, a quien el nuevo MP también persigue, aunque en este caso, el senador Marco Rubio sí ha mostrado un apoyo discreto al nuevo presidente.
Pero es acaso en el vecino El Salvador donde es más evidente la influencia actual de Rubio. El senador es uno de los principales valedores de Nayib Bukele, el popular presidente que recién se reeligió a pesar de que la Constitución de su país lo prohíbe, y a quien se atribuyen a la vez una drástica reducción en los índices de homicidios y serias violaciones a los derechos humanos, como torturas en cárceles, muertes de detenidos bajo custodia del Estado, y varios atentados contra el Estado de Derecho.
Rubio visitó a Bukele en marzo de 2023, y su visita terminó de cerrar la indecisión de Washington sobre cómo tratar al presidente salvadoreño, al cual se había enfrentado públicamente en los primeros días de la administración Biden, que incluso sancionó y calificó de corruptos y antidemocráticos a varios de los asesores más cercanos del presidente. Tras la salida tempestuosa de la embajadora Jean Manes, quien hizo críticas públicas a Bukele, Washington guardó silencio y apostó por un trato más cordial, política que ha sido encabezada por el actual embajador, William Duncan. Antes de Duncan, sin embargo, Rubio hizo una visita por todo lo alto que terminó por desechar la preocupación por los señalamientos de crímenes atribuidos a Bukele y su administración, sobre todo los relacionados con un posible pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18.
Tras la reciente victoria de Trump en las elecciones, analistas citados en medios como el Washington Post o el New York Times han opinado que, a diferencia de sus predecesores, Rubio, por sus orígenes e intereses políticos, sí prestará más atención a Latinoamérica, y que lo hará desde la óptica que ha mostrado durante toda su carrera: mano dura a los tiranos de izquierda, menos dura a los de derecha. Esto, sin embargo, admite matices.
Un oficial estadounidense que ha trabajado en Centroamérica para las administraciones Trump y Biden, y quien habló con Prensa Comunitaria desde el anonimato para poder hacerlo con claridad, dijo que mucho de la política exterior dependerá, al final, de las prioridades del presidente, no de las del secretario de Estado, y que a Trump, en realidad, no le interesa Centroamérica más allá de la migración y la MS13, la pandilla con la Bukele pactó.
“Trump y su gente sí están interesados en la MS13 y hay que entender que no es el caso que Trump sea cercano a Bukele… Recuerda que hay un caso contra líderes de la MS13 en Nueva York y que ese caso inició cuando Trump era presidente”, aseguró el agente en referencia a un expediente por terrorismo y otros crímenes contra los miembros de llamada ranfla o dirigencia de la pandilla, entre los que está Élmer Canales Rivera, alias Crook, un pandillero al que la administración de Bukele ayudó a salir de la cárcel en la que cumplía condena en El Salvador e incluso dio un arma de fuego.
En el caso de Guatemala, dice un exfuncionario de la administración Biden, el lobby anti-Bernardo Arévalo, al que identifica con los mismos actores que cabildearon contra la CICIG, le habla al ala más dura del trumpismo y a congresistas de ultraderecha que, en realidad, no serán relevantes en temas de política exterior. Por el tamaño e importancia de Guatemala en temas como el comercio regional y la migración, cree este oficial, Rubio priorizará una buena relación con Arévalo.
Por ahora, las piezas del tablero apenas empiezan a caer en su sitio de cara al segundo mandato de Donald Trump, y lo único que parece certero afirmar es que será la migración, como ha sido desde los días de Barack Obama, lo que marcará la agenda. Mientras, los migrantes como Zaira, la chica cuya madre se escondía en un sótano la primera vez que Trump fue presidente, se preparan para lo peor.
