Moto tiene el control de la segunda investigación que inició el MP contra Rodas, por una denuncia de su sucesor, Alejandro Córdova. La investigación se mantiene “bajo reserva”, la misma estrategia utilizada por el Ministerio Público en casos dirigidos contra actores anticorrupción, periodistas, activistas o políticos de oposición.
Por Alexander Valdéz
El juez tercero penal Mynor Moto, con sanción por corrupción en Estados Unidos, rechazó la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación (PGN) para tener participación como querellante adhesivo en el caso de criminalización que el Ministerio Público (MP) dirigió contra el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, actualmente en el exilio y con orden de captura por el caso “Botín Político: Toma USAC”.
Moto tiene el control de la segunda investigación que inició el MP contra Rodas, por una denuncia de su sucesor, Alejandro Córdova. La investigación fue declarada “bajo reserva”, la misma estrategia utilizada por el MP en casos dirigidos contra actores anticorrupción, periodistas, activistas o políticos de oposición.
“Se entra a resolver en definitiva escrito presentado por (…) en representación del Estado de Guatemala por delegación del Procurador General de la Nación recibido en este Órgano Jurisdiccional en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, en tanto a lo solicitado no ha lugar, toda vez que en la etapa procesal en que se encuentra la presente carpeta judicial no se tiene por acreditado que el Estado de Guatemala obre como presunto agraviado en la investigación a cargo del Ministerio Público”, se lee en la resolución de Moto.
El caso asignado a Moto se originó con la denuncia del actual titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, quien días después de que Rodas anunciara su candidatura como vicepresidente del partido Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), en 2022, lo denunció y dio paso a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) revocara su finiquito y el Registro de Ciudadanos del TSE le negara su inscripción como candidato.
La denuncia penal en contra de Rodas se deriva de una solicitud para el pago de sus prestaciones laborales, que estaba en el Departamento de Recursos Humanos de la PDH y que se elevó una auditoría interna. El documento fue enviado al despacho de Córdova quien se justificó indicando que si él no realizaba las recomendaciones al Departamento Jurídico incurriría en una omisión de denuncia.
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Mynor Moto no tramita recusación y busca continuar en el caso contra Jordán Rodas
En el actual gobierno, la PGN ha jugado un rol importante en casos de criminalización y corrupción. Han permitido que haya oposición a fallos originados por pedidos del MP de Consuelo Porras o de jueces que han beneficiado a señalados de sustracción de fondos públicos.
Este no es el único caso que se inició contra el exprocurador. A la fecha tiene vigente una orden de detención por haber participado como candidato a rector de la Universidad de San Carlos, un caso por el que se persiguió a profesionales, trabajadores y estudiantes.
No tramitó la recusación
Ese no ha sido el único fallo cuestionado de Moto dentro de este expediente, que se mantiene en reserva judicial. El pasado 27 de mayo, fuentes internas del MP informaron que el juez tercero rechazó la solicitud de apartamiento del caso que hizo la defensa de Rodas, quien lo recusó por dudar de su imparcialidad. En 2021, Moto solicitó al Congreso de la República que Rodas fuera destituido de la PDH, lo que impediría que esté a cargo del expediente.
Moto rechazó la recusación y se negó a tramitarla y elevarla a una Sala de Apelaciones para que fueran los magistrados quienes decidieran si debe o no continuar a cargo del caso de criminalización que se inició contra Rodas, y que fue utilizado para bloquear su participación en las pasadas elecciones.
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Moto sigue sin solventar sus casos
En 2022, Moto retomó su puesto en el Juzgado Tercero Penal, ante la inacción del MP, que luego de que se revocaron las órdenes de captura contra el acusado, no hizo ninguna nueva solicitud judicial contra el funcionario del Organismo Judicial (OJ) para que solventara su situación en los casos Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020.
El 1 de febrero de 2021, la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, giró la primera orden de captura contra Moto, en el caso Comisiones Paralelas 2020, porque existía un requerimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval.
La FECI solicitó la detención de Moto por su presunta participación en la manipulación del proceso de selección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones. Sin embargo, en diciembre de 2022, el juez Jimi Bremer anuló la orden de captura contra Moto por solicitud de sus abogados y ordenó a la Policía Internacional (Interpol) que dejara de buscarlo y levantó el arraigo en su contra.
Este no es el único proceso penal en el cual se ha querido vincular a Moto, ya que en abril de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción presentó otra pesquisa en su contra, porque supuestamente habría cobrado un soborno en efectivo de acusados en el caso Libramiento de Chimaltenango. En ese caso también fue anulada la orden de aprehensión.
